Claves de la nueva ley de memoria democr¨¢tica: las lenguas catalana, gallega y vasca, v¨ªctimas del franquismo

La ley de memoria democr¨¢tica llegar¨¢ pronto al Congreso para su debate y aprobaci¨®n tras la inclusi¨®n de numerosas enmiendas presentadas por los distintos grupos. Estas son las claves de la ponencia:

Ley de Amnist¨ªa: el Estado asume la interpretaci¨®n de Baltasar Garz¨®n. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la Ley de Amnist¨ªa de 1977, que ERC ped¨ªa derogar. La primera es una alabanza: aquella ley, subraya, fue una ¡°reclamaci¨®n hist¨®rica de la oposici¨®n antifranquista¡± que amnisti¨® ¡°todos los delitos de intencionalidad pol¨ªtica e infracciones de naturaleza laboral y sindical¡±. Esa ley de amnist¨ªa no se deroga, pero a continuaci¨®n, el texto recuerda ¡°la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos¡± de interpretarla ¡°conforme al Derecho Internacional Humanitario, seg¨²n el cual los cr¨ªmenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideraci¨®n de imprescriptibles¡±. Esa fue la premisa de Baltasar Garz¨®n cuando abri¨® una causa contra los cr¨ªmenes del franquismo en la Audiencia Nacional, investigaci¨®n que lo llev¨® a ser juzgado y finalmente absuelto en 2012 del delito de prevaricaci¨®n en el Tribunal Supremo.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que la nueva ley de memoria incluya expresamente a Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala como v¨ªctimas del franquismo, o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de v¨ªctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigaci¨®n, a trav¨¦s de la creaci¨®n de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica, de los cr¨ªmenes de la Guerra Civil y la dictadura entre 1936 y 1978. Lo que a?ade el texto tras la negociaci¨®n con los grupos es lo siguiente: ¡°Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos pa¨ªses, aun despu¨¦s de la entrada en vigor de la Constituci¨®n de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneraci¨®n de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidaci¨®n de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democr¨¢ticos¡±. Por ese motivo, una disposici¨®n adicional contempla ¡°la designaci¨®n de una comisi¨®n t¨¦cnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constituci¨®n de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para ¡°se?alar posibles v¨ªas de reconocimiento y reparaci¨®n¡±.

El sello de Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Galicia. El texto a?ade, en el apartado que enumera a las diferentes v¨ªctimas del franquismo con derecho a medidas espec¨ªficas de reconocimiento y reparaci¨®n, a ¡°las instituciones de autogobierno catalana y vasca y las corporaciones locales¡±. Se consideran v¨ªctimas tambi¨¦n ¡°las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ¨¢mbitos territoriales ling¨¹¨ªsticos¡±, y se subraya que sus hablantes fueron ¡°perseguidos¡± por el franquismo. Fuentes del Gobierno aclaran que por ¡°culturas vasca, catalana y gallega¡± se entiende en este caso la cultura realizada en esas tres lenguas, no la hecha en castellano en esos territorios.

Adem¨¢s, a petici¨®n del PNV, y a trav¨¦s de una enmienda transacional, se abre un nuevo plazo de reclamaciones para la restituci¨®n de documentos a personas naturales o jur¨ªdicas, de conformidad a lo dispuesto en la ley de restituci¨®n a la Generalitat de Catalu?a de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. El proyecto de ley inclu¨ªa ya una disposici¨®n adicional para restituir bienes incautados a las fuerzas pol¨ªticas durante la dictadura ¡°cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos¡±, lo que abre una nueva v¨ªa para que los nacionalistas vascos puedan reclamar el edificio del Instituto Cervantes en Par¨ªs, sede del Gobierno vasco en la capital francesa desde 1937 a 1940.

Un a?o para la auditor¨ªa de incautaciones. El texto reconoce ¡°el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones econ¨®micas producidas por razones pol¨ªticas, ideol¨®gicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura¡±, en los t¨¦rminos que se establezcan legalmente en la normativa de desarrollo. La auditor¨ªa de bienes incautados que contempla la ley deber¨¢ realizarse ¡°en el plazo de un a?o¡± desde su entrada en vigor.

Oficina de v¨ªctimas y recogida de testimonios. El departamento competente en materia de memoria democr¨¢tica contar¨¢ con una oficina de v¨ªctimas para ¡°la recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecuci¨®n y de sus familiares, as¨ª como para realizar labores de divulgaci¨®n y sensibilizaci¨®n¡±. Adem¨¢s, en el seno del Consejo de la Memoria Democr¨¢tica se constituir¨¢ una comisi¨®n de ¨¢mbito estatal, de car¨¢cter ¡°acad¨¦mico, temporal y no judicial, independiente¡±, para contribuir al ¡°esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura como forma de favorecer la convivencia democr¨¢tica, mediante la recepci¨®n de testimonios, informaci¨®n y recopilaci¨®n de documentos¡±.

Banco de ADN tambi¨¦n para los beb¨¦s robados. La base de datos de ADN estatal con perfiles de las v¨ªctimas del franquismo incluir¨¢ a ¡°las personas afectadas por la sustracci¨®n de reci¨¦n nacidos cuya denuncia haya sido admitida¡± por los hechos objeto de la ley de memoria. En esa base de datos de ADN tambi¨¦n se conservar¨¢n las muestras de restos ¨®seos de distintas exhumaciones.

Archivos en manos de la Fundaci¨®n Franco. La Administraci¨®n General del Estado se compromete a habilitar dotaciones presupuestarias espec¨ªficas para la catalogaci¨®n y el acceso a los archivos. Adem¨¢s, el texto a?ade: ¡°Los archivos y documentaci¨®n del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas f¨ªsicas¡±, como la Fundaci¨®n Franco, se incorporar¨¢n, una vez superados los tr¨¢mites legales, al Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica o al archivo del organismo p¨²blico que se determine de manera motivada¡±.

Nuevas infracciones. Se a?ade como infracci¨®n muy grave ¡°la destrucci¨®n de documentos p¨²blicos o privados¡± para la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica as¨ª como la ¡°apropiaci¨®n indebida de documentos de car¨¢cter p¨²blico por parte de personas f¨ªsicas o instituciones privadas que ejercieron cargos p¨²blicos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constituci¨®n de 1978¡å.

Un r¨¦gimen ilegal¡­ Adem¨¢s de condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, el nuevo texto declara ¡°ilegal el r¨¦gimen surgido de la contienda militar¡±.

¡­que impuso sentencias ilegales. La palabra ¡°ilegal¡± se a?ade igualmente a la hora de referirse al car¨¢cter ¡°radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones pol¨ªticas, ideol¨®gicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, as¨ª como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificaci¨®n jur¨ªdica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones¡±.

Retirada de 33 t¨ªtulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llev¨® al Congreso preve¨ªa elaborar ¡°un cat¨¢logo de t¨ªtulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltaci¨®n de la Guerra y Dictadura¡± para proceder a su supresi¨®n. A petici¨®n del PSOE y Unidas Podemos, se incluir¨¢n en la ley los 33 que ser¨¢n directamente eliminados, relativos a Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, entre otros.

Apoyo a los investigadores. ¡°Se tendr¨¢ en cuenta el papel esencial que desempe?a el debate hist¨®rico para la formaci¨®n de una conciencia hist¨®rica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democr¨¢tica, y la contribuci¨®n al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicaci¨®n en la verificaci¨®n e interpretaci¨®n de los hechos de los usos y m¨¦todos caracter¨ªsticos de la ciencia historiogr¨¢fica¡±, dice la ponencia. ¡°Ello se entender¨¢ sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hip¨®tesis o conjeturas al amparo de la libertad de creaci¨®n cient¨ªfica¡±.

Nacionalidad espa?ola para descendientes de brigadistas. El texto incluye, entre los beneficiarios de la nacionalidad espa?ola por carta de naturaleza (sin necesidad de renunciar a su nacionalidad anterior), a los ¡°descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusi¨®n de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en Espa?a¡±.

Prohibidos retratos franquistas en el despacho. La ley proh¨ªbe la exhibici¨®n de ¡°retratos u otras manifestaciones art¨ªsticas de militares y ministros asociados a la sublevaci¨®n militar o al sistema represivo de la Dictadura¡± en ¡°lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en ¨¢reas de acceso al p¨²blico¡±.

Explicar la represi¨®n en los libros de texto. Se incluye entre ¡°los fines¡± del sistema educativo espa?ol ¡°el conocimiento de la historia y de la memoria democr¨¢tica espa?ola y la lucha por los valores y libertades democr¨¢ticas¡±. Para ello se desarrollar¨¢ ¡°en los libros de texto y materiales curriculares la represi¨®n que se produjo durante la Guerra y la Dictadura¡± en la educaci¨®n secundaria obligatoria, formaci¨®n profesional y bachillerato.

Persecuci¨®n cultural. El texto a?ade el compromiso de las administraciones competentes de articular ¡°todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluaci¨®n exhaustiva y profunda de la represi¨®n y persecuci¨®n cultural y ling¨¹¨ªstica del franquismo, as¨ª como de sus efectos sobre la realidad socioling¨¹¨ªstica del Estado¡±.

Medallas sin pensi¨®n. La anulaci¨®n y la revocaci¨®n de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas franquistas determinar¨¢ ¡°la p¨¦rdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los econ¨®micos¡±.

Nuevos lugares de memoria. El Fuerte de San Crist¨®bal, penal franquista ubicado en Pamplona (Navarra), ser¨¢ declarado lugar de memoria y recibir¨¢ ¡°financiaci¨®n¡± para celebrar ¡°actividades acordes con la recuperaci¨®n, salvaguarda y difusi¨®n de la memoria democr¨¢tica¡±. Con el mismo fin y en el plazo de un a?o desde la entrada en vigor de la ley, se promover¨¢ un ¡°convenio de cesi¨®n del Palacio de la Cumbre de Donostia [actualmente pertenece al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial] al Ayuntamiento de Donostia¡±. El edificio, ahora sin uso, fue residencia del dictador durante sus estancias veraniegas en San Sebasti¨¢n. El Valle de los Ca¨ªdos pasar¨¢ a llamarse Valle de Cuelgamuros.