El juez del ¡®caso Pegasus¡¯ pide declasificar documentos secretos para interrogar a Marlaska y Robles

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama, que investiga la presunta infecci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles del presidente Pedro S¨¢nchez y tres miembros de su Gobierno con el software esp¨ªa Pegasus, ha acordado tomar declaraci¨®n como testigos a dos de los afectados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Antes de interrogarlos, el magistrado dirigir¨¢ un suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique ¡°los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios¡±. Tras esta citaci¨®n, solo Pedro S¨¢nchez y Luis Planas permanecen, por el momento, al margen de esta investigaci¨®n.

Esta citaci¨®n se produce tras la reciente toma de declaraci¨®n, tambi¨¦n como testigo, del ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, que se acogi¨® a la posibilidad de contestar por escrito. Bola?os contest¨® a nueve preguntas del juez y tres del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jes¨²s Alonso, aunque, seg¨²n apuntan fuentes conocedoras del contenido de las respuestas, no aport¨® novedades relevantes. El ministro se escud¨® en que sus funciones son pol¨ªticas y desconoce los detalles t¨¦cnicos sobre la seguridad de las comunicaciones, que hizo recaer en el personal especializado responsable de supervisar los terminales del presidente y los ministros.

Bola?os fue llamado a declarar, no en su condici¨®n actual de ministro, sino por el puesto que ocupaba cuando ocurrieron los hechos: el de secretario general de la Presidencia, cargo que abandon¨® en julio de 2021, justo un mes despu¨¦s de las intervenciones ilegales a los m¨®viles. Como tal, era el ¨²ltimo responsable del Departamento de Coordinaci¨®n T¨¦cnica y Jur¨ªdica. Este organismo engloba la llamada Unidad de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y las Comunicaciones (UTIC) de La Moncloa, responsable ¨²ltima de la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno.

Calama abri¨® la investigaci¨®n sobre el espionaje el pasado 26 de abril, tras la denuncia presentada por la Abogac¨ªa del Estado por la infecci¨®n de los m¨®viles del presidente y la ministra de Defensa, y que luego se ampli¨® tras confirmarse tambi¨¦n el espionaje del terminal que usaba Grande-Marlaska. El Gobierno denunci¨® esta intrusi¨®n en los tel¨¦fonos de S¨¢nchez y sus ministros en plena tormenta pol¨ªtica por un informe de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canad¨¢), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catal¨¢n hab¨ªan sido supuestamente atacadas con Pegasus.

La entonces directoral de CNI, Paz Esteban, tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Despu¨¦s, fue cesada. S¨¢nchez asegur¨® que su salida respond¨ªa a ¡±un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno¡± y que, por tanto, no ten¨ªa nada que ver con el espionaje a los secesionistas. Las supuestas intrusiones en los m¨®viles de los miembros del Gobierno se produjeron entre mayo y junio de 2021, en plena crisis diplom¨¢tica con Marruecos por la decisi¨®n de Madrid de acoger en Espa?a al l¨ªder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado por covid y coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes, mucho de ellos menores, en Ceuta.

Ya en su primera resoluci¨®n, el juez apuntaba a la existencia de posibles delitos de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos. En otra resoluci¨®n dictada este mes, el magistrado afirmaba que el presunto robo de datos de los m¨®viles del Gobierno no era solo una cuesti¨®n que afectase a la intimidad de los mismos y abri¨® la hip¨®tesis de que se hubiera sustra¨ªdo informaci¨®n que afectase a la seguridad nacional, al encontrarse la ministra de Defensa entre los afectados. Posteriormente, orden¨® al CNI que conservase y pusiera a su disposici¨®n el volcado que hizo de los m¨®viles, al considerar ese material puede constituir una prueba clave para avanzar en las pesquisas. Antes, Calama ya hab¨ªa apuntado que, como resultado de las investigaciones, en la causa se podr¨ªa manejar ¡°informaci¨®n sensible, que puede estar legalmente clasificada¡± y que pueda ¡°comprometer gravemente la seguridad del Estado¡±.

Mientras la causa estuvo secreta, el magistrado envi¨® una comisi¨®n rogatoria a Israel para solicitar desplazarse al frente de una comisi¨®n judicial a aquel pa¨ªs y tomar declaraci¨®n como testigo al consejero delegado de la empresa que comercializa el programa Pegasus, la compa?¨ªa NSO Group. Asimismo, tom¨® declaraci¨®n como testigos a la exdirectora del CNI y a un agente del servicio secreto que firm¨® los informes t¨¦cnicos que el Gobierno incorpor¨® a la denuncia que present¨® por el supuesto espionaje. Fue el testimonio de estos ¨²ltimos lo que provoc¨® que el juez llamara a declarar a Bola?os como testigo.