Un choque entre poderes sin precedentes con muchos antecedentes
Gobiernos del PP y del PSOE han utilizado decenas de veces enmiendas para modificar leyes sin relaci¨®n y lo han recurrido al Constitucional en cuanto pasan a la oposici¨®n
Nadie recuerda en el Congreso, ni tampoco en el Gobierno, un choque institucional y p¨²blico entre los principales poderes del Estado del nivel, la complejidad, el ruido y la incertidumbre que el registrado este jueves durante el debate y la aprobaci¨®n de una serie de enmiendas para reformar unos art¨ªculos del C¨®digo Penal y la ley que regula el sistema de elecci¨®n de Tribunal Constitucional, cuando ese ¨®rgano e...
Nadie recuerda en el Congreso, ni tampoco en el Gobierno, un choque institucional y p¨²blico entre los principales poderes del Estado del nivel, la complejidad, el ruido y la incertidumbre que el registrado este jueves durante el debate y la aprobaci¨®n de una serie de enmiendas para reformar unos art¨ªculos del C¨®digo Penal y la ley que regula el sistema de elecci¨®n de Tribunal Constitucional, cuando ese ¨®rgano estuvo a punto de impedir siquiera el debate de esas iniciativas en el pleno. No hay ning¨²n precedente pol¨ªtico asimilable, y por eso se mencion¨® tanto la intentona armada del golpe de Estado del 23-F del coronel Antonio Tejero. Lo que s¨ª hay son muchos antecedentes del uso y abuso de los Gobiernos del PP y el PSOE de enmendar y corregir leyes con enmiendas en proyectos sin ninguna relaci¨®n, de amenazas y recursos por ello ante el Constitucional y, por supuesto, de leyes o decretos ¨®mnibus, esos cajones de sastre legislativos en los que vale casi todo.
En la resaca del tormentoso pleno del jueves, en el Congreso y en los partidos se ha impuesto un periodo de tensa espera hasta conocer c¨®mo se desarrolla a partir del lunes el segundo asalto de esta confrontaci¨®n que en principio era pol¨ªtica y partidista, entre el Gobierno de coalici¨®n, sus socios y la oposici¨®n de derechas por la urgencia de una serie de reformas legislativas, y ahora se ha extendido al ¨¢mbito judicial al m¨¢ximo nivel, con la implicaci¨®n del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.
El Constitucional, efectivamente, nunca hab¨ªa amenazado con parar un debate y una votaci¨®n de unos cambios legales promovidos por un Gobierno leg¨ªtimo, con el apoyo de sus socios parlamentarios. Ese antecedente es el que desat¨® las alarmas democr¨¢ticas del Ejecutivo y de sus formaciones aliadas. Los tr¨¢mites de urgencias y ultraurgencias, los atajos legales y reglamentarios, la acumulaci¨®n de proyectos en un pleno, la utilizaci¨®n de las enmiendas para corregir errores en leyes sobre otras materias o para colar demandas de ¨²ltima hora de otros socios se han producido siempre.
El pol¨¦mico pleno del jueves estaba previsto en principio para sustituir en el C¨®digo Penal v¨ªa enmienda el delito de sedici¨®n por el de des¨®rdenes p¨²blicos agravados y beneficiar as¨ª a una serie de l¨ªderes independentistas catalanes condenados o fugados por el proc¨¦s. Ni el Gobierno ni el presidente, Pedro S¨¢nchez, ocultan que su estrategia de fondo es superar por la v¨ªa pol¨ªtica los enfrentamientos y procesos judiciales con los que se abordaba en el pasado reciente la cuesti¨®n catalana. Al final, sin embargo, entraron 11 enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos, y en ese paquete se modific¨® el delito de malversaci¨®n, se introdujo otro nuevo y se retoc¨® la ley del Poder Judicial para acotar m¨¢s y mejor el m¨¦todo de elecci¨®n de candidatos al Constitucional cuando los vocales del CGPJ no cumplen con ese mandato en tres meses. Ese proceso, adem¨¢s, se aceler¨® en apenas una semana, un r¨¦cord de velocidad absolutamente inusual en las Cortes.
PP, Vox y Ciudadanos denunciaron ese procedimiento y comenzaron a hablar de atropello, asalto, conato de autogolpe y subversi¨®n de la democracia. A varios partidos aliados habituales del Ejecutivo tampoco les agradan nada esos m¨¦todos, ni las prisas de ¨²ltima hora del Gobierno, pero los asumieron ante la relevancia que deber¨ªa conllevar en el desbloqueo de los ¨®rganos constitucionales, frenados por el PP y los sectores conservadores de la Justicia.
Algunos dirigentes de esas formaciones, como Carlos Rojas, portavoz adjunto del grupo popular, y El¨ªas Bendodo, coordinador general del PP, enfatizaron que se hab¨ªa tratado de uno de los peores d¨ªas de la democracia por modificar hasta cuatro leyes ¡°de una tacada¡± y sin seguir los procedimientos.
El presidente, Pedro S¨¢nchez, y varios portavoces socialistas rebatieron esa acusaci¨®n y se?alaron que en todos los casos se hab¨ªa actuado conforme al reglamento de las Cortes. Y antecedentes similares hay muchos y con todo tipo de gobiernos.
En la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2015 y con mayor¨ªa absoluta, aquel Gobierno vari¨® hasta 18 leyes con ese sistema y de todo clase e importancia. En junio de 2013 lo hizo para modificar precisamente en la ley org¨¢nica del Poder Judicial los derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a y su integraci¨®n social. En julio de 2014, el tema que se recondujo, a trav¨¦s de dos enmiendas a la ley de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico, fue para garantizar el aforamiento de los Reyes em¨¦ritos, la reina Letizia y la princesa de Asturias tras la abdicaci¨®n de Juan Carlos I, con un nuevo art¨ªculo en la ley del Poder Judicial (el 55 bis). El PSOE en la oposici¨®n se abstuvo y cuestion¨® esa f¨®rmula porque limitaba el debate y daba la impresi¨®n de que aquel Ejecutivo trataba de ocultar algo o proteger a personas concretas.
En septiembre de 2018, el grupo socialista registr¨® en el Congreso una enmienda a una reforma de la ley del Poder Judicial para mejorar la formaci¨®n de los jueces en la lucha contra la violencia machista para meter ah¨ª un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria y eliminar la capacidad de veto del Senado, controlado entonces por el PP.
Hay muchos casos semejantes y de aprovechamiento de plenos para acumular proyectos y sacarlos en v¨ªsperas de vacaciones de verano o de Navidades. Suelen ser plenos escoba con leyes ¨®mnibus. Va a suceder esta semana en el Congreso y el Senado con casi una decena de proyectos y le pas¨® al PP, por ejemplo en julio de 2014, cuando retoc¨® con un macrodecreto hasta 26 leyes en vigor, entre ellas la gesti¨®n del Registro Civil o la privatizaci¨®n de AENA. La entonces portavoz socialista, Soraya Rodr¨ªguez, anunci¨® ante semejante ¡°barbaridad, desastre y chapuza legislativa¡± que lo recurrir¨ªan al Constitucional y as¨ª lo hicieron. Y toda la oposici¨®n atac¨® al PP ¡°por socacar las funciones del Parlamento al impedir un debate a fondo¡±. Algunos partidos se ausentaron de las votaciones, como sucedi¨® este jueves.
?mnibus y la ¡°heterogeneidad¡±
El Tribunal Constitucional ha fijado criterio al respecto con varias sentencias donde subraya que ¡°la heterogeneidad¡± de ese tipo de procedimientos ¨®mnibus ¡°no est¨¢ per se proscrita, por contener preceptos en muchas materias y sectores, por muy desaconsejable que tal pr¨¢ctica parezca t¨¦cnicamente¡±.
El PP ya intent¨® esta semana, primero en la comisi¨®n de Justicia y luego en la Junta de Portavoces, paralizar la reforma sobre la elecci¨®n para el TC aludiendo a informes de los letrados que consideran improcedente ese tipo de usos con correcciones en otras normas. Cuando los partidos de la derecha le plantearon ese debate el martes al secretario general de la C¨¢mara, el m¨¢s alto funcionario de las Cortes lo rechaz¨® por no proceder de un ¨®rgano oficial del Congreso, Mesa de la comisi¨®n o general, sino de unos partidos concretos y la mayor¨ªa de los representantes pol¨ªticos presentes descartaron la elaboraci¨®n de un informe t¨¦cnico espec¨ªfico al respecto.