El PP tambi¨¦n us¨® la v¨ªa de enmiendas para frenar el Plan Ibarretxe y recibi¨® la censura del Constitucional

El PP ha tachado de ¡°ataque al orden constitucional y al Estado de derecho¡± la tramitaci¨®n de la reforma legal para facilitar el desbloqueo del Tribunal Constitucional por la v¨ªa de dos enmiendas a la proposici¨®n de ley sobre el delito de sedici¨®n. Sin embargo, el PP ha incurrido en el pasado exactamente en las mismas pr¨¢cticas legislativas contra las que ahora reacciona con la m¨¢xima indignaci¨®n. Hasta el punto de que el precedente jurisprudencial que puede utilizar ahora el tribunal de garant¨ªas para darle la raz¨®n al PP en su recurso de amparo es por una actuaci¨®n del PP. Se trata de una sentencia del Constitucional del a?o 2011, que dio la raz¨®n a un grupo de senadores socialistas que hab¨ªa recurrido en amparo porque el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar tipific¨® en el a?o 2003 un nuevo delito de convocatoria de refer¨¦ndums ilegales utilizando una enmienda a la Ley de Arbitraje, que nada ten¨ªa que ver, en el Senado. La direcci¨®n popular recibi¨® este jueves con frustraci¨®n que el tribunal de garant¨ªas haya aplazado la decisi¨®n sobre su recurso de amparo hasta el lunes, aunque en la c¨²pula eran conscientes de que era muy dif¨ªcil que el tribunal frenara la votaci¨®n en el Congreso.

En noviembre del a?o 2003, el Consejo de Ministros de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® una acelerada reforma del C¨®digo Penal para frenar el Plan Ibarretxe. El Ejecutivo de Aznar tipific¨® un nuevo delito de convocatoria ilegal de refer¨¦ndum en virtud de la cual el entonces lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, podr¨ªa ser condenado a penas de tres a cinco a?os de c¨¢rcel y entre seis y diez a?os de inhabilitaci¨®n absoluta si decid¨ªa convocar el refer¨¦ndum sobre su plan soberanista, como hab¨ªa anunciado. A su vez, el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, tambi¨¦n del PNV, podr¨ªa ser condenado con penas de tres a cinco a?os de prisi¨®n por subvencionar con fondos p¨²blicos al grupo parlamentario de la disuelta Batasuna. El Gobierno de Aznar tramit¨® entonces aquella reforma del C¨®digo Penal a trav¨¦s de una enmienda del Grupo Popular del Senado a la Ley Org¨¢nica de Arbitraje, que entr¨® en el Bolet¨ªn Oficial del Estado antes de fin de aquel a?o.

El PSOE recurri¨® en amparo y el Constitucional fall¨® ocho a?os despu¨¦s, en la sentencia 119/2011 de 5 de julio de 2011, d¨¢ndole la raz¨®n a los socialistas. Ese fallo es el precedente jurisprudencial m¨¢s claro de la deliberaci¨®n que va a abrir ahora el tribunal de garant¨ªas sobre la reforma legal del Gobierno de Pedro S¨¢nchez para facilitar la renovaci¨®n del propio tribunal. En aquella sentencia, el Constitucional argument¨® que ¡°con la admisi¨®n a tr¨¢mite como enmiendas de unas propuestas de modificaci¨®n del C¨®digo penal que no guardaban relaci¨®n material alguna con el contenido de la Ley de arbitraje remitida por el Congreso de los Diputados, los recurrentes vieron restringidas sus posibilidades de deliberaci¨®n sobre un nuevo texto que planteaba una problem¨¢tica pol¨ªtica por completo ajena a la que hasta el momento hab¨ªa rodeado al debate sobre la Ley de arbitraje, frente a la que no pudieron tomar una postura que se concretase en propuestas de enmienda o veto¡±. El alto tribunal decidi¨®, en consecuencia, declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Senado por los que se admitieron a tr¨¢mite las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley Org¨¢nica complementaria de la Ley de arbitraje.

El PP pone el grito en el cielo ante un procedimiento legislativo que fue utilizado por otros Gobiernos del PP, aunque efectivamente fue censurado por el Constitucional. Fuentes de la direcci¨®n popular argumentan que la diferencia es la finalidad, porque entonces Aznar trataba de endurecer la ley contra las ambiciones soberanistas de Ibarretxe, y ahora S¨¢nchez hace lo contrario con los independentistas catalanes. Pero el debate por el que el PP ha acudido en amparo al tribunal de garant¨ªas en esta primera fase tiene que ver con el procedimiento legislativo, que fue id¨¦ntico en uno y otro momento.

En la c¨²pula popular recibieron con frustraci¨®n este jueves la decisi¨®n del Constitucional de aplazar su decisi¨®n al lunes y, por tanto, no paralizar la votaci¨®n en marcha en el Congreso de los Diputados sobre la ley de sedici¨®n, una situaci¨®n que habr¨ªa resultado ins¨®lita en democracia. En la direcci¨®n ve¨ªan de antemano complicado que el tribunal decidiera aceptar su petici¨®n de medidas cautelar¨ªsimas, pero habr¨ªan estado perfectamente c¨®modos si as¨ª hubiera sucedido, ante el ¡°atropello a la justicia¡± que observan por parte del Gobierno. En G¨¦nova la decisi¨®n del Constitucional no sent¨® nada bien, y fuentes de la c¨²pula lamentaban en privado tras conocer la noticia que el tribunal ¡°se ha reunido para decidir que no se mojan¡±. El PP espera que el tribunal termine d¨¢ndole la raz¨®n, pero teme que sea lento y no les sirva para liderar la acci¨®n pol¨ªtica.

Con todo, en la c¨²pula del PP est¨¢n satisfechos con este movimiento que les ha permitido recuperar la iniciativa en un marco en el que ha cogido vuelo Vox al promover una moci¨®n de censura. Pero aunque en el corto plazo el PP haya ganado la t¨¢ctica a la extrema derecha, todav¨ªa queda partido. Tras el tens¨ªsimo debate de este jueves en el Congreso, la diputada del PP Cayetana ?lvarez de Toledo defendi¨® en los pasillos que, de acuerdo al discurso del PP, que considera esta situaci¨®n un ataque a la democracia, lo l¨®gico ser¨ªa no quedarse en un recurso a los tribunales, sino que Alberto N¨²?ez Feij¨®o lidere una moci¨®n de censura contra Pedro S¨¢nchez.