Una ley org¨¢nica disolver¨¢ las asociaciones franquistas

La ilegalizaci¨®n de las asociaciones que hagan ¡°apolog¨ªa del franquismo, ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillaci¨®n de la dignidad¡± de sus v¨ªctimas, tendr¨¢ que seguir esperando. La Ley de la Memoria Democr¨¢tica, que el pasado jueves aprob¨® el pleno del Congreso, da un plazo de un a?o al Gobierno para promover la modificaci¨®n de la Ley del Derecho de Asociaci¨®n de 2002 e incluir esta nueva causa de disoluci¨®n. Fuentes gubernamentales admiten que la prohibici¨®n podr¨ªa haberse incluido en el texto mediante una disposici¨®n que modificara la ley de 2002, pero ello podr¨ªa haber complicado la propia aprobaci¨®n de la Ley de la Memoria, ya de por s¨ª bastante accidentada.

En efecto, la Ley de la Memoria es ordinaria, por lo que su aprobaci¨®n solo requiere mayor¨ªa simple (m¨¢s s¨ªes que noes), mientras que la norma que regula el derecho de asociaci¨®n es org¨¢nica y necesita mayor¨ªa absoluta (la mitad m¨¢s uno de los votos). Con la votaci¨®n que obtuvo la ley en el Congreso (173 s¨ªes, 159 noes y 14 abstenciones), la reforma de la Ley del Derecho de Asociaci¨®n no habr¨ªa salido adelante. Las mismas fuentes se?alan que no ser¨¢ necesario esperar un a?o para acometer la reforma: bastar¨¢ con colgarla de ley org¨¢nica en tramitaci¨®n que guarde parentesco con el tema.

Mientras, la Ley de la Memoria concede a la Administraci¨®n instrumentos suficientes para disolver la m¨¢s conocida de las asociaciones apolog¨¦ticas de la dictadura: la Fundaci¨®n Francisco Franco. Una disposici¨®n adicional del proyecto encarga al Protectorado, un organismo del Ministerio de Cultura responsable de tutelar a las fundaciones, la tarea de instar judicialmente ¡°la extinci¨®n de aquellas que hagan apolog¨ªa del franquismo o enaltezcan a sus dirigentes, con humillaci¨®n de sus v¨ªctimas¡±. En ese caso, precisa, el juez podr¨ªa suspender cautelarmente las actividades de la fundaci¨®n hasta que se dicte sentencia.

Los redactores de la Ley de la Memoria prev¨¦n que la Fundaci¨®n Francisco Franco se resista a la liquidaci¨®n y, por eso, una disposici¨®n de la misma modifica la ley de Fundaciones de 2002 para advertir de que, en el caso de que el patronato (que actualmente preside Luis Alfonso de Borb¨®n y Mart¨ªnez-Bordi¨², bisnieto del dictador) no ejecutase la liquidaci¨®n ordenada por el juez, el Protectorado (es decir, el Ministerio de Cultura) podr¨¢ darle un plazo no inferior a un mes para que proceda a la misma. Si transcurrido dicho plazo, el patronato no ejecutase la liquidaci¨®n o se opusiera expresamente a realizarla, el Patronato pedir¨¢ al juez que nombre a un liquidador para que la haga.

Una de las disposiciones de la Ley de la Memoria Democr¨¢tica subraya, adem¨¢s, que ¡°los archivos y documentaci¨®n del gobierno de la dictadura, en particular del jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas f¨ªsicas, se incorporar¨¢n, una vez superados los tr¨¢mites legales, al Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica [con sede en Salamanca] o al archivo del organismo p¨²blico que se determine¡±. Mientras tanto, la ley garantiza ¡°el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos p¨²blicos y privados¡±, sobre la guerra civil y la dictadura, que se consideran parte del ¡°patrimonio documental¡±. El archivo personal del dictador sigue bajo custodia de la Fundaci¨®n Francisco Franco; entre cuyos fines figuran los de ¡°exaltar su vida como modelo de virtudes, enaltecer su figura y preservar su legado¡±.

La prohibici¨®n de las asociaciones y fundaciones franquistas supondr¨¢ un cambio profundo en la legislaci¨®n espa?ola que, hasta ahora, solo proscrib¨ªa las ¡°asociaciones secretas o paramilitares¡± y aquellas otras que ¡°persigan fines o utilicen medios tipificados como delito¡±.