Justicia: controles y contrapesos

Hace unos d¨ªas, la Vicepresidenta y Comisaria de Valores y Transparencia de la Comisi¨®n Europea, Vera Jourov¨¢, visitaba Espa?a para evaluar la situaci¨®n de nuestro Estado de derecho. Este es uno de los par¨¢metros para determinar, entre otras cosas, la calidad de la democracia en nuestro pa¨ªs, que evidentemente tiene repercusi¨®n en la reputaci¨®n que tenemos fuera de nuestras fronteras.

La Uni¨®n Europea vela por que se cumplan unos m¨ªnimos est¨¢ndares comunes. En Espa?a, en los ¨²ltimos a?os, se viene produciendo una ¡°europeizaci¨®n¡± de los conflictos pol¨ªticos nacionales y una externalizaci¨®n de las luchas partidistas en el ¨¢mbito de la justicia. As¨ª que los par¨¢metros internos ya no sirven para dimensionar el problema o ser objetivos. Un ejemplo de ello es el papel que juegan algunas asociaciones profesionales de jueces o fiscales, muy diferente a otros modelos europeos en cuanto a su participaci¨®n p¨²blica a trav¨¦s de opiniones claramente pol¨ªticas, m¨¢s all¨¢ de sus competencias corporativas.

Se pretende que ¡°Europa tome partido¡± para que su opini¨®n entre de lleno en la contienda pol¨ªtica espa?ola. No existe el m¨¢s m¨ªnimo reparo en provocar da?os a las instituciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Una de las estrategias para conseguir ese fin es segmentar la informaci¨®n. Por tanto, faltan elementos de valoraci¨®n, lo que tambi¨¦n afecta a la ciudadan¨ªa, que percibe una justicia en la que no puede confiar.

Asumiendo las disfunciones que todo sistema puede tener y sin orillar experiencias negativas, quienes tenemos responsabilidades al frente de las instituciones tenemos la obligaci¨®n de explicar c¨®mo funcionan, trascendiendo los meros intereses coyunturales de los partidos o de las asociaciones profesionales que comparten sus estrategias.

Dec¨ªa la Vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea, la se?ora Jourova, que Bruselas no puede imponer un modelo institucional, pero s¨ª examinar si su sistema de controles y contrapesos funciona y si corrigen las imperfecciones. Cosa que acontece en Espa?a.

Desde hace dos a?os y medio soy Fiscal General del Estado (FGE), durante un a?o y cinco meses desempe?¨¦ la responsabilidad de Ministra de Justicia, y 30 a?os de fiscal antidroga y antiterrorista. Desde tales posiciones y responsabilidades es mi obligaci¨®n defender la justicia espa?ola en su conjunto y hacerlo facilitando una informaci¨®n completa a la ciudadan¨ªa, titular de la justicia, lo que le permitir¨¢ formarse un criterio, valorar y contrarrestar intencionadas manipulaciones. La Fiscal¨ªa espa?ola es un ¨®rgano constitucional del Estado. Una Ley determina sus funciones, principios y organizaci¨®n. Toda la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad y sus decisiones est¨¢n sometidas a revisi¨®n judicial.

Soy consciente de la pol¨¦mica suscitada en torno a mi nombramiento, comprendo que generase cierta controversia. Sin embargo, la pol¨¦mica y la confusi¨®n se vio alimentada por bulos que recorrieron los digitales extremos y las redes sociales, que hicieron tanto ruido como vaciedad y, por ende, una radical descalificaci¨®n del propio sistema, impidiendo un margen de objetividad en la valoraci¨®n, solo para obtener un r¨¦dito pol¨ªtico.

Espa?a tiene un sistema mixto de nombramiento de la persona titular de la Fiscal¨ªa General del Estado. Esto significa que todos los Poderes del Estado participan en ello. El Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial y previa comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Este es el modelo de nuestra Constituci¨®n.

?Por qu¨¦ es as¨ª? Porque, en nuestro sistema, el o la Fiscal General del Estado desarrolla la ¡°pol¨ªtica criminal¡±, esto es, la que ha determinado la ciudadan¨ªa, la soberan¨ªa popular a trav¨¦s de las urnas y del Ejecutivo que de ellas ha salido. La traducci¨®n de esto en el actuar cotidiano es simple: se trabaja para ser ¨²til a los ciudadanos. En mi caso: la protecci¨®n de las v¨ªctimas, hacer frente a la violencia de g¨¦nero y al discurso de odio, la protecci¨®n de las personas mayores o con discapacidad, la defensa de los menores, el combate contra la corrupci¨®n, la defensa de los vulnerables, de los derechos humanos¡­

Quienes no conocen el Ministerio Fiscal podr¨ªan creer que el o la Fiscal General del Estado tiene un poder omn¨ªmodo y absoluto, que imparte instrucciones irrefutables, pone o quita fiscales a su antojo y mantiene relaciones inconfesables con el Gobierno de turno. Pues lo siento por aquellos que han pretendido ¡°vender esa moto¡±, es un timo.

Debo se?alar que todos quienes hemos asumido esta responsabilidad nos hemos sometido a un sistema de controles y contrapesos que hacen del Ministerio Fiscal una gran instituci¨®n. Es cierto que toda acci¨®n progresista est¨¢ sometida a una lupa con muchos m¨¢s aumentos y que el Ministerio Fiscal siempre ha sido campo de batalla pol¨ªtico y m¨¢s en estos convulsos tiempos populistas. El o la FGE tiene un mandato limitado, no puede ser cesado por el Gobierno, tiene el contrapeso estatutario de la Junta de Fiscales de Sala y del Consejo Fiscal.

Los fiscales en Espa?a pueden discrepar de la orden de un superior si la consideran ilegal y someterla a valoraci¨®n democr¨¢tica, son plenamente libres en su expresi¨®n verbal en actos procesales. El o la FGE esta afectado por causas de abstenci¨®n, como lo est¨¢n el resto de fiscales, una garant¨ªa mas en la neutralidad de su actuaci¨®n. Todo es mejorable, en este contexto he apostado por la transparencia; por equipos trasversales de fiscales, implicaci¨®n de los diferentes territorios.

Recuerdo la investigaci¨®n y resoluci¨®n de las diligencias concernientes al Rey Em¨¦rito, en las que conform¨¦ un grupo de fiscales de alt¨ªsima cualificaci¨®n, trabajamos en equipo, en las reuniones se trataban todas las materias, las pruebas y sus resultados, los indicios y su interpretaci¨®n, las cuestiones jur¨ªdicas o los aspectos jurisprudenciales. No siempre hubo unanimidad, mantuvimos discrepancias, pero opt¨¦ por la posici¨®n mayoritaria que se apoyaba en la tendencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Propuse, y se acept¨® y comparti¨®, realizar un amplio relato de todo cuanto investigamos, lo que ha permitido expresar detalladamente hechos que en otro caso no se hubieran conocido. Era un necesario ejercicio de responsabilidad y transparencia.

Podemos ser cr¨ªticos para construir y mejorar el servicio p¨²blico de la Justicia del que no somos due?os sino meros administradores. La fidelidad a la Constituci¨®n comienza por la lealtad a sus instituciones, dentro y fuera de nuestro pa¨ªs.