Ceuta y Melilla, la nueva v¨ªa de escape de Sud¨¢n
Los sudaneses, machacados por largas y penosas rutas migratorias, han sido protagonistas de los ¨²ltimos saltos. Desde 2019 se ha disparado el n¨²mero de nacionales de este pa¨ªs que ha buscado refugio en Espa?a
Entre los cerca de 1.700 migrantes y refugiados que el viernes intentaron entrar en Melilla, hab¨ªa un importante grupo de sudaneses. No ha trascendido la nacionalidad de los 23 muertos que Marruecos ha reconocido, pero s¨ª que cerca del 80% de las 133 personas que consiguieron llegar a la ciudad aut¨®noma vienen de Sud¨¢n, seg¨²n fuentes oficiales y los abogados que los est¨¢n asistiendo.
En los dos ¨²ltimos saltos a la valla de Melilla, registrados el 2 y el 3 de marzo, tambi¨¦n llam¨® la atenci¨®n la cantidad de sudaneses que participaron. Esos dos d¨ªas, 2.000 y 1.200 personas, respectivamente, intentaron saltar el per¨ªmetro fronterizo. En esa ocasi¨®n, m¨¢s de 850 j¨®venes lo lograron, y entre ellos hab¨ªa 343 malienses y 294 sudaneses, seg¨²n fuentes oficiales, las dos nacionalidades m¨¢s numerosas. Ambos pa¨ªses son importantes emisores de refugiados.
El n¨²mero de sudaneses que ha pedido asilo en Espa?a se ha disparado desde 2019, seg¨²n datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Aquel a?o, apenas 40 personas de este pa¨ªs solicitaron protecci¨®n, un n¨²mero que se redujo a la mitad en 2020, en parte debido a las restricciones fronterizas por la pandemia. En 2021, las cifras ascendieron y 305 sudaneses pidieron asilo. Y en lo que va de 2022 ya son 419 peticiones de nacionales de Sud¨¢n, sin contar las ¨²ltimas entradas. La inmensa mayor¨ªa acceden saltando las vallas de Ceuta y Melilla, la v¨ªa elegida por los migrantes con menos recursos, que no pueden costearse una plaza en una patera.
Tradicionalmente, los sudaneses sol¨ªan utilizar la ruta libia para llegar a Italia, pero la situaci¨®n del pa¨ªs convertido en Estado fallido y los documentados abusos que sufren los migrantes all¨ª (secuestros, extorsi¨®n, torturas o explotaci¨®n laboral), han forzado a muchos de ellos a cambiar su ruta migratoria hacia Espa?a tras meses o incluso a?os en tr¨¢nsito. Desde Libia, pasan por Argelia y Marruecos antes de intentar su entrada en Espa?a.
Sud¨¢n es un pa¨ªs sumido en una profunda inestabilidad. Los militares tomaron el poder en abril de 2019 y derrocaron al dictador Omar al Bashir tras meses de revueltas populares reprimidas con extrema violencia por el Ej¨¦rcito. Un largo periodo de negociaciones desemboc¨® en un acuerdo entre la sociedad civil y la junta militar para una transici¨®n r¨¢pida hacia la democracia, pero este descarril¨® en octubre de 2021 con un nuevo golpe de Estado que provoc¨® otro ciclo de protestas callejeras organizadas por los llamados comit¨¦s de resistencia, que se enfrentan a una violenta represi¨®n. En los ¨²ltimos ocho meses ha fallecido al menos un centenar de personas en dichas manifestaciones.
Sin embargo, la situaci¨®n en Darfur, la regi¨®n del oeste del pa¨ªs de donde han salido muchos de los sudaneses que han llegado a Espa?a, es a¨²n m¨¢s dram¨¢tica. El conflicto que se vivi¨® entre 2003 y 2008 y provoc¨® al menos 300.000 muertos hab¨ªa vivido un periodo de relativa calma hasta que la subida al poder de los militares en abril de 2019 y el final de la misi¨®n de paz de Naciones Unidas y la Uni¨®n Africana en diciembre de 2020 sent¨® las bases para un nuevo ciclo de violencia. El ¨²ltimo incidente grave se vivi¨® el pasado abril, cuando milicianos de la comunidad ¨¢rabe, hist¨®ricamente apoyados por los militares sudaneses, atacaron a miembros de comunidades negras de la etnia massalit, provocando al menos 200 muertos. Este conflicto ha empujado al ¨¦xodo a unos dos millones de personas.
Las circunstancias que viven en su pa¨ªs acaban siendo reconocidas en Espa?a, aunque para ello se vean forzados a recorrer miles de kil¨®metros y a saltar vallas. Casi el 92% de los casos de sudaneses estudiados se resolvieron con el reconocimiento de su estatuto de refugiado o la protecci¨®n subsidiaria, dos figuras que reconocen el grave riesgo de volver a su pa¨ªs y la persecuci¨®n. Este reconocimiento les permite vivir y trabajar en Espa?a y la asistencia necesaria para su inclusi¨®n en el pa¨ªs.
El Gobierno, a trav¨¦s de su presidente Pedro S¨¢nchez, y su portavoz, Isabel Rodr¨ªguez, ha insistido en culpar a las mafias de las muertes al otro lado de la valla de Melilla. No han dado detalles, sin embargo, de cu¨¢l habr¨ªa sido el papel de las redes que trafican con personas en este episodio. Aunque las mafias tienen un papel importante a la hora de facilitar el tr¨¢nsito desde los pa¨ªses de origen hasta los pa¨ªses de salida o para organizar de las rutas por mar en pateras, en los saltos a la valla su funci¨®n irrelevante, como han se?alado fuentes de las fuerzas de seguridad espa?olas a EL PA?S. Lo normal es que estas acciones sean autogestionadas por los migrantes. S¨ª hay cabecillas, pero forman parte del grupo, no se dedican a traficar con personas y no cobran, a?aden las mismas fuentes. As¨ª lo explican tambi¨¦n los propios migrantes y refugiados.
En su posici¨®n oficial, el Gobierno tampoco ha tenido en consideraci¨®n que los refugiados que entran irregularmente en Espa?a lo hacen porque no han encontrado otra manera de hacerlo. En su ley de asilo de 2009, que hasta ahora sigue sin un reglamento que regule su aplicaci¨®n, Espa?a da la posibilidad de pedir asilo en embajadas o consulados, pero esta v¨ªa es totalmente anecd¨®tica y no es una opci¨®n para la inmensa mayor¨ªa de nacionalidades con necesidades de asilo. Las ¨²ltimas cifras de 2021 lo demuestran: de las 65.404 solicitudes de asilo presentadas en Espa?a, apenas 410 se registraron en delegaciones consulares. Casi la totalidad suelen ser peticiones de reagrupaci¨®n familiar de refugiados que ya han logrado asentarse en Espa?a.
El ¨¦xodo del Sahel
Los últimos saltos han tenido como protagonistas otras nacionalidades que acaban siendo reconocidas como beneficiarias de protección. Se trata, sobre todo, de emigrantes que salen de Malí, pero también de burkineses, chadianos y nigerinos.
El Sahel occidental está inmerso en una espiral de violencia que se ha agudizado aún más en los últimos meses. La insurgencia yihadista que arrancó en 2012 en Malí golpea desde 2015 con dureza también en Burkina Faso y Níger, un conflicto que ha provocado al menos 25.000 muertos en la última década y unos cuatro millones de desplazados y refugiados. La incapacidad de Malí y Burkina Faso para frenar esta violencia está en el origen de los recientes golpes de Estado en ambos países, que llevaron al poder a juntas militares.
Además, la operación militar francesa Barkhane que ha estado en el centro de la respuesta armada a los grupos terroristas afiliados a Al Qaeda y Estado Islámico que masacran a la población o la obligan a vivir bajo sus órdenes, está a punto de retirarse de Malí por desacuerdos con los nuevos gobernantes, lo que desde finales de 2021 ha abierto la puerta a la presencia rusa a través de cientos de mercenarios de la compañía Wagner. El desembarco de este nuevo actor militar ha provocado un repunte de la violencia. Solo en Malí han sido asesinados este año más de 500 civiles, según cifras de la ONU.
La conjunción de conflictos preexistentes, shocks climáticos como lluvias torrenciales o sequías, la pandemia de covid y ahora el impacto económico de la guerra de Ucrania, con la subida de precios de los productos de primera necesidad y la escasez de cereales y fertilizantes, está agravando la situación de millones de personas en África. El Programa Mundial de Alimentos ya anunció a comienzos de junio la reducción a la mitad de sus raciones de ayuda humanitaria para desplazados y refugiados por estas crisis debido a la guerra en Ucrania. Las tasas de malnutrición infantil se han disparado desde comienzos de año.
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