El Tribunal Constitucional cierra el curso con numerosas sentencias pendientes y la incertidumbre sobre su renovaci¨®n

El Tribunal Constitucional ha cerrado el curso hasta septiembre pr¨®ximo con importantes sentencias pendientes de deliberaci¨®n y una gran inseguridad sobre cu¨¢ndo y c¨®mo podr¨¢ dictarlas, a la espera de que se desbloquee su renovaci¨®n. Este escenario es compatible, en todo caso, con que en el propio tribunal exista una percepci¨®n generalizada de fin de etapa. El ¨²ltimo pleno jurisdiccional debi¨® tener lugar el pasado jueves 19, pero fue suspendido porque tanto el presidente, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano como el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y el magistrado Enrique Arnaldo estaban afectados de covid, enfermedad de la que ya se han recuperado.

El cese temporal de actividades del tribunal ha dejado en el caj¨®n fallos tan relevantes como el relativo a la ley del aborto, cuyo borrador de sentencia, preparado desde hace meses, no se ha llevado a pleno para no reabrir heridas en el Constitucional. Ello se debe a que el texto que apoyar¨ªa la actual mayor¨ªa conservadora en ning¨²n caso ser¨ªa respaldado por la minor¨ªa progresista, lo que llevar¨ªa al tribunal a un nuevo episodio de divisi¨®n y fuertes tensiones.

Las discrepancias derivan de que el fallo avalar¨ªa la ley de plazos, pero contendr¨ªa cl¨¢usulas cautelares como el establecimiento de un periodo de reflexi¨®n de la mujer que quisiera abortar. Tambi¨¦n persistir¨ªa tras la resoluci¨®n la exigencia de la autorizaci¨®n de los padres a las menores de 18 a?os que tuvieran la misma voluntad de interrumpir su embarazo, porque este punto no fue recurrido, ya que entr¨® en vigor en virtud de una reforma de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2015. Ninguna de estas medidas cuenta con el respaldo de los magistrados progresistas, que prefieren que el recurso del PP se resuelva cuando el tribunal haya sido renovado y hayan cambiado los equilibrios internos a favor de este sector, que pasar¨ªa entonces a contar con una mayor¨ªa de siete a cinco frente a los conservadores.

La sensaci¨®n de fin de ciclo se traduce en que en ambos sectores del Constitucional se comparte el deseo de que a la vuelta del verano puedan hacerse efectivas las previsiones de la nueva ley aprobada este mes de julio para que el Consejo General del Poder Judicial recupere su capacidad de nombrar a los dos magistrados del tribunal de garant¨ªas que le corresponde designar. El Gobierno, a su vez, tiene intenci¨®n de nombrar en septiembre a los otros dos magistrados que completar¨ªan esta renovaci¨®n, aunque el Consejo ponga dificultades y no acuerde las designaciones que le competen en el plazo legalmente previsto para ello. Dicho plazo termina el pr¨®ximo 13 de septiembre. Y el Senado tendr¨¢ que nombrar al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, quien renunci¨® este mi¨¦rcoles al cargo por motivos de salud, tras el ictus que sufri¨® en agosto del a?o pasado, sin que desde entonces haya podido volver a integrarse en el tribunal.

Tanto los magistrados del sector progresista como los del bloque conservador comparten la esperanza de que los nombramientos del Gobierno y del Poder Judicial puedan acompasarse, a sabiendas de que si no fuera as¨ª el Ejecutivo proceder¨ªa a cumplir su parte, designando a dos nuevos miembros del tribunal. Si se llega a esta situaci¨®n, y s¨®lo resultan nombrados los dos magistrados promovidos por el Ejecutivo, se abrir¨ªa en el Constitucional un nuevo conflicto, ya que hay miembros de los dos sectores del tribunal que consideran que una renovaci¨®n parcial ser¨ªa inconstitucional.

Ello podr¨ªa traducirse en que el Constitucional rechazara las nuevas incorporaciones hasta que pudieran hacerse junto a las del Consejo, de acuerdo con la previsi¨®n constitucional de que las renovaciones deben llevarse a cabo ¡°por tercios¡±. Es decir, de modo que cada una de ellas implique el ingreso de cuatro nuevos magistrados, y no solo de dos.

Con independencia del debate jur¨ªdico sobre esta cuesti¨®n, en ambos sectores del tribunal se comparte el criterio de que solo los cuatro cambios previstos ¡ªentre ellos los de presidente y vicepresidente¡ª permitir¨¢n que el Constitucional pueda recuperar su velocidad de crucero a partir de septiembre. La renovaci¨®n pendiente, en suma, es considerada en el propio ¨®rgano de garant¨ªas como el presupuesto necesario para que el tribunal est¨¦ en condiciones de resolver sin fuertes tensiones sobre el recurso que el PP present¨® contra la ley del aborto hace ya m¨¢s de 12 a?os, en junio de 2010.

Junto a aquel recurso esperan tambi¨¦n sentencia algunas de las leyes m¨¢s importantes de la presente legislatura, impugnadas por el PP y por Vox. Entre ellas figuran la ley de Eutanasia y la reforma educativa de la ley Cel¨¢a, as¨ª como numerosos decretos leyes aprobados durante el mandato del actual Gobierno de coalici¨®n. La mayor¨ªa conservadora del tribunal ya ha anulado algunos de tales decretos con el argumento de que no resultaban urgentes ¡ªcomo exige la ley¡ª, frente al criterio del Gobierno de que las medidas que conten¨ªan eran inaplazables, por ejemplo frente a la pandemia. Tambi¨¦n est¨¢n pendientes importantes recursos en materia parlamentaria, como el relativo a la p¨¦rdida del esca?o por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez, o el presentado contra las f¨®rmulas alternativas de juramento o promesa del cargo por parte de numerosos diputados, al inicio de la legislatura.

En condiciones normales, la mayor parte de los asuntos pendientes de sentencia podr¨ªan estar resueltos desde hace muchos meses, pero el Constitucional ha ido postergando sus decisiones sobre la base de una doble consideraci¨®n. Por una parte, ha querido evitar enfrentamientos como el que provoc¨® la sentencia que anul¨® por inconstitucional la declaraci¨®n del estado de alarma frente a la pandemia, hace un a?o. Y por otra, el tribunal tiene asumido que en la situaci¨®n actual, con un mandato concluido desde el pasado 12 de junio, cualquier resoluci¨®n que se adopte sobre los asuntos pol¨ªticamente m¨¢s sensibles ser¨¢ considerada como consecuencia del incumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la renovaci¨®n pendiente.