Polvor¨ªn en la Abogac¨ªa del Estado: el plante de un subordinado acaba con su jefa imputada

Dolores Ripoll, abogada del Estado, tuvo en 2016 su minuto de fama cuando intervino en el caso N¨®os y defendi¨® a la infanta Cristina de la acusaci¨®n de Manos Limpias: ¡°El lema ¡®Hacienda somos todos¡¯ se limita al ¨¢mbito de la publicidad¡±, se?al¨® en referencia a que solo la Abogac¨ªa del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, pod¨ªa acusar en nombre de la Agencia Tributaria. Ripoll se encuentra hoy investigada por las concesiones sospechosas en los Puertos de Baleares, un caso que ha levantado un polvor¨ªn en su departamento, ya que fue un subordinado de esta abogada del Estado quien primero se plant¨®, en 2018, contra una de esas decisiones.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 3 de Palma reventaron en agosto de 2020 el negocio de las concesiones portuarias en Baleares cuando estas empezaban a caducar, y cuando el intento de la competencia por gestionar clubes n¨¢uticos se top¨® con la oposici¨®n de las islas. Hab¨ªa consenso pol¨ªtico para prorrogar a favor del mismo adjudicatario el Club N¨¢utico de Ibiza (CNI), cuya primera concesi¨®n se remonta a 1927, o la del Club N¨¢utico de Palma. Son entidades arraigadas en la sociedad balear y los partidos quieren que todo siga igual con el argumento de que tienen un fin social. Las empresas que aspiraban a obtener esa concesi¨®n de Ibiza recurrieron y ganaron en la v¨ªa contenciosa, pero al seguir encontrando obst¨¢culos para hacerla efectiva, entr¨® la Fiscal¨ªa a investigar en la jurisdicci¨®n penal.

La semana pasada, la jueza Martina Mora levant¨® parte del secreto de sumario de la adjudicaci¨®n de Ibiza: ¡°No fue el resultado de la aplicaci¨®n de los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y legalidad que han de presidir la contrataci¨®n p¨²blica, sino que se trat¨® de una decisi¨®n arbitraria, injusta y apartada de la legalidad¡±.

La jueza investiga a Juan Gual de Torella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, que dimiti¨® por este caso y es considerado pr¨®ximo a la presidenta Francina Armengol (PSOE). Pero tambi¨¦n incluye a la abogada del Estado Dolores Ripoll, asesora jur¨ªdica del consejo de administraci¨®n de la Autoridad Portuaria cuando se otorgaron las concesiones. Aunque no decidi¨® nada, s¨ª redact¨® los informes jur¨ªdicos en los que se bas¨® la adjudicaci¨®n. La jueza se?ala que los cargos investigados contaron con ¡°el respaldo imprescindible y concertado de Ripoll y los responsables del Club N¨¢utico de Ibiza (adem¨¢s de otros miembros del consejo de administraci¨®n y autoridades pol¨ªticas) para que fuera este club y no otro quien siguiera explotando la d¨¢rsena¡±. Este diario intent¨®, sin ¨¦xito, obtener la versi¨®n de Ripoll.

Los criterios para adjudicar la concesi¨®n primaban el arraigo, de una manera que la adjudicaci¨®n solo pod¨ªa recaer en el Club N¨¢utico de Ibiza (CNI). Los pliegos valoraban este m¨¦rito con el doble de puntos que la suma de todos los dem¨¢s. La justicia fall¨® que la inclusi¨®n de dicho criterio supon¨ªa una ¡°adjudicaci¨®n directa encubierta¡±, y que se vulneraba el principio de igualdad.

La jueza se?ala que la abogada del Estado fue la ide¨®loga de esas cl¨¢usulas y de repetir la adjudicaci¨®n cuando ya hab¨ªa sentencias en contra: ¡°La actuaci¨®n de Ripoll fue determinante para que los consejeros, ajenos a la sentencia y confiando en las explicaciones jur¨ªdicas que ofrec¨ªa la que, a sus ojos, era la mayor autoridad jur¨ªdica de dicho consejo, votaran a favor de la propuesta del presidente¡±.

En mayo de 2018, tras la primera sentencia contra la adjudicaci¨®n de la d¨¢rsena al CNI, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Gual de Torrella, llev¨® a un consejo de administraci¨®n un nuevo informe favorable ¡°en un intento de que se aprobara la nueva adjudicaci¨®n a favor¡± del CNI, pero no sali¨® adelante ¡°dada la oposici¨®n de los consejeros Enrique Braquehais [abogado del Estado] y Jes¨²s Ges¨¦ [ingeniero de Puertos del Estado]¡­ tras un tenso debate¡±, seg¨²n la jueza.

Braqueais era entonces el n¨²mero tres de la Abogac¨ªa del Estado en Baleares y depend¨ªa de Ripoll. ?l se sentaba en el consejo (una forma de cobrar dietas que tienen muchos abogados del Estado y asesores del Gobierno) y ella era la asesora jur¨ªdica. Braqueais votaba y Ripoll, no.

Con su negativa, Braquehais hab¨ªa prendido una mecha que, dos a?os despu¨¦s, le estall¨® a Ripoll. Braqueais dimiti¨® d¨ªas despu¨¦s de la Autoridad Portuaria y m¨¢s adelante fue trasladado a la Agencia Tributaria en Baleares. El consejero propuesto por Puertos, el ingeniero Ges¨¦, tambi¨¦n dimiti¨® un mes despu¨¦s ¡°tras recibir de sus superiores, a trav¨¦s de Bego?a Ballano, entonces directora de Puertos del Estado, la instrucci¨®n de votar a favor de la adjudicaci¨®n al CNI o bien de no asistir al Consejo. No constan razones objetivas y fundadas en derecho para dicha instrucci¨®n, desprendi¨¦ndose indicios de arbitrariedad en la misma¡± seg¨²n el relato judicial.

La Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos del Estado, de acuerdo con los poderes p¨²blicos, hicieron todo lo posible por prorrogar la concesi¨®n al CNI, seg¨²n la investigaci¨®n judicial. En la Abogac¨ªa del Estado defienden a Ripoll. Consideran que, si acaso, contribuy¨® a dar forma jur¨ªdica a una pretensi¨®n leg¨ªtima, que el club n¨¢utico de Ibiza, entidad sin ¨¢nimo de lucro, tuviera ventaja ante las marinas privadas y que as¨ª lo pidieron los partidos en Baleares.

La jefa del Departamento Penal de la Abogac¨ªa del Estado, Rosa Seoane, ha asumido la defensa de Ripoll, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. En casos en los que la abogac¨ªa se persona como acusaci¨®n no puede defender a funcionarios, pero s¨ª lo hace cuando, tras un primer an¨¢lisis, considera que no hay delito. Aunque la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa suelen ir juntas como acusaci¨®n en casos de corrupci¨®n, en este asunto est¨¢n enfrentados. ¡°Para la Abogac¨ªa del Estado ha sido una agresi¨®n en toda regla¡±, se?ala un miembro del cuerpo. Otro a?ade: ¡°Con este criterio, cualquier abogado del Estado puede acabar en el banquillo por hacer un informe consultivo¡±.

La jueza investiga tambi¨¦n si el presidente de la APB ofreci¨® al Club Deportivo 12 millas, competidor del CNI, ¡°d¨¢divas, recompensas, favores o retribuciones de cualquier clase¡± si cesaban en sus reclamaciones o si fue esa empresa quien pidi¨® favores a cambio de no entorpecer la adjudicaci¨®n.