El CNI espi¨® a Aragon¨¨s por su relaci¨®n con un intermediario de los CDR
El tel¨¦fono intervenido al entonces vicepresidente de la Generalitat no era el oficial de su actividad institucional
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidi¨® intervenir el m¨®vil del presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, porque ese tel¨¦fono, que no era el oficial con el que manten¨ªa sus contactos institucionales, hab¨ªa sido utilizado por un supuesto intermediario de los CDR (Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica), la fuerza de choque del movimiento independentista, seg¨²n fuentes que han tenido acceso a la resoluci¨®n judicial que autoriz¨® la escucha.
Aunque Citizen Lab, el grupo de expertos de la Universidad de Toronto (Canad¨¢) que destap¨® el caso Pegasus, no ha precisado la fecha en que fue infectado el m¨®vil de Aragon¨¨s, la intervenci¨®n se produjo en el oto?o de 2019, cuando Catalu?a fue escenario de violentos disturbios en protesta por la sentencia del proc¨¦s, incluido el intento de ocupaci¨®n del aeropuerto de El Prat (Barcelona). En esa ¨¦poca, Aragon¨¨s ya era el coordinador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque a¨²n solo era vicepresidente de la Generalitat.
Durante las casi cuatro horas que dur¨® la comparecencia de la ya exdirectora del CNI ante la Comisi¨®n de Secretos del Congreso, el pasado 5 de mayo, Paz Esteban no reconoci¨® en ning¨²n momento que el centro que dirig¨ªa dispusiera del programa esp¨ªa Pegasus, fabricado por la empresa israel¨ª NSO Group. Tampoco mencion¨® a Aragon¨¨s ni explic¨® las razones por las que hab¨ªa sido espiado, y se limit¨® a exponer de manera gen¨¦rica las actividades que desarrollaba el servicio secreto, siempre en el marco de la legalidad, asegur¨®.
No obstante, cada uno de los 10 parlamentarios que forman parte de la comisi¨®n dispuso de una carpeta a su nombre con las resoluciones judiciales que autorizaban las 18 intervenciones telef¨®nicas ¡ªmenos de un tercio de las 65 denunciadas por Citizen Lab¡ª reconocidas como propias por el servicio secreto.
Varios de los asistentes han reconocido a posteriori que se vieron sorprendidos por el volumen de documentaci¨®n que les proporcion¨® la directora del CNI, pues no sab¨ªan qu¨¦ informaci¨®n les iba a facilitar ni el m¨¦todo para hacerlo. La sesi¨®n se interrumpi¨® durante algo menos de 15 minutos para que pudieran examinar las 18 resoluciones judiciales, de unos seis a siete folios cada una, en funci¨®n de si se trataba de una intervenci¨®n telef¨®nica nueva o de una pr¨®rroga por otros tres meses de la autorizaci¨®n inicial, como suced¨ªa en varios casos.
Los diputados tomaron notas a mano, pues no se les permiti¨® acceder a la sala donde se celebraba la reuni¨®n con m¨®viles o equipos para captar sonido o imagen. Ni siquiera lo hizo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a quien la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, otorg¨® dispensa para acudir con una tableta electr¨®nica que le permitiera escribir, pues su estado f¨ªsico le impide hacerlo manualmente.
En la resoluci¨®n judicial que autorizaba la intervenci¨®n del m¨®vil de Aragon¨¨s, firmada por el magistrado de la Sala Tercera del Supremo que controla las actividades del CNI, figuraban nombres borrados, seg¨²n quienes tuvieron acceso al documento, y tambi¨¦n hab¨ªa tachones sobre fragmentos de di¨¢logo que parec¨ªan corresponder a una escucha telef¨®nica. Uno de los diputados que tuvo en sus manos el documento asegura que se alud¨ªa, gen¨¦ricamente, a ¡°contactos [de Aragon¨¨s] con los CDR¡±.
Tsunami Democr¨¤tic
Seg¨²n algunas fuentes, el supuesto intermediario que habr¨ªa llevado hasta el tel¨¦fono del hoy presidente ser¨ªa Benet Salellas, diputado en el Parlamento catal¨¢n por la CUP (2015-2017) y defensor de Jordi Cuixart, presidente de ?mnium Cultural, en el juicio del proc¨¦s. Tambi¨¦n ha sido abogado, entre muchos otros, del empresario Oriol Soler, uno de los supuestos fundadores de Tsunami Democr¨¤tic, la plataforma que promovi¨® las movilizaciones del oto?o de 2019, o de Tamara Carrasco, activista de los CDR acusada de terrorismo y finalmente absuelta.
El nombre de Salellas no aparece en el documento sobre Aragon¨¨s, seg¨²n quienes han tenido acceso al texto, pero s¨ª en alguna de las otras 17 resoluciones judiciales que llev¨® al Congreso la directora del CNI, a pesar de que no est¨¢ en la lista de 65 presuntos espiados de Citizen Lab. Salellas ha asegurado a EL PA?S que mantiene el mismo tel¨¦fono desde hace a?os y que no ha vuelto a coincidir ni mantener contactos con Aragon¨¨s desde que, en octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino la autonom¨ªa catalana en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.
El formato de la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisi¨®n de Secretos Oficiales no facilit¨® que se aclarase este ni muchos otros extremos. Tras una exposici¨®n inicial de Esteban, los 10 diputados de otros tantos grupos parlamentarios intervinieron de uno en uno. A continuaci¨®n, respondi¨® la compareciente y a¨²n tuvieron derecho a una ¨²ltima r¨¦plica de algo m¨¢s de un minuto, antes de que la directora del CNI cerrara la sesi¨®n. Fue en este ¨²ltimo tramo donde, seg¨²n algunos presentes, se produjo un momento de tensi¨®n cuando la representante de JuntsxCat, M¨ªriam Nogueras, pregunt¨® directamente a Esteban las razones por las que se le hab¨ªa espiado a ella. Varios portavoces aseguran, sin embargo, que ni Nogueras ni Albert Botran, el portavoz de la CUP, que tambi¨¦n estaba presente en la comisi¨®n, figuran entre las 18 personas a las que el CNI reconoce haber escuchado con autorizaci¨®n judicial, aunque s¨ª est¨¢n en la lista de 65 supuestos espiados de Citizen Lab.
ERC ha pedido que las resoluciones judiciales que explican por qu¨¦ fueron espiados los 18 independentistas se desclasifiquen y se hagan p¨²blicas. El Gobierno asegura estar dispuesto a hacerlo, pero solo si se lo pide un juez.
De la toma del aeropuerto a la batalla de Urquinaona
Cataluña vivió en octubre de 2019 una ola de protestas violentas cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia condenatoria a 12 de los líderes independentistas del procés (los que no habían huido de España). Entre el 14 y el 20 de octubre, colectivos supuestamente anónimos como Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR), junto con partidos y entidades independentistas, tomaron las calles y se enfrentaron a los cuerpos policiales llenando, literalmente, de piedras y llamas el centro de Barcelona.
El mismo 14 de octubre, minutos después de que se publicara la sentencia, miles de personas cortaron varias carreteras y llegaron andando hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat, colapsándolo y obligando a cancelar 108 vuelos. Varias vías del tren fueron cortadas y hubo una verdadera batalla campal entre manifestantes y Policía Nacional y Mossos que se saldó con varios heridos.
El martes 15 fue el turno de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Alrededor de ella, varios manifestantes construyeron barricadas con contenedores en llamas y se enfrentaron a la Policía. Al día siguiente comenzaron las marchas —desde Girona, Vic, Tarragona, Tàrrega y Berga— de miles de personas que iniciaron un camino a pie hacia Barcelona con la idea de que el viernes 18 se paralizara la ciudad con una huelga general. Ese día, en la capital catalana, la protesta se centró en la Consejería de Interior, adonde volvieron el fuego, las piedras y las cargas policiales. El jueves 17 un grupo de extrema derecha españolista convocó a sus militantes para hacer frente a los CDR. De nuevo, la noche acabó con disturbios y enfrentamientos.
El día más intenso fue el viernes 18. La huelga general paralizó las ciudades y las carreteras quedaron cortadas, mientras decenas de grupos, muy preparados, comenzaron lo que se acabó bautizando como la batalla de Urquinaona. La Via Laietana y la plaza de Urquinaona quedaron irreconocibles después de que los manifestantes levantaran las aceras y lanzaran adoquines a la Policía, que respondió con pelotas de goma. Por primera vez en la historia de los Mossos, la policía autonómica puso en marcha la tanqueta que lanza agua a presión para disuadir a los manifestantes. Tras la batalla de Urquinaona, los disturbios fueron bajando de intensidad.
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