La oposici¨®n naufraga en su intento de cercar a Almeida en la causa judicial contra Medina y Luce?o
El magistrado Adolfo Carretero, con el respaldo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, rechaza imputar a cuatro personas relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid
La oposici¨®n pol¨ªtica en el Ayuntamiento de Madrid ha naufragado hasta ahora en su intento por cercar al Gobierno municipal del PP en la causa judicial abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luce?o por el contrato de material sanitario que, en el inicio de la pandemia en 2020, les report¨® comisiones millonarias. Las formaciones de izquierdas (PSOE, M¨¢s Madrid, Podemos y Grupo Mixto), personadas como acusaciones populares, no han conseguido que el magistrado Adolfo Carretero impute a ninguna persona directamente vinculada con la Administraci¨®n local, pese a sus reiteradas solicitudes. En apenas 10 d¨ªas y con el respaldo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el instructor ha rechazado todas las peticiones de poner bajo sospecha a tres altos cargos del Consistorio y al primo del alcalde, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida.
El ministerio p¨²blico, que inici¨® la investigaci¨®n hace dos a?os, descarta el tr¨¢fico de influencias e insiste en que el Ayuntamiento es ¡°v¨ªctima¡± de la ¡°estafa¡± de Medina y Luce?o, que enga?aron presuntamente a la Administraci¨®n para embolsarse casi seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario (parte de ¨¦l, defectuoso) en la pandemia. El juez, aunque indaga si los empresarios llegaron a recibir cierto ¡°trato de favor¡±, mantiene una l¨ªnea similar: ¡°El Ayuntamiento no es investigado y tiene la condici¨®n de perjudicado¡±, subraya en un escrito de esta semana.
La concejal del PP. La diana m¨¢s alta se ha colocado en Engracia Hidalgo, concejal de Hacienda. Podemos pidi¨® su imputaci¨®n por prevaricaci¨®n por firmar el convenio con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que permiti¨® pagar a los comisionistas a trav¨¦s de dicha compa?¨ªa p¨²blica. El juez, que ha calificado de ¡°sorpresiva¡± la solicitud del partido, descart¨® esta posibilidad el pasado viernes.
As¨ª lo argumenta Carretero: ¡°Resulta totalmente ajeno al procedimiento enjuiciar la naturaleza del convenio firmado por el Ayuntamiento y la Funeraria sin que exista prueba de que se utiliz¨® ad hoc en estos contratos [con Medina y Luce?o] para eludir el control de los pagos anticipados por la intervenci¨®n municipal¡±. El magistrado remacha incluso que, de prosperar esta imputaci¨®n de Hidalgo, deber¨ªa citar a todos los firmantes del convenio, tanto del Ayuntamiento como de la Funeraria. ¡°Lo que, adem¨¢s de descabellado, constituir¨ªa una investigaci¨®n prospectiva¡±, incide en su resoluci¨®n.
La responsable de Compras. Elena Collado, alto cargo del Consistorio y responsable de Compras durante la pandemia, mantuvo un contacto directo y habitual con los comisionistas. El juez la hab¨ªa citado a declarar como testigo el 9 de mayo, pero suspendi¨® la cita despu¨¦s de que el PSOE, Podemos y Grupo Mixto solicitaran que acudiera como imputada por delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Ella firm¨®, en nombre del Ayuntamiento, los contratos con la empresa asi¨¢tica Leno, que suministraba el producto que Luce?o y Medina colocaron a la Administraci¨®n.
Tras evaluar la petici¨®n, Carretero descart¨® imputar a Collado y la ha vuelto a citar como testigo el 27 de mayo. ¡°Ninguna prueba existe de que se apropiase de dinero p¨²blico o permitiese que los investigados se apropiasen del mismo, m¨¢xime cuando el Ayuntamiento pag¨® un precio por un material sanitario que, aunque fuese defectuoso en parte, fue entregado al mismo. Siendo fijado el precio por los investigados que, repetimos una vez m¨¢s, ocultaron a Collado el importe de sus altas comisiones¡±, dice el juez, que considera que la alto cargo ¡°fue enga?ada¡± y ¡°actu¨® de buena fe porque ten¨ªa la imperiosa necesidad de traer material sanitario para evitar m¨¢s muertes por covid¡±.
El primo del alcalde. La oposici¨®n tambi¨¦n pidi¨® imputar a Carlos Mart¨ªnez Almeida, primo del alcalde, que ejerci¨® como intermediario entre Medina y el Ayuntamiento. Seg¨²n afirm¨® el familiar del regidor, tras recibir una llamada de una antigua profesora universitaria del hermano del duque de Feria se puso en contacto con el empresario y le facilit¨® un contacto del Consistorio. Seg¨²n su versi¨®n, que respalda la del Gobierno de Almeida, le dio un correo electr¨®nico gen¨¦rico. Pero, seg¨²n Medina, le proporcion¨® el de la propia Collado.
Carlos Mart¨ªnez-Almeida acudi¨® a declarar la pasada semana, pero lo hizo como testigo despu¨¦s de que el juez descartase su imputaci¨®n por tr¨¢fico de influencias. ¡°Se limit¨® a proporcionar a Medina¡± el contacto del Ayuntamiento, dijo el magistrado.
El gerente. El pasado 4 de mayo, Carretero ya descart¨® colocar bajo la lupa a Fernando S¨¢nchez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, cuya imputaci¨®n hab¨ªa solicitado M¨¢s Madrid. Fue el primer cargo al que apunt¨® la oposici¨®n. La formaci¨®n le atribuy¨® un presunto delito de falsificaci¨®n por aportar al ministerio p¨²blico unas ¡°cartas de encargo¡± del material adquirido diferentes a las facilitadas por el Ayuntamiento, pese a que ¡°deber¨ªan ser exactamente iguales¡±. Seg¨²n este partido: ¡°Todo hace indicar que, posiblemente, estas modificaciones a posteriori se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculaci¨®n del cargo pol¨ªtico¡±.
El juez rechaz¨® esa tesis, en l¨ªnea con la Fiscal¨ªa: ¡°Si constan diferencias [...], ninguna afecta a elementos esenciales de los documentos [...] No consta, adem¨¢s, que las modificaciones las haya hecho el gerente, ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscal¨ªa¡±.
La C¨¢mara de Comercio internacional echa por tierra parte de la defensa de los comisionistas
El Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha infligido un duro golpe a Alberto Luceño y Luis Medina. El organismo ha enviado un informe al juez donde certifica la "falsedad" de los documentos presentados por los comisionistas en sus bancos para justificar las comisiones millonarias que recibieron. Según ese documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, el modelo de contrato que enviaron a las entidades financieras —que contaba con el membrete de la ICC— "no está avalado" por esta institución y se usa de forma fraudulenta desde 2005.
La Cámara de Comercio Internacional también subraya que los dos empresarios nunca han pertenecido a la ICC: "Y ello es impedimento para utilizar los modelos de contratos de la ICC destinados a la facilitación del comercio internacional en todo el mundo", subraya. Además, "la ICC no tiene ninguna pauta o recomendación sobre el porcentaje de la comisión en operaciones de intermediación ocasional", apostilla el informe. Esta última afirmación contrasta con la defensa de Luceño, que aseguró que seguía recomendaciones de este organismo.
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