El Constitucional anuncia para este jueves un pleno ¡°extraordinario y urgente¡± para decidir si paraliza la reforma del Gobierno para renovar el tribunal

El sector conservador del Tribunal Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de paralizar la tramitaci¨®n de la reforma legal que este jueves se debe votar en el Congreso para facilitar el desbloqueo del propio tribunal de garant¨ªas. Los conservadores tienen mayor¨ªa de 6 a 5 en el pleno, que va a reunirse esta ma?ana a partir de las diez para deliberar sobre el recurso presentado por el PP contra las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y Unidas Podemos contra los cambios normativos que persiguen la renovaci¨®n del Constitucional, cuyo mandato termin¨® el pasado 12 de junio. No hay precedentes que se recuerden en el tribunal de una medida cautelar¨ªsima con la que se pretenda paralizar la votaci¨®n de una proposici¨®n de ley en el Congreso. El Constitucional se neg¨® por siete votos a cinco a paralizar la tramitaci¨®n del Plan Ibarretxe antes de que fuera aprobado en el Parlamento vasco.

El recurso hab¨ªa correspondido a la secci¨®n segunda de la Sala Segunda del tribunal, en la que conservadores y progresistas est¨¢n empatados a 3 votos. Ello significa que el presidente de la Sala dirime. El presidente de dicha Sala es Juan Antonio Xiol, del grupo progresista. Sin embargo, no va a ser esta Sala la que resuelva la impugnaci¨®n, sino que lo har¨¢ el pleno del tribunal, al que el presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, decidi¨® avocar la solicitud de amparo del PP, seg¨²n le comunic¨® a Xiol, que no se opuso a ello.

Gonz¨¢lez-Trevijano ha informado mediante una nota a los magistrados del Constitucional del registro del recurso de amparo del PP y de que la ponencia de resoluci¨®n de ese recurso ha correspondido a Enrique Arnaldo (magistrado llegado al tribunal precisamente a propuesta del PP). El pleno cuenta con dos informes de los letrados del tribunal. Uno procede del letrado experto en amparos parlamentarios, quien estima que la cautelar debe rechazarse. Otro, encargado por el ponente, Enrique Arnaldo, no se opone a adoptar dicha medida. El informe contra la cautelar¨ªsima es del secretario general adjunto del tribunal, Juan Carlos Duque, letrado del Parlamento de Asturias, ahora en comisi¨®n de servicios en el Constitucional. Y el informe que deja la puerta abierta a la cautelar¨ªsima es del letrado del tribunal Herminio Losada, adscrito a Enrique Arnaldo.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado que los preceptos recurridos son las enmiendas 61 y 62 presentadas por el Grupo Socialista y por Unidas Podemos. La primera modifica la ley del Poder Judicial, rebajando las mayor¨ªas necesarias en el Consejo General del Poder Judicial para designar a magistrados del Constitucional: ya no se exigir¨¢ un apoyo de tres quintos de los vocales del CGPJ, sino que ser¨¢n autom¨¢ticamente elegidos los candidatos que obtengan m¨¢s votos. El PP considera que esa propuesta vulnera el art¨ªculo 159.1 de la Constituci¨®n, y que la mayor¨ªa de tres quintos ha sido ¡°exigida expresamente a las C¨¢maras para garantizar la independencia de los magistrados [del Constitucional] y asumida pac¨ªficamente durante cuatro d¨¦cadas¡±. Tambi¨¦n ha subrayado Gamarra que en dicho texto ¡°se limitan las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo¡±.

La segunda enmienda recurrida modifica la ley del Tribunal Constitucional, eliminando la potestad que ahora tiene el tribunal de dar el pl¨¢cet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados (los que designa el CGPJ, los que nombra el Gobierno y los que corresponden al Parlamento). El PP estima que ello ¡°supone un atentado frente a la independencia y autonom¨ªa del Constitucional¡±. Por ¨²ltimo, la propuesta del Gobierno habilita la posibilidad de que el Ejecutivo nombre a sus dos magistrados sin esperar a que tambi¨¦n lo haga el Poder Judicial, lo que los populares consideran que contraviene de manera clara el art¨ªculo 159.3 de la Constituci¨®n, que dispone que el Constitucional ser¨¢ renovado por tercios (es decir, por bloques de cuatro magistrados) cada tres a?os.

El PP, en todo caso, formalizar¨¢ el recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa legal del Gobierno m¨¢s adelante. En este momento, lo que impugna es el procedimiento seguido para el cambio legislativo: la introducci¨®n de esas enmiendas sobre el Tribunal Constitucional en una norma que nada tiene que ver con eso ¡ªla propuesta de reforma del C¨®digo Penal¡ª y con un tr¨¢mite de urgencia. Gamarra ha afirmado que ¡°las enmiendas suponen un atentado a la separaci¨®n de poderes, una quiebra grave del Estado de derecho¡±, y que ¡°son indiscutiblemente incompatibles con la Constituci¨®n¡±.

Los populares reclamaron al Congreso que la proposici¨®n de ley del PSOE y Unidas Podemos siguiera el curso de un procedimiento ordinario, que se recabasen todos los informes pertinentes de organismos asesores y que se abriese un turno de consultas a altas instancias jur¨ªdicas del Estado. El recurso de amparo considera que se ha vulnerado el ius in officium de los parlamentarios del Grupo Popular, es decir, que se han lesionado sus derechos de participaci¨®n pol¨ªtica.

¡°Estamos en un momento excepcional, en el que se vulneran los derechos fundamentales de los diputados. Por tanto, se necesitan medidas excepcionales¡±, ha argumentado Cuca Gamarra en declaraciones en el Congreso. La portavoz del PP sostiene que la tramitaci¨®n legislativa que se est¨¢ llevando a cabo supone un ¡°ataque al orden constitucional y al Estado de derecho¡± y que las enmiendas de los grupos del Gobierno est¨¢n afectadas de ¡°inconstitucionalidad manifiesta¡±. Los populares esperan que el Constitucional resuelva antes del pleno de ma?ana que se celebra en el Congreso.