El sector conservador mantiene su estrategia de bloqueo a la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene su prop¨®sito de no negociar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional en la reuni¨®n del pleno ordinario del ¨®rgano de gobierno de los jueces, convocada para este jueves. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, dar¨¢ cuenta del informe que ha elaborado el gabinete t¨¦cnico del Consejo para preparar su eventual sustituci¨®n, en el caso de que finalmente dimita. El grupo conservador considera que se trata de un dictamen innecesario y que para nada prejuzga c¨®mo deba organizarse la sucesi¨®n de Lesmes, si renuncia a su cargo ante la falta de acuerdos para renovar el Consejo. Ese bloque centrar¨¢ sus intervenciones en estas cr¨ªticas, y no tiene la menor intenci¨®n de ofrecer nombre alguno como posible candidato a ser designado magistrado del Constitucional, con lo que no existe a priori la menor posibilidad de que las negociaciones avancen y el Poder Judicial cumpla en este pleno el mandato legal de nombrar a dos miembros del tribunal de garant¨ªas.

El objetivo del bloque conservador es tratar de sacar el mayor r¨¦dito posible a la visita que iniciar¨¢ el pr¨®ximo jueves a Espa?a el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. De hecho, dicho grupo se reuni¨® de urgencia el pasado lunes para analizar las perspectivas de los encuentros que mantendr¨¢ Reynders, cuando no ten¨ªan previsto volver a mantener contactos hasta ma?ana, con el fin de preparar el pleno del Poder Judicial. El sector conservador cree que Reynders puede efectuar alg¨²n tipo de advertencia a las autoridades sobre la grave situaci¨®n de la justicia, denunciada por el propio Lesmes en el acto de apertura del a?o judicial.

Para el bloque conservador la renovaci¨®n del Constitucional es solo un cap¨ªtulo m¨¢s de sus reivindicaciones, entre las que incluyen que se nombre tambi¨¦n en el tribunal de garant¨ªas al sustituto del magistrado Alfredo Montoya, quien dimiti¨® el pasado julio por razones de salud. El nombramiento de su sucesor corresponde al Senado, lo que hace necesario el acuerdo con el PSOE, que no se prestar¨¢ a ello hasta que los conservadores permitan a su vez que se renueve el Consejo del Poder Judicial.

Los vocales rebeldes persiguen asimismo que si llegara a haber acuerdo sobre la renovaci¨®n del ¨®rgano del Consejo, fueran sus veinte nuevos miembros quienes eligieran a su presidente, sin indicaci¨®n alguna de PP y PSOE, partidos a los que corresponde negociar la nueva composici¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. El prop¨®sito de dichos vocales, en suma, es dificultar, si no impedir, que el Gobierno logre su objetivo de renovar el Constitucional si en paralelo no se producen concesiones como las descritas, es decir, la designaci¨®n en el Senado de un magistrado conservador que sustituya al dimitido Alfredo Montoya, y la garant¨ªa de que los nuevos vocales del Poder Judicial no estar¨¢n condicionados en la elecci¨®n del presidente del Poder Judicial.

Mientras no se obtengan estas garant¨ªas, es poco probable que se produzca el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponde nombrar al Consejo, salvo que su presidente, Carlos Lesmes, consiga romper el bloque conservador y atraer a alguno de sus vocales. Lesmes lleva tiempo con gestiones peri¨®dicas para convencer a miembros del bloque conservador para que colaboren en la designaci¨®n de los dos candidatos al tribunal de garant¨ªas que puedan obtener un m¨ªnimo de 12 de los 19 que integran actualmente el pleno.

No es imposible que el presidente del Consejo logre sus prop¨®sitos, pero el grupo conservador est¨¢ de hecho en guerra abierta en su contra por la estrategia que ha seguido desde el acto de apertura del a?o judicial. En ese acto Lesmes anunci¨® su voluntad de dimitir si llega a la conclusi¨®n de que la falta de avances en la negociaci¨®n sobre el propio Consejo del Poder Judicial significa que no va a haber acuerdo alguno al respecto entre el Gobierno y el PP, y que la legislatura va a terminar sin que el ¨®rgano de gobierno de los jueces haya sido renovado. Los vocales rebeldes consideran que esta estrategia solo est¨¢ agravando la situaci¨®n y que el presidente del Consejo la ha utilizado para tratar de forzar unos acuerdos que no pueden avanzar por una v¨ªa de presi¨®n, como a su juicio ha sido la de un anuncio de dimisi¨®n que no iba a favorecer soluci¨®n alguna para el pulso que sostienen con el Ejecutivo.

En este sentido, los vocales rebeldes cuestionan no solo que se elaborase el informe del Consejo sobre la eventual sustituci¨®n de Lesmes, si dimite, sino tambi¨¦n que luego ese dictamen se llevara a la Sala de Gobierno del Supremo para que esta efectuara una declaraci¨®n en sinton¨ªa con el dictamen. El sector conservador considera que dicha Sala de Gobierno no debe actuar al margen de las directrices del propio Consejo, cuyo pleno no se ha pronunciado sobre este asunto. Al respecto, fuentes del mencionado bloque citan el art¨ªculo 104.2 de la ley org¨¢nica del Poder Judicial, que establece que las salas de gobierno de los tribunales, y entre ellas la del Supremo, deben ejercer las funciones que tienen atribuidas ¡°con subordinaci¨®n¡± al Consejo del Poder Judicial, lo que en rigor no habr¨ªa sucedido a su juicio en este caso.