El Tribunal de Cuentas fiscaliza 2.000 millones en contratos covid
La auditoria analizar¨¢ los gastos en los tres primeros meses de pandemia de la administraci¨®n central y las autonom¨ªas
El Tribunal de Cuentas est¨¢ en plena fiscalizaci¨®n de los contratos covid de la pandemia y analiza, entre otros aspectos, la gesti¨®n de m¨¢s de 2.000 millones de euros gastados por las distintas administraciones en material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Las comunidades aut¨®nomas gestionaron m¨¢s de la mitad de ese gasto. En uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Fiscal¨ªa Europea se disputan la investigaci¨®n de un contrato de mascarillas KN-95 por 1,5 millones de euros adjudicada a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta auton¨®mica, Isabel D¨ªaz Ayuso. Esa empresa pag¨® al hermano de la dirigente regional al menos 55.000 euros por sus gestiones para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid.
El Tribunal de Cuentas tiene competencias sobre cinco autonom¨ªas que carecen de ¨®rgano de fiscalizaci¨®n (Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, adem¨¢s de Ceuta y Melilla), pero incorporar¨¢ a su an¨¢lisis los datos que proporcionen el resto de comunidades. El gasto sanitario de la administraci¨®n central se llev¨® principalmente a trav¨¦s del Instituto de Gesti¨®n Sanitaria (Ingesa), aunque se auditar¨¢ todo el gasto de la administraci¨®n, ministerio por ministerio.
La escasez de mascarillas, guantes o test de autodiagn¨®stico hizo que el Gobierno permitiese a todas las administraciones comprar sin reglas, sin concurso y sin controles ¡°para atender las necesidades derivadas de la protecci¨®n de las personas para hacer frente al Covid-19¡å.
El decreto de alarma que aprob¨® el Gobierno el 14 de marzo de 2020 estableci¨® que los contratos del material necesario para combatir la pandemia no estuvieran sometidos a ¡°la obligaci¨®n de tramitar el expediente ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley¡±. Esa situaci¨®n excepcional que permiti¨® la contrataci¨®n de emergencia se mantuvo durante 422 d¨ªas ¡ªentre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021¡ª, a trav¨¦s de los distintos decretos de alarma que fue aprobando el Gobierno. Las administraciones p¨²blicas recurrieron a este sistema de contrataci¨®n de manera mayoritaria. La falta de controles y de concurrencia desencaden¨® un sinf¨ªn de problemas por los precios abonados con fondos p¨²blicos o por la calidad de los productos procedentes de China. Junto a ello, determinados empresarios, intermediarios y comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo.
Ahora se trata de la tercera fiscalizaci¨®n importante del Tribunal de Cuentas para detectar los problemas en la contrataci¨®n de las administraciones durante la pandemia. Tras analizar la gesti¨®n de las 12 ciudades de Espa?a con una poblaci¨®n superior a 300.000 habitantes ¡ªfiscaliz¨® 400 contratos por m¨¢s de 100 millones de euros¡ª, y la de una decena de organismos ¡ªautoridades administrativas independientes y otras entidades p¨²blicas y fundaciones estatales¡ª, el auditor se enfrenta al estudio del mayor gasto sanitario en menos tiempo de la historia de Espa?a: 2.000 millones de euros en apenas tres meses.
Los auditores p¨²blicos ya han detectado el caos de precios desencadenado durante los peores meses de la pandemia. El Banco de Espa?a lleg¨® a adquirir mascarillas FFP2 por 9,44 euros al mismo tiempo que la Agencia Tributaria en Catalu?a compraba id¨¦ntico material a 4,87, y RTVE lo adquir¨ªa por entre 2,08 y 3,03. La administraci¨®n central, cuya gesti¨®n de las compras en pandemia est¨¢ bajo sospecha tras la denuncia presentada por el grupo del PP en la Asamblea de Madrid, lleg¨® a comprar a trav¨¦s del Ministerio de Movilidad Urbana cinco millones de mascarillas FFP2 a 2,5 euros por unidad.
El Tribunal de Cuentas no se atrevi¨® en sus dos primeros informes a sacar conclusiones sobre este desbarajuste ¡°porque hab¨ªa m¨²ltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones¡±. En el caso de la auditor¨ªa a las 12 ciudades m¨¢s pobladas de Espa?a, se?al¨® la anomal¨ªa que supon¨ªa contratar de emergencia material que no llegaba hasta muchos meses despu¨¦s de la contrataci¨®n; o no convocar concursos ante necesidades previstas con mucha antelaci¨®n cuando la gravedad de la pandemia ya hab¨ªa remitido.
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