La Fiscal¨ªa archiva la investigaci¨®n a Juan Carlos I pese a constatar numerosas irregularidades fiscales

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo ha despejado este mi¨¦rcoles el horizonte judicial de Juan Carlos I en Espa?a, pero por el camino ha dejado constancia de que quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 cometi¨® numerosas irregularidades, al menos fiscales, de las que no va a responder penalmente. El jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podr¨ªan haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino tambi¨¦n de blanqueo de capitales y de cohecho, pero el ministerio p¨²blico ha llegado a la conclusi¨®n de que algunas est¨¢n prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el art¨ªculo 56.3 de la Constituci¨®n otorga al jefe de Estado. Y los actos presuntamente delictivos que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda espa?ola) han quedado sin reproche penal por la regularizaci¨®n fiscal presentada por el rey em¨¦rito y que la Fiscal¨ªa da por buena.

El abogado de Juan Carlos, Javier S¨¢nchez-Junco, emiti¨® un comunicado en el que destaca que los decretos concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar ¡°il¨ªcito alguno¡± al anterior jefe de Estado, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. S¨¢nchez-Junco viajar¨¢ all¨ª en los pr¨®ximos d¨ªas para estudiar con su cliente los escritos de la Fiscal¨ªa y ser¨¢ a partir de entonces, seg¨²n el abogado, cuando el rey em¨¦rito decida si vuelve a Espa?a.

El archivo pone fin a casi dos a?os de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la del Supremo. Las pesquisas se iniciaron en junio de 2020 para indagar si Juan Carlos I cobr¨® una comisi¨®n por mediar para que las obras del AVE a La Meca fueran adjudicadas a un consorcio empresarial espa?ol. Meses m¨¢s tarde, la Fiscal¨ªa abri¨® otras dos l¨ªneas de investigaci¨®n: la donaci¨®n de fondos al rey em¨¦rito por parte de un empresario mexicano, Allen Sangin¨¦s-Krause, que el exmonarca no declar¨® a Hacienda hasta diciembre de 2020; y la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el para¨ªso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaqu¨ªn Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos.

La primera investigaci¨®n, la referida a las supuestas comisiones relacionadas con las obras del AVE a la Meca, se centraba en una transferencia de 64,8 millones de euros recibida en 2008 por la fundaci¨®n paname?a Lucum en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra. La Fiscal¨ªa considera que el entonces jefe de Estado era ¡°el verdadero titular¡± de esta cuenta, pero la ocult¨® a Hacienda. Durante los a?os que se mantuvo abierta, entre 2008 y 2012, la cuota defraudada en cada ejercicio ¡°supera con creces¡±, seg¨²n el ministerio p¨²blico, el tope de 120.000 euros que el art¨ªculo 305 del C¨®digo Penal establece como umbral del delito fiscal. Sin embargo, las irregularidades cometidas entre 2008 y 2011 estar¨ªan prescritas, y las de 2012, en cualquier caso, se cometieron cuando Juan Carlos I era inviolable, por lo que el ministerio p¨²blico considera que no puede perseguir estas actuaciones, seg¨²n la interpretaci¨®n sobre el alcance de la inviolabilidad que vienen haciendo tanto la Fiscal¨ªa del Supremo como la Sala de lo Penal del alto tribunal.

El fiscal Luz¨®n advierte tambi¨¦n de que la investigaci¨®n no ha podido establecer, ¡°siquiera de modo indiciario¡±, ninguna vinculaci¨®n entre el ingreso de 64.884.405 euros en la cuenta de la fundaci¨®n Lucum en 2008 y la adjudicaci¨®n de las obras del llamado AVE del desierto. Se tratar¨ªa, pues, seg¨²n el ministerio p¨²blico, de un ¡°regalo¡± que Juan Carlos I pudo recibir ¡°en consideraci¨®n¡± a la condici¨®n de jefe de Estado que entonces ten¨ªa. En ese supuesto, advierte el ministerio p¨²blico, el ahora rey em¨¦rito podr¨ªa haber cometido un delito de cohecho (art¨ªculo 422 del C¨®digo Penal), pero la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa vuelve a chocar en ese punto con la frontera de la prescripci¨®n.

El decreto de archivo cita tambi¨¦n un posible delito de blanqueo por operaciones llevadas a cabo entre los a?os 2008 y 2012 ¡°por orden¡± del entonces monarca tras recibirse los 64,8 millones en la cuenta de Lucum, partiendo de que la aceptaci¨®n de esa cantidad por parte de Juan Carlos I pudo ser delictiva. Pero esta hip¨®tesis tampoco tiene recorrido penal, seg¨²n la Fiscal¨ªa, porque los movimientos que habr¨ªan podido implicar un delito de blanqueo cesaron en 2012, cuando el ahora rey em¨¦rito todav¨ªa ocupaba el trono y, por tanto, era inviolable.

As¨ª como el ministerio p¨²blico no ha podido vincular el ingreso de casi 65 millones de euros en la cuenta de Lucum con una supuesta comisi¨®n ilegal recibida por don Juan Carlos, la Fiscal¨ªa s¨ª tiene pruebas de que el rey em¨¦rito recibi¨® dinero por parte del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Krause y regalos (para ¨¦l y algunos ¡°familiares o allegados¡±) en forma de viajes y alojamientos por parte de la fundaci¨®n Zagatka (constituida por su primo ?lvaro de Orleans). El ministerio p¨²blico los considera donaciones y ha comprobado que el anterior jefe de Estado las ocult¨® en su momento a Hacienda, pero los investigadores han dado por buenas las regularizaciones fiscales presentadas en diciembre de 2020 y febrero de 2021 por el abogado del exmonarca, lo que le exime de un posible delito fiscal.

El importe total recibido del empresario mexicano asciende a 516.606,32 euros. Los investigadores no han podido determinar la cuant¨ªa recibida por Juan Carlos I de Zagatka desde la fecha de su abdicaci¨®n (19 de junio de 2014), pero s¨ª ha constatado que la fundaci¨®n abon¨® ¡°cuantiosos gastos¡± para sufragar vuelos en aviones privados y alojamientos para el rey em¨¦rito. Tambi¨¦n se beneficiaron algunos familiares, aunque la Fiscal¨ªa no los identifica en su escrito.

Armas no declaradas

El ministerio p¨²blico pone el foco en un cargo del 29 de junio de 2018 por la adquisici¨®n y pago de tres armas de fuego que figuran en la cuenta de Zagatka en la entidad Lombard Odier. El precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros, m¨¢s el 21% de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros, seg¨²n la factura de la operaci¨®n. La Fiscal¨ªa ha podido comprobar que el armero emiti¨® la factura a nombre de ?lvaro de Orleans y que este regal¨® las armas a Juan Carlos de Borb¨®n, que ten¨ªa que haberlo declarado en el impuesto de donaciones. No lo ha hecho, pero el importe que ha dejado de declarar, 30.411,14 euros, es muy inferior a los 120.000 euros implican la existencia de delito fiscal.

Pese a que las regularizaciones han impedido al ministerio p¨²blico actuar contra el rey em¨¦rito por el dinero no declarado, la Fiscal¨ªa deja constancia en su escrito de que ha sido precisamente la actuaci¨®n de los investigadores la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas p¨²blicas. Esta cuant¨ªa corresponde a las cuotas que Juan Carlos I no abon¨® en su momento y ha regularizado ahora (con intereses incluidos) para evitar ser perseguido por delito fiscal.

Sobre la ¨²ltima de las investigaciones abiertas, centrada en dinero supuestamente oculto en el para¨ªso fiscal de las islas del Canal, el ministerio p¨²blico ha constatado la existencia de un trust, JRM 2004, constituido por Joaqu¨ªn Romero Maura, consejero de don Juan Carlos, con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros. Los investigadores sostienen que este dinero, a su vez, proven¨ªa de la liquidaci¨®n de otros dos trusts creados en Jersey por Manuel Jaime de Prado y Col¨®n de Carvajal y la Fiscal¨ªa da por hecho que el objetivo de ambos era apoyar al entonces Rey en el caso de que fuera depuesto por ¡°un golpe de estado inconstitucional o una situaci¨®n similar¡±. Juan Carlos I era, asegura la Fiscal¨ªa, su ¡°¨²nico beneficiario¡±.

Pero, seg¨²n el relato del propio Romero Maura recogido por la Fiscal¨ªa, en diciembre de 2003 el entonces Rey le explic¨® que el prop¨®sito inicial de los trusts era ya ¡°innecesario¡± y que, por el contrario, si su existencia saltaba a la opini¨®n p¨²blica espa?ola podr¨ªa resultar ¡°embarazoso para la monarqu¨ªa¡±, por lo que decidi¨® cerrarlos. Desde entonces, seg¨²n el ministerio p¨²blico, ni Juan Carlos I ni nadie de su entorno se han beneficiado de estos fondos.

Una vez cerradas las tres diligencias abiertas en Espa?a, y despu¨¦s de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigaci¨®n que se hab¨ªa iniciado en ese pa¨ªs en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey em¨¦rito solo tiene ya pendiente de resoluci¨®n el procedimiento civil abierto en el Reino Unido despu¨¦s de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufri¨® desde el a?o 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, seg¨²n su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el rey em¨¦rito espa?ol preserva su inmunidad para no ser juzgado.