Salvar al Constitucional

De la crisis institucional vivida en nuestro pa¨ªs en las ¨²ltimas semanas, hay un ¨®rgano claramente herido: el Tribunal Constitucional (TC), parad¨®jicamente, a causa de su inesperada y fulminante decisi¨®n de suspender la tramitaci¨®n parlamentaria de dos enmiendas, auspiciadas por el Gobierno, al proyecto de reforma del C¨®digo Penal sobre una materia distinta a la penal: el modo de elegir a dos magistrados del TC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Detr¨¢s de la inmediata aceptaci¨®n por el Tribunal Constitucional de la medida suspensiva solicitada por el Partido Popular ¨Cmedida sin precedentes por su contenido y por su celeridad¨C se ve clamorosamente una contienda en la que gan¨® quien quer¨ªa que el debate parlamentario sobre la citada enmienda se paralizase.

De ese modo ha emergido con estruendo una confrontaci¨®n entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional. O sea, la peor imagen que este ¨²ltimo puede dar. Su naturaleza de ¨®rgano constitucional, de igual rango, pero distinta naturaleza a los dem¨¢s (jefe del Estado, Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial), se ha diluido al comportarse, se quiera o no, como una tercera C¨¢mara alineada con un partido pol¨ªtico. Esa es la percepci¨®n real por encima de tecnicismos forzados.

Con ello, se han destruido los grandes principios sobre los que se construye un tribunal constitucional: la imparcialidad y la independencia de sus miembros. Sin pudor, los medios describen al Tribunal Constitucional como un ¨®rgano dividido en dos grupos: los ¡°conservadores¡± y los ¡°progresistas¡±, con disciplina de voto, como si fuese una asamblea pol¨ªtica.

Aunque el asunto se ha desbloqueado una vez que el CGPJ ha designado a sus dos magistrados, la situaci¨®n es preocupante porque el Tribunal Constitucional es clave de b¨®veda de la arquitectura pol¨ªtica del Estado espa?ol. Los tribunales constitucionales nacieron hist¨®ricamente, empezando por el de EEUU, para hacer eficaz el predominio normativo de la Constituci¨®n en el ordenamiento jur¨ªdico. En el caso de Espa?a, como en Alemania, Italia o Austria, los tribunales constitucionales son una reacci¨®n contra una experiencia dictatorial. La Constituci¨®n surge para hacer imposible la involuci¨®n antidemocr¨¢tica y, para asegurar que la Constituci¨®n se aplica, se crea un ¨®rgano neutral que la defienda, el Tribunal Constitucional.

Esto establece una limitaci¨®n a una soberan¨ªa irrestricta del legislador. Pero, a la vez, obliga al Tribunal de garant¨ªas a medir escrupulosamente y con sentido de Estado su naturaleza de ¡°legislador negativo¡± que controla al poder legislador del Parlamento. El poderoso Tribunal Constitucional ha de saber administrar sus potestades con mesura e independencia de criterio.

El Tribunal espa?ol ha mantenido desde su nacimiento una auctoritas siempre respetada por su indudable aportaci¨®n a la direcci¨®n del Estado. Algo no f¨¢cil dada la gran potencia y amplitud de sus atribuciones: control de la constitucionalidad de las leyes y los Estatutos de Autonom¨ªa, ¨¢rbitro de las competencias del Estado y las Comunidades Aut¨®nomas y garante de los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Adem¨¢s del poder de ejecutar sus propias resoluciones (Ley 15/2015).

Tal prestigio y respetabilidad ha tenido dos momentos de riesgo. El primero, despu¨¦s de la sentencia sobre el Estatut, en mi opini¨®n err¨®nea jur¨ªdicamente y sin calcular sus consecuencias pol¨ªticas, origen del proc¨¦s.

El segundo, el que ha desencadenado la decisi¨®n reciente de interrumpir el proceso legislativo en Congreso y Senado. La discrepancia aguda entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional, ins¨®lita en nuestra historia reciente, no ha sido tan negativa por la oposici¨®n patente entre instituciones como porque tuvo su base en una lucha partidista. Una lucha que arranca en el a¨²n no renovado Consejo General del Poder Judicial, y termina por proyectarse en el Tribunal Constitucional, contamin¨¢ndolo pol¨ªticamente y, con ello, debilitando la fortaleza y estabilidad atesorada por ¨¦ste durante cuatro d¨¦cadas. Es un hecho que tiene su l¨®gica. Si la polarizaci¨®n pol¨ªtica de partidos se extrema, esa tensi¨®n puede terminar por romper la frontera del poder pol¨ªtico con un Tribunal que ha de mantener intacta su autoridad y sus l¨ªmites respecto a la esfera estrictamente partidaria. Pues bien, esa frontera se ha roto, al menos transitoriamente.

Por eso me parece tan inquietante el momento por el que atraviesa el Tribunal. Si se le pierde el respeto pol¨ªtico, se perder¨¢ el jur¨ªdico, con las consecuencias impredecibles que eso originar¨ªa. Su capacidad de anular leyes o decisiones no legislativas de las instituciones parlamentarias no deber¨ªa ser puesta en cuesti¨®n. Porque ello arrastrar¨ªa a la autoridad de la propia Constituci¨®n democr¨¢tica. Por esa raz¨®n, es imprescindible restaurar de inmediato el papel central y aut¨®nomo que el Tribunal Constitucional tiene atribuido por la propia Constituci¨®n.

A mi juicio, despu¨¦s de la toma de posesi¨®n de los cuatro nuevos magistrados, hay al menos tres decisiones que adoptar, a corto y medio plazo, para que el Tribunal Constitucional no deje de ser lo que siempre ha sido, una referencia suprema e inatacable del ordenamiento jur¨ªdico-pol¨ªtico espa?ol.

Ante todo, la restituci¨®n de su naturaleza de ¨®rgano constitucional no partidista, por medio de una inmediata recuperaci¨®n plena de su potestad en la defensa de la Constituci¨®n basada en la imparcialidad e independencia.

En segundo lugar, retornar a una din¨¢mica de di¨¢logo y consenso interno en el seno del Tribunal, que se gu¨ªe por criterios jur¨ªdicos y no pol¨ªticos. Una tarea que deber¨ªa estar en el pensamiento de quien ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional.

Y en tercer lugar, para el futuro, hacer que los acuerdos de nombramiento de magistrados firmados por las fuerzas parlamentarias abandonen la preocupaci¨®n por nombrar a personas que sintonicen pol¨ªticamente y, en vez de ello, tiendan a la objetividad y la solvencia profesional de quienes van a incorporarse en una de las instituciones m¨¢s relevantes del Estado espa?ol, y del conjunto de instituciones de los pa¨ªses miembros de la Uni¨®n Europea. Para ello, una reforma de la Ley Org¨¢nica del TC debiera impedir la designaci¨®n como magistrados o magistradas a quienes hayan ocupado cargos pol¨ªticos en un per¨ªodo de tiempo anterior determinado.

En ¨²ltima instancia, la utilizaci¨®n partidista del Tribunal Constitucional no favorece a ninguna fuerza pol¨ªtica. La decadencia de la autoridad del Tribunal terminar¨ªa por degradar la de los dos grandes partidos con experiencia de gobierno y, por tanto, al conjunto del sistema constitucional democr¨¢tico espa?ol.