El Poder Judicial da por hecho que el Constitucional se renovar¨¢ en septiembre

La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional podr¨¢ llevarse a cabo a lo largo del pr¨®ximo mes de septiembre con el nombramiento de cuatro magistrados, de acuerdo con el resultado que est¨¢n alcanzando las conversaciones preliminares en el seno del Consejo General del Poder Judicial. A este organismo le corresponden dos de estas designaciones; las otras dos, al Gobierno. A tenor de estos contactos recientes, la resistencia de un grupo de vocales opuestos a la reforma que el Gobierno puso en marcha con el fin de permitir que el ¨®rgano de gobierno de los jueces recupere sus atribuciones en la elecci¨®n de dos miembros del tribunal no ser¨¢ suficiente para bloquear los cambios constitucionalmente previstos en el ¨®rgano de garant¨ªas.

Una s¨®lida mayor¨ªa del Consejo, compuesta por una quincena de vocales, considera que no se debe impedir la renovaci¨®n del Constitucional, una vez recuperadas dichas competencias, seg¨²n afirman fuentes del ¨®rgano de gobierno judicial. Ello no implica, sin embargo, que los nombramientos vayan a producirse el pr¨®ximo 8 de septiembre, fecha para la que el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, convoc¨® el pleno que deber¨ªa decidir sobre esta cuesti¨®n. Las fuentes consultadas estiman que a comienzos de septiembre a¨²n se pueden estar negociando los nombres de los dos magistrados sobre los que tiene que ponerse de acuerdo el pleno. La dificultad est¨¢ centrada, sobre todo, en la elecci¨®n del representante del sector conservador.

El objetivo de la mayor¨ªa conservadora que actualmente domina el Consejo es llevar al Constitucional a un miembro de la carrera judicial que represente claramente a esta sensibilidad. Lo que se persigue es evitar que en un cierre precipitado del tribunal de garant¨ªas se imponga la opci¨®n por un perfil poco marcado, que luego no act¨²e en el seno del Constitucional como permanente contrapeso de la nueva mayor¨ªa que se derivar¨¢ de la renovaci¨®n, que pasar¨¢ a ser de signo progresista. El motivo de este previsible cambio de orientaci¨®n del tribunal deriva de que junto a los dos magistrados que debe nombrar el Consejo, le corresponde al Gobierno designar a otros dos, que obviamente responder¨¢n a dicho perfil ideol¨®gico.

Con ello, la nueva mayor¨ªa del Constitucional ser¨¢ de 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, si los relevos se completan con el nombramiento del sucesor del magistrado conservador Alfredo Montoya, que dimiti¨® en julio pasado por motivos de salud. La designaci¨®n del sustituto de Montoya corresponde al Senado, que dif¨ªcilmente ser¨¢ escenario de un acuerdo entre PSOE y PP a este respecto en el pr¨®ximo mes de septiembre. Las fuentes consultadas estiman que este pacto es poco viable mientras no exista entre socialistas y populares una decisi¨®n paralela sobre la renovaci¨®n del propio Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace m¨¢s de tres a?os y medio ante el bloqueo del PP. Por tanto, el equilibrio de fuerzas en el Constitucional, tras el pr¨®ximo relevo de cuatro de sus miembros, ser¨ªa transitoriamente de 7 magistrados progresistas y 4 conservadores.

La conveniencia de cubrir el puesto dejado por Montoya puede constituir un est¨ªmulo para que el PP trate de aproximar posiciones sobre la renovaci¨®n del Consejo. Sin embargo, no va a ser f¨¢cil encontrar muchos candidatos dispuestos a optar por esta sustituci¨®n, porque el per¨ªodo de ejercicio del cargo que le quedaba a dicho magistrado conservador es corto, de poco m¨¢s de tres a?os, cuando la duraci¨®n del mandato completo es de nueve a?os. Ser¨¢ m¨¢s probable que el PP encuentre un mayor n¨²mero de aspirantes al puesto a partir del pr¨®ximo mes de marzo, porque desde entonces quien lo asumiera tendr¨ªa asegurados esos nueve a?os de permanencia en el Constitucional, por sus reglas de funcionamiento interno sobre vencimiento de plazos. Dichas normas aseguran un mandato completo, incluso m¨¢s largo, porque incluyen la posibilidad de ser reelegido si el magistrado al que se sustituye ten¨ªa menos de tres a?os de ejercicio pendientes de cumplir.

Otro c¨¢lculo de tiempos que se est¨¢ realizando se refiere a la fecha l¨ªmite en que deber¨ªan ser elegidos los nuevos magistrados. El pleno del 8 de septiembre convocado por Lesmes para que el Consejo del Poder Judicial designe a los dos magistrados que le corresponde elegir tendr¨¢ lugar tres d¨ªas antes de que el 13 del mismo mes expire el plazo legalmente previsto para que se tome esta decisi¨®n. Si no se alcanza el d¨ªa 8 un pacto, pero hay perspectivas de acuerdo, fuentes del Consejo afirman que se podr¨ªa convocar otro pleno el 12 de septiembre.

Las mismas fuentes dan por hecho que si no se celebra este pleno in extremis s¨ª se producir¨¢ en todo caso un pacto sobre la renovaci¨®n del Constitucional antes de que concluya dicho mes. Esta convicci¨®n no se deriva de que Lesmes le haya dado al Gobierno seguridad sobre el acuerdo, sino de que ni al presidente del Consejo ni al del Constitucional les interesa ni les conviene instalarse en un escenario m¨¢s conflictivo. Las fuentes consultadas aseguran que el Consejo, a su vez, es conocedor de que el Gobierno actuar¨¢ con una prudente y limitada flexibilidad en la cuesti¨®n de los plazos. Esto significa que el Ejecutivo est¨¢ dispuesto a esperar hasta finales de septiembre para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde designar, siempre y cuando reciba garant¨ªas de que el Consejo har¨¢ su parte antes de que concluya dicho mes.

Lesmes vot¨® en el pleno del Consejo contra la reforma que ahora permitir¨¢ elegir a dos magistrados del Constitucional, pero una cosa es mostrarse cr¨ªtico con respecto al contenido de una ley y otra muy distinta boicotearla o negarse a aplicarla. El Gobierno sabe a ciencia cierta que el presidente del Consejo no va a facilitar la renovaci¨®n del ¨®rgano de garant¨ªas a cambio de obtener un puesto en ¨¦l. El mandatario del Poder Judicial tiene 64 a?os y no le faltar¨¢n oportunidades de llegar al Constitucional, como ha sucedido antes en diversas ocasiones con otros presidentes del Consejo y del Supremo. La primera de esas oportunidades podr¨ªa producirse a partir de marzo pr¨®ximo, por ejemplo, para cubrir la plaza del mencionado Alfredo Montoya.

En cuanto al presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, la situaci¨®n se le puede complicar si el Consejo no nombra a los dos magistrados que le corresponden y el Gobierno s¨ª designa a los otros dos que le compete elegir. En ese caso se convocar¨¢ un pleno del ¨®rgano de garant¨ªas en el que la mayor¨ªa conservadora puede colocar a su presidente en un complejo escenario, mediante el bloqueo del acceso de los nombrados por el Ejecutivo, con el argumento de que la Constituci¨®n establece que las renovaciones ser¨¢n por tercios, de cuatro magistrados cada vez, y no s¨®lo de dos. Trevijano, de la misma edad que Lesmes, ha querido que su presidencia se caracterice por la falta de enfrentamientos internos, y en el supuesto descrito se producir¨ªa una crisis institucional sin precedentes, de la que seg¨²n fuentes del Constitucional no aspira a ser protagonista. Las mismas fuentes aseguran que para su presidente el hecho de verse arrastrado a afrontar esta crisis o aparecer como uno de sus promotores no casa con su gesti¨®n de estos ¨²ltimos meses al frente del tribunal ni con sus actuales proyectos.

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As¨ª se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial