El Gobierno nombrar¨¢ en septiembre a sus magistrados del Constitucional aunque el Poder Judicial no elija a los suyos

El Gobierno est¨¢ decidido a nombrar a lo largo de septiembre a los dos magistrados que le corresponden por ley aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no logre consensuar sus dos nombramientos, como sostienen algunos de sus vocales que suceder¨¢. La renovaci¨®n es crucial para cambiar el control que la mayor¨ªa conservadora tiene del Constitucional desde hace nueve a?os.

Ese poder conservador ha impuesto en los ¨²ltimos a?os su criterio para declarar inconstitucionales algunas de las iniciativas legales m¨¢s trascendentes del Ejecutivo de coalici¨®n.

La actual composici¨®n del tribunal no se corresponde con lo previsto en la ley, pues tiene a cuatro de sus miembros con el mandato caducado desde el 13 de junio pasado. En sus manos est¨¢ el futuro de leyes muy importantes que impulsaron gobiernos socialistas (aborto, educaci¨®n, eutanasia), aunque el presidente ¡ªel conservador Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano¡ª ha decidido, de acuerdo con el resto de magistrados, aplazar la deliberaci¨®n sobre las mismas hasta que se produzca la renovaci¨®n.

El Senado dar¨¢ esta semana el visto bueno definitivo a la reforma legal expr¨¦s que promovi¨® el grupo socialista para que el Poder Judicial pueda realizar los dos nombramientos que le corresponden y facilitar los cambios en el Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre.

Sin embargo, el plazo fijado por la reforma urgente que entrar¨¢ en vigor esta semana no conlleva ninguna sanci¨®n para quienes lo incumplan. De hecho, los vocales conservadores del Poder Judicial se quejan de que les impongan por ley un plazo determinado para elegir a los dos magistrados del Constitucional mientras que el Congreso y el Senado incumplen desde hace tres a?os y medio, por decisi¨®n del PP, la renovaci¨®n del ¨®rgano de Gobierno de los jueces.

Aunque el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, ya ha anunciado que convocar¨¢ al pleno en septiembre para abordar los nombramientos, la exigencia de una mayor¨ªa cualificada ¡ªtres quintos del Consejo¡ª y la rebeli¨®n del bloque conservador, cuyos votos son cruciales, amenazan con bloquear esos nombramientos. En ese caso, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, el Gobierno no esperar¨ªa m¨¢s tiempo y nombrar¨ªa a los dos magistrados que le tocan.

La anterior renovaci¨®n de los magistrados correspondientes al turno del Gobierno y del Poder Judicial, cuando en ambos organismos hab¨ªa una mayor¨ªa conservadora clara, se hizo en plazo y sin problemas. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eligi¨® el 7 de junio de 2013, una semana antes de que venciera el plazo, a Enrique L¨®pez y Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano.

L¨®pez, hoy consejero de Justicia en el Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso, , tuvo que dejar su puesto en el Constitucional, tan solo un a?o despu¨¦s, tras ser cazado por la polic¨ªa municipal cuando conduc¨ªa una moto, sin casco, borracho y salt¨¢ndose un sem¨¢foro en rojo en el Paseo de la Castellana. L¨®pez fue condenado por esos hechos, regres¨® como juez a la Audiencia Nacional y fue repescado a?os despu¨¦s por Ayuso para su gobierno. Pablo Casado le nombr¨® m¨¢ximo responsable del ¨¢rea judicial del partido. El nuevo l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, prescindi¨® de sus servicios.

La Constituci¨®n establece que la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional se har¨¢ por tercios. Cada tres a?os salen cuatro de los 12 magistrados para que entren otros nuevos, que son propuestos por el Congreso (cuatro), el Senado (cuatro), el Gobierno (dos) y el Consejo General del Poder Judicial (dos).

Fuentes pr¨®ximas a magistrados del Tribunal Constitucional opinan que, en caso de que el Poder Judicial no hubiera efectuado sus nombramientos pero s¨ª el Gobierno, ser¨ªa muy dif¨ªcil sostener jur¨ªdicamente un veto a la entrada de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, una vez que no existe impedimento legal para que el Poder Judicial haga los suyos.

El Constitucional funcionar¨ªa as¨ª con dos de sus 12 magistrados con el mandato caducado. Hasta hace un a?o, el tribunal funcion¨® con cuatro de sus 12 miembros con el mandato caducado m¨¢s de dos a?os.

Una sentencia de 2016 del Tribunal Constitucional sobre un asunto similar avalar¨ªa esta situaci¨®n. El Partido Popular reform¨® parcialmente la ley en 2013, cuando gobernaba con mayor¨ªa absoluta, para la posible renovaci¨®n parcial del Consejo General del Poder Judicial y su constituci¨®n solo con los vocales nombrados por una de las dos C¨¢maras (el Congreso o el Senado). De esta manera, el Gobierno de Rajoy pretendi¨® facilitar que el CGPJ pudiera funcionar aunque se diera un bloqueo por parte del Senado o del Congreso (cosa que no ocurri¨®).

Precedente jur¨ªdico

El recurso de inconstitucionalidad presentado contra esa reforma legal planteaba que permitir la constituci¨®n de un Consejo del Poder Judicial con los 10 vocales elegidos por una de las dos c¨¢maras sin esperar a la elecci¨®n de los otros 10 era contrario a lo previsto por la Constituci¨®n, que fij¨® el n¨²mero de 20 vocales con un mandato de cinco a?os que deb¨ªan ser nombrados en unidad de acto por el Rey.

El Tribunal Constitucional, entonces como ahora de mayor¨ªa conservadora, desestim¨® el recurso y lo argument¨® as¨ª: ¡°Una vez establecida la forma normal de proceder, se incluye tambi¨¦n una medida destinada a impedir que el incumplimiento de la obligaci¨®n constitucional de designaci¨®n de los vocales, por parte de una o de las dos C¨¢maras, conlleve el bloqueo de funcionamiento de este ¨®rgano constitucional. La soluci¨®n prevista para el caso de que ninguna de las C¨¢maras proceda a la designaci¨®n no es distinta de la que opera en la actualidad; es decir, el Consejo contin¨²a en funciones ejerciendo sus competencias hasta la constituci¨®n del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Admitida esta opci¨®n, ning¨²n reparo de constitucionalidad puede hacerse cuando es una de las C¨¢maras la que incumple su obligaci¨®n de designaci¨®n de vocales¡±.

Con esta teor¨ªa, apoyada por algunos magistrados que todav¨ªa componen el Constitucional, este tribunal no deber¨ªa oponerse a la llegada de los dos magistrados elegidos por el Gobierno aunque el Poder Judicial no logre consensuar antes del 13 de septiembre los dos nombres que le corresponden en este turno.

El Gobierno plane¨® a principios de junio hacer sus dos nombramientos para el Constitucional sin esperar a que el Poder Judicial pudiera hacer los suyos, seg¨²n indicaron a este peri¨®dico fuentes del Ejecutivo. Pero el hecho de que el Gobierno de los jueces tuviera vetada por una reforma legal socialista su capacidad para hacer nombramientos con el mandato caducado, hizo dudar al Ejecutivo, quien decidi¨® que se cambiase m¨ªnimamente la ley para permitir al Poder Judicial hacer esos nombramientos. Solo entonces, el Gobierno retomar¨ªa la iniciativa y podr¨ªa elegir a los dos magistrados sin dudas sobre su validez jur¨ªdica y evitando as¨ª cualquier veto en el Constitucional.