El Gobierno trata de blindar la extinci¨®n de la Fundaci¨®n Francisco Franco en la nueva ley de memoria democr¨¢tica

El Gobierno lleva el pr¨®ximo martes al Consejo de Ministros la ley de memoria democr¨¢tica, que sustituir¨¢ a la de memoria hist¨®rica (2007) una vez supere el tr¨¢mite parlamentario, donde le esperan con las espadas en alto el PP y Vox, contrarios a la misma. El Ejecutivo present¨® el anteproyecto el pasado septiembre. El texto que llegar¨¢ a las Cortes, de 74 p¨¢ginas (8 m¨¢s que el borrador), incluye modificaciones realizadas tras examinar los informes espec¨ªficos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal y despu¨¦s de consultar a juristas y colectivos de v¨ªctimas, que tambi¨¦n han hecho sus peticiones, como ampliar los criterios para la obtenci¨®n de la nacionalidad espa?ola en aplicaci¨®n de la ley. Estas son las principales novedades de la norma.

Fundaci¨®n Franco y apolog¨ªa del franquismo

El anteproyecto de ley recog¨ªa en una disposici¨®n adicional que ser¨ªa ¡°causa de extinci¨®n¡± de una fundaci¨®n no perseguir ¡°fines de inter¨¦s general¡± o realizar actividades contrarias al mismo como ¡°la apolog¨ªa del franquismo o la incitaci¨®n directa o indirecta al odio o violencia contra las v¨ªctimas¡±. El pasado junio, el pleno del CGPJ aprob¨®, dividido (15 votos a favor y 6 en contra), un informe que cuestionaba la posibilidad de extinguir una fundaci¨®n por ese motivo, al entender que ¡°la exaltaci¨®n o apolog¨ªa de hechos hist¨®ricos, por dolorosos o reprobables¡± que fueran, entraba ¡°en el ¨¢mbito de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n¡±, salvo cuando supusieran ¡°una lesi¨®n de derechos o bienes de relevancia constitucional¡±. El texto que el Gobierno lleva el martes al Consejo de Ministros trata de blindar la eliminaci¨®n de una fundaci¨®n como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco a?adiendo, cuando habla de la causa de extinci¨®n, que se considerar¨¢ contrario al inter¨¦s general la apolog¨ªa y exaltaci¨®n del golpe de Estado, la guerra o la dictadura franquista o el enaltecimiento de sus dirigentes ¡°con menosprecio y humillaci¨®n de la dignidad de las v¨ªctimas o incitaci¨®n al odio¡±.

Tanto la vicepresidenta Carmen Calvo, primera responsable del ¨¢rea, como el secretario de Estado de memoria democr¨¢tica, Fernando Mart¨ªnez, consideran que no puede existir en Espa?a la Fundaci¨®n Francisco Franco, que niega la represi¨®n franquista y se dedica a loar al dictador. El procedimiento para su eliminaci¨®n ser¨ªa el siguiente: el protectorado de fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, instar¨ªa judicialmente a la extinci¨®n por concurrencia de la causa recogida en la ley de memoria. El ¨®rgano judicial podr¨ªa, de oficio, o a instancia de parte, acordar la suspensi¨®n provisional de sus actividades hasta que se dictase sentencia.

Fiscal espec¨ªfico para impulsar investigaciones

Una de las grandes novedades de la nueva ley es que establece que ¡°el Estado garantizar¨¢ el derecho a la investigaci¨®n¡± y a conocer la verdad de las v¨ªctimas. Para ello se crea la figura del ¡°fiscal de sala de derechos humanos y memoria democr¨¢tica¡±, que podr¨¢ impulsar la b¨²squeda de desaparecidos del franquismo e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura y hasta la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978. El Gobierno ha modificado levemente los dos art¨ªculos que hac¨ªan referencia al ministerio p¨²blico para atender una de las recomendaciones del Consejo Fiscal: ¡°sustituir el t¨¦rmino Fiscal¨ªa de Sala por el de Fiscal de Sala¡±. En 2014, el relator especial de la ONU Pablo De Greiff emiti¨® un informe en el que instaba a Espa?a a dejar sin efecto la Ley de Amnist¨ªa para investigar los cr¨ªmenes del franquismo. El informe del Consejo Fiscal defiende el concepto de ¡°justicia restaurativa¡± como la v¨ªa para hacerlo independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables. Cinco fiscales del Consejo emitieron votos discrepantes al considerar que generaba ¡°falsas expectativas¡± en los familiares de las v¨ªctimas.

Retirada de s¨ªmbolos y sanciones

La ley de 2007 recog¨ªa un solo art¨ªculo sobre simbolog¨ªa franquista ¡ªahora son siete y se incluye la toponimia¡ª y no establec¨ªa sanciones por incumplimiento ¡ª ahora se proponen multas de entre 200 y 150.000 euros seg¨²n la gravedad de la infracci¨®n-. Son ¡°muy graves¡±, por ejemplo, las que implican trasladar sin autorizaci¨®n restos de v¨ªctimas; destruir monumentos de homenaje ¡ªa menudo aparecen da?ados¡ª; o convocar actos contrarios a la ley que humillen a los represaliados y sus familias ¡ªse considerar¨¢ responsable solidario a quien los ordene¡ª. No retirar los s¨ªmbolos y vestigios franquistas se considera infracci¨®n ¡°grave¡±.

Pedagog¨ªa: la represi¨®n franquista en las escuelas

Como adelant¨® este diario, uno de los prop¨®sitos de la nueva ley es que la represi¨®n franquista se estudie en las escuelas. En su informe sobre Espa?a de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba que ¡°algunos libros de texto¡± continuaban refiri¨¦ndose a la Guerra Civil ¡°en t¨¦rminos gen¨¦ricos, perpetuando la idea de una responsabilidad sim¨¦trica¡±. El borrador de la norma se compromet¨ªa a ¡°actualizar los contenidos curriculares¡± en ese sentido en la ESO y el Bachillerato. El texto final a?ade a la Formaci¨®n Profesional.

Nulidad de las condenas

La ley de 2007 declar¨® ileg¨ªtimos los tribunales franquistas, pero no anul¨® las sentencias que hab¨ªan impuesto porque en aquel momento el Gobierno tem¨ªa que los afectados reclamaran indemnizaciones. El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facult¨® a los sublevados a castigar por rebeli¨®n militar a quien ¡°por acci¨®n u omisi¨®n¡± perjudicase al ¡°Movimiento redentor¡±. Solo hasta finales de 1938, la Auditor¨ªa de Guerra juzg¨® a 30.224 personas de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto espa?ol. Los militares eleg¨ªan al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y sol¨ªa ser un oficial sin formaci¨®n legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado. El texto que llega el martes al Consejo de Ministros declara la nulidad de las ¡°condenas y sanciones¡± de tribunales franquistas y descarta expresamente la posibilidad de indemnizaciones.

Trabajos forzados y censo de v¨ªctimas

Otro de los objetivos de la nueva norma es documentar episodios de la Guerra Civil y la dictadura para unificar investigaciones, reunir informaci¨®n dispersa y ofrecer cifras oficiales, por ejemplo, sobre el censo de v¨ªctimas. La ley tambi¨¦n prev¨¦ ¡°impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas¡± que se constate que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio y la confecci¨®n de ¡°un inventario de edificaciones y obras¡± realizadas.

Apertura de fosas y banco de ADN

La ley de 2007 estableci¨® un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asum¨ªan el proceso de b¨²squeda de los desaparecidos. Para Pablo de Greiff supon¨ªa una ¡°privatizaci¨®n¡± de las exhumaciones. El nuevo texto involucra a todos los niveles de la Administraci¨®n (nacional, auton¨®mico y municipal) en esa tarea y prev¨¦ la creaci¨®n de un banco de ADN para la identificaci¨®n de los restos recuperados. La b¨²squeda de desaparecidos se har¨¢ en planes cuatrienales.

Valle de los Ca¨ªdos. El futuro de los benedictinos

Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto ser¨¢ reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Gobierno dar¨¢ a la familia la opci¨®n de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de v¨ªctimas o a otro lugar que deseen. La nueva ley tambi¨¦n declara extinguida la Fundaci¨®n de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos ¡°por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales¡±. Una vez aprobada, se establecer¨¢ un nuevo marco jur¨ªdico para el monumento. Fuentes del Gobierno se?alan que la comunidad benedictina se ha ¡°ganado a pulso¡± su expulsi¨®n del recinto: durante la exhumaci¨®n de Franco, el prior tuvo que ser amenazado con ser detenido.

Afectados por la polio

El texto que llega el martes al Consejo de Ministros incorpora peticiones de distintos colectivos, entre ellos, el de afectados por la polio y el s¨ªndrome de postpolio, que llevan d¨¦cadas reclamando medidas sanitarias y sociales.

Los afectados por la polio, como los de la talidomida, se consideran v¨ªctimas del franquismo porque con la polio, el R¨¦gimen tard¨® 10 a?os en generalizar el uso de la vacuna y con la talidomida omiti¨® cualquier responsabilidad. El llamado s¨ªndrome de postpolio, reconocido en 2007 por la OMS, consiste en un debilitamiento generalizado que afecta en la madurez a quienes ya hab¨ªan hecho su vida con la polio. Los afectados se quejan de que muchos m¨¦dicos no saben c¨®mo tratarlo y de que los tribunales de incapacidad no la valoran adecuadamente. La ley de memoria democr¨¢tica que ser¨¢ debatida en las Cortes establece un ¡°reconocimiento¡± a las v¨ªctimas y se compromete a impulsar ¡°investigaciones¡± as¨ª como medidas sanitarias para los afectados, aunque no habla de indemnizaciones econ¨®micas.