La tercera C¨¢mara

El fondo de la disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el poder legislativo ha quedado dram¨¢ticamente en evidencia, por muchos esfuerzos que haga el PP para vincular la resoluci¨®n con la propuesta de modificaci¨®n del C¨®digo Penal. Lo ha puesto de manifiesto el hecho que el Senado haya decidido continuar con la votaci¨®n de los acuerdos del Congreso, entre los que figura la modificaci¨®n de la sedici¨®n y de la malversaci¨®n, y lo ha rematado la torpeza, que ya empieza a ser habitual, de Alberto N¨²?ez Feij¨®o al proponer al Gobierno negociar la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Constitucional, si el Ejecutivo acced¨ªa a paralizar la reforma del C¨®digo Penal. As¨ª que iba de esto, de evitar a todas costa que se pudiese desbloquear el nombramiento de aquellos miembros que vinieran a substituir a los que tienen su mandato caducado, tanto en el ¨®rgano de gobierno de la judicatura como en el alto tribunal.

Los esfuerzos del Gobierno y de los medios no afines al PP, recordando a los populares su deber constitucional de no entorpecer el natural funcionamiento de los ¨®rganos constitucionales va a caer en saco roto otra vez. Es m¨¢s, vamos a seguir oyendo como Feij¨®o y los suyos se atribuyen un papel de vigilancia de los preceptos constitucionales frente a un Gobierno al que siempre se le va a presentar como sospechoso de deslealtad a la Constituci¨®n. La desesperaci¨®n de acad¨¦micos y de simples dem¨®cratas aumenta en paralelo al cinismo de los portavoces del primer partido de la oposici¨®n, erigidos en adalides del texto de 1978 que ellos mismos incumplen de forma reiterada.

Har¨¢ bien el Gobierno de guardarse de promover nuevos intentos para atraer al PP al respeto constitucional, puesto que el objetivo de los populares ya ha quedado del todo al descubierto: su intenci¨®n es la de preservar a toda costa el equilibrio favorable en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial. En este sentido, hay que admitir que la derecha es coherente con su voluntad de tener en el entramado institucional un ¨®rgano que le sea permanentemente fiel, y desde el cual poder dominar el proceso pol¨ªtico, aun no disponiendo del respaldo electoral para hacerlo.

Ya en la discusi¨®n constitucional, los grupos de la derecha abogaron por el mantenimiento de una C¨¢mara alta, que hiciera de contrapeso al Congreso de los Diputados, como muchas de las segundas c¨¢maras de los reg¨ªmenes parlamentarios del siglo XIX, que actuaban como amortiguadores de las veleidades de las c¨¢maras de representaci¨®n popular. La f¨®rmula que se defini¨® para la elecci¨®n del actual Senado, mayoritaria en circunscripciones provinciales, con un n¨²mero igual de senadores (cuatro) por cada circunscripci¨®n, con la excusa de la representaci¨®n territorial, ten¨ªa como objetivo final la perpetuaci¨®n de una mayor¨ªa conservadora, incluso en el hipot¨¦tico caso de que hubiese una mayor¨ªa de izquierdas en el Congreso. Los representantes de la izquierda en la ponencia constitucional aceptaron ese Senado a cambio de convertirlo en una c¨¢mara hueca, sin atribuciones.

Sin una segunda c¨¢mara que actuara como reserva vigilante y agente limitador, los conservadores hace tiempo que encontraron en el Tribunal Constitucional un ¨®rgano que pod¨ªa actuar como una tercera C¨¢mara. Para ello se ha dotado al TC de instrumentos propios de un ¨®rgano legislativo y, con la excusa del conflicto territorial, ha ido tomando cada vez m¨¢s un papel de actor pol¨ªtico que va mucho m¨¢s all¨¢ del de un mero int¨¦rprete de la Constituci¨®n. Esta deriva ha ido acompa?ada de un permanente menoscabo de los mandatos constitucionales en lo referente a su renovaci¨®n, con el objetivo nada disimulado de servir a la estrategia pol¨ªtica del PP cuando este se encuentra en la oposici¨®n en las dos c¨¢maras legislativas. S¨®lo hace falta recordar que el Estatuto de Catalu?a fue discutido y sentenciado por un Constitucional que guarda muchas similitudes con su configuraci¨®n actual: tres miembros con el mandato caducado, un difunto no renovado y un recusado ad hoc para preservar la ventaja del sector conservador. De esos polvos¡­