Un abogado contra los juicios tard¨ªos

Daniel Bernal conoce bien la sobrecarga de trabajo de los juzgados porque fue monaguillo antes que fraile. O, dicho en t¨¦rminos jur¨ªdicos, fue funcionario (interino) antes que abogado. ¡°Nadie duda de que faltan recursos humanos y materiales, pero, ?alguien se preocupa por el justiciable, que es el que sufre la lentitud?¡±, se pregunta Bernal, convertido en azote de los se?alamientos tard¨ªos. ¡°Cuando veo que a un cliente m¨ªo que lo est¨¢ pasando mal se le cita para 2025 o 2026, me hierve la sangre. No puedo evitarlo, es mi forma de ser¡±.

Bernal es un abogado sevillano que lleva casos m¨¢s bien modestos, pero que con su empe?o ha logrado que el Tribunal Constitucional diga con claridad, por primera vez, que la lentitud de la justicia vulnera un derecho fundamental de los ciudadanos. En particular, el que recoge el art¨ªculo 24.2 de la Constituci¨®n, que reconoce, entre otras cosas, el derecho a ¡°un proceso p¨²blico sin dilaciones indebidas¡±. Para este abogado, la resoluci¨®n ¨Cno esconde que est¨¢ orgulloso de lo logrado- supone ¡°un toque de atenci¨®n a los ¨®rganos competentes¡±. Dice que tendr¨¢ consecuencias, no solo para su caso (la resoluci¨®n ha obligado a acortar los plazos) sino para el sistema, porque en su opini¨®n abre la puerta a que otros colegas recurran tambi¨¦n a esa v¨ªa.

El caso que le llev¨® hasta el Constitucional es el de un estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla. Se le concedi¨® una ayuda de cuatro a?os para preparar su tesis, con el a?adido de que, si pod¨ªa defenderla con ¨¦xito antes de agotar ese plazo, se le ofrecer¨ªa un contrato postdoctoral durante un a?o m¨¢s. ¡°Con gran esfuerzo¡±, dice Bernal, su cliente lo logr¨®. Pero, pese a las promesas vertidas en correos electr¨®nicos, la universidad no le contrat¨®. En junio de 2021, el joven interpuso una demanda laboral en la que ped¨ªa una indemnizaci¨®n por los da?os que le hab¨ªa causado el presunto incumplimiento de contrato. ¡°Perdi¨® dinero y la oportunidad de optar a plazas de profesorado¡±, cuenta el abogado. El juzgado puso fecha para resolver la demanda: noviembre de 2024.

¡°Pod¨ªamos quedarnos de brazos y esperar¡­ o pelear¡±, cuenta Bernal, que se rebel¨® con el apoyo de su cliente, ¡°un luchador nato¡±. Vali¨® la pena. Como consecuencia de la resoluci¨®n del Constitucional, el juzgado de lo social n¨²mero 11 de Sevilla adelant¨® la fecha y el juicio se celebrar¨¢ finalmente el pr¨®ximo 1 de diciembre. ¡°Quiz¨¢ sea el peor abogado del mundo, pero ten¨ªa que hacer lo que estuviera en mi mano para ayudar¡±, dice Bernal, que denuncia las cr¨ªticas que ha recibido en redes sociales de trabajadores de los juzgados; asegura que otros compa?eros no dan el paso ¡°por miedo a represalias¡±.

Pese a la tranquilidad de la que ha hecho gala en muchas cuestiones de calado ¡ªlleva 12 a?os sin ser capaz de pronunciarse sobre la ley del aborto¡ª aqu¨ª el Tribunal Constitucional ha sido r¨¢pido para pronunciarse sobre la vulneraci¨®n de derechos. El plazo dado por el juzgado sevillano (m¨¢s de tres a?os) supera ¡°los tiempos medios de duraci¨®n¡± de los procesos del ¨¢mbito social. Esa demora es constitutiva de ¡°una dilaci¨®n indebida¡±, seg¨²n la resoluci¨®n, que ve vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Los magistrados recuerdan que se trataba de un asunto sin complejidad alguna, pero con un ¡°impacto muy significativo en la vida laboral¡± del afectado, que de entrada se queda en el paro ¡°y sin la que hasta entonces ven¨ªa siendo su fuente de ingresos¡±.

El juzgado aleg¨® lo que siempre se alega en estos casos: carencia de medios personales y materiales que le abocan a una sobrecarga de trabajo ¡°permanente o estructural¡±, lo que le impide dar una fecha en un plazo razonable. Puede que no le falte raz¨®n, pero eso no importa, dice el tribunal, que invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para echar un capote al que espera y desespera: ¡°El ciudadano es ajeno a estas circunstancias¡±.