El diputado del PP Alberto Casero admite en el Supremo irregularidades en contratos que firm¨® como alcalde

El diputado del PP Alberto Casero ha admitido este lunes en el Tribunal Supremo que, durante su etapa como alcalde de Trujillo (C¨¢ceres), firm¨® algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero ha defendido que, en todo caso, solo hubo ¡°irregularidades administrativas¡±, nunca un delito como sostuvo una juez del municipio extreme?o. A la salida del alto tribunal, el diputado, que salt¨® a la fama por su error fatal en la votaci¨®n de la reforma laboral en el Congreso, ha atendido a los medios para explicar que su declaraci¨®n se ha centrado en ¡°aclarar¡± algunos aspectos de su gesti¨®n por los que han preguntado el juez y la Fiscal¨ªa. ¡°Para eso estamos¡± ha afirmado, tras asegurar que su declaraci¨®n se produce en un contexto de ¡°normalidad¡±. El parlamentario no ha querido pronunciarse sobre las irregularidades que se le atribuyen hasta que el instructor del Supremo, Andr¨¦s Palomo, determine si la causa sigue adelante.

Casero ha comparecido en el alto tribunal para declarar voluntariamente como investigado por varios acuerdos y contratos menores que firm¨® cuando era alcalde, entre los a?os 2017 y 2018. El magistrado Palomo lo hab¨ªa citado despu¨¦s de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n de Trujillo elevase al Supremo una exposici¨®n razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa. La Fiscal¨ªa del Supremo ve tambi¨¦n indicios de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Fuentes jur¨ªdicas conocedoras de la declaraci¨®n se?alan que el diputado ha admitido ante el juez y la fiscal Mar¨ªa ?ngeles Montes que algunos de los contratos que firm¨® pod¨ªan presentar ¡°errores¡± porque no se hab¨ªa seguido estrictamente el procedimiento administrativo, pero ha negado que esas irregularidades pudieran implicar la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n o de malversaci¨®n.

El diputado del PP ha sido llamado a declarar de forma voluntaria en calidad de investigado, un tr¨¢mite habitual en las causas contra aforados que instruye el Supremo con el que se persigue evitar que el tribunal reclame al Congreso el suplicatorio para actuar contra el parlamentario. Pero, si las explicaciones de Casero y el resto de pruebas iniciales no convencen al instructor, Palomo deber¨¢ exponerlas a la Sala de lo Penal para que pida el suplicatorio y se act¨²e contra el diputado.

Contratos sospechosos

La causa contra Casero parti¨® de una denuncia de la Fiscal¨ªa por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por el ahora diputado cuando era alcalde de Trujillo. La Fiscal¨ªa considera que el alcalde se salt¨® todos los procedimientos de contrataci¨®n al evitar concursos p¨²blicos, informes de fiscalizaci¨®n o directamente sin informar a la administraci¨®n local que ¨¦l mismo dirig¨ªa. En el auto dictado en marzo pasado para comunicar la apertura de la causa, el tribunal explic¨® que la exposici¨®n razonada enviada por el juzgado extreme?o ¡°se?ala indicios s¨®lidos¡± de que Casero firm¨® los contratos ¡°sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios¡±.

La investigaci¨®n se centra en seis casos concretos, que costaron al Ayuntamiento de Trujillo m¨¢s de 100.000 euros. El primer contrato sospechoso es el de un psic¨®logo que firm¨® Casero en marzo de 2017 ¡°ocult¨¢ndolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contrataci¨®n, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobaci¨®n del gasto¡±. Meses despu¨¦s, suscribi¨® otro convenio de 25.000 euros con la C¨¢mara de Comercio de Per¨² ¡°sin dar cuenta a los servicios econ¨®micos y jur¨ªdicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a informaci¨®n p¨²blica ni publicarse en el BOE¡±.

El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que el entonces alcalde de Trujillo pact¨® verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad Asociaci¨®n Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerr¨® otro contrato de patrocinio por 18.000, en el que se compromet¨ªa, adem¨¢s, a asumir ¡°otros costes¡±. Ambos fueron suscritos ¡°sin seguir procedimiento administrativo alguno¡±. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contrataci¨®n de ?caro Consultores en Comunicaci¨®n para organizar un acto por importe de 14.303 euros m¨¢s IVA y la concertaci¨®n con Radio Interior S.L. de un contrato de servicios de comunicaci¨®n y promoci¨®n de la Feria del Queso de Trujillo por m¨¢s de 15.000 euros. Para este ¨²ltimo, Casero supuestamente emple¨® el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuant¨ªa imped¨ªa hacerlo por este m¨¦todo.