El PP pone bajo sospecha el nuevo Constitucional de mayor¨ªa progresista

El 9 de enero, cuando tomen posesi¨®n los cuatro magistrados a los que el pleno del tribunal de garant¨ªas dio el jueves el pl¨¢cet por unanimidad, echar¨¢ a andar el nuevo Tribunal Constitucional de mayor¨ªa progresista (siete magistrados frente a cuatro). Y lo har¨¢ bajo sospecha, seg¨²n el PP, que amenaza con actuar contra dos de sus miembros: el exministro del Gobierno actual Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ejecutivo Laura D¨ªez Bueso, ambos juristas y elegidos a propuesta del Gobierno. Su perfil es ¡°obscenamente partidista¡±, seg¨²n expuso el jueves Alberto N¨²?ez Feij¨®o. El PP medita la opci¨®n de recurrir el acto administrativo de su nombramiento y tambi¨¦n cuenta con la posibilidad de recusarlos en todas las deliberaciones sobre leyes del Gobierno de Pedro S¨¢nchez que la derecha ha recurrido al Constitucional. La amenaza del PP anticipa una etapa turbulenta en el nuevo mandato del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n.

El PP pone en el punto de mira a este Constitucional que tras nueve a?os de mayor¨ªa conservadora pasa ahora a una progresista. Los populares se agarran al perfil de dos de los magistrados, los nombrados a propuesta del Gobierno, para dudar sobre el ¨®rgano. ¡°La imparcialidad del Tribunal Constitucional la pone en entredicho el Gobierno¡±, subrayan fuentes de la c¨²pula del PP. ¡°Sab¨ªan que metiendo a un exministro sembraban dudas en el sistema. Lo pod¨ªan haber evitado, y no han querido¡±, remachan.

Los populares anticipan nuevos cap¨ªtulos de la batalla que libran con el Ejecutivo por la justicia, embarrada como consecuencia del bloqueo del PP a la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cuatro a?os. Apenas unos minutos antes de que el pleno del Constitucional confirmara el jueves por unanimidad que estos dos juristas y ex altos cargos del Ejecutivo cumplen los requisitos para convertirse en magistrados, Feij¨®o reclam¨® al Gobierno que los retirara. Despu¨¦s amenaz¨® con actuar en su contra: ¡°En el caso de que sigamos observando que estos dos nombramientos escandalosamente partidistas en el Constitucional se consoliden y se confirmen, nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y para defender nuestra postura de regeneraci¨®n institucional¡±.

Fuentes de la direcci¨®n del partido precisaron que una de las v¨ªas posibles es denunciar estos nombramientos ante las instituciones comunitarias, pero tambi¨¦n hay f¨®rmulas jur¨ªdicas porque el nombramiento es un acto administrativo y, por tanto, entienden que es recurrible. El recurso puede presentarse ante el Tribunal Supremo, pero este solo puede analizar los aspectos reglados, esto es, si por ejemplo el exministro de Justicia Juan Carlos Campo tiene o no los a?os de ejercicio requeridos para el cargo, algo que el Constitucional ya ha validado. PP y Vox recurrieron, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras haber sido antes ministra de Justicia, pero el Supremo inadmiti¨® sus recursos por falta de legitimaci¨®n.

El PP cuenta con la posibilidad de recusar a estos dos magistrados para apartarlos de las deliberaciones sobre leyes del Gobierno, varias de las cuales ¨Dcomo la ley del solo s¨ª es s¨ª, la de la eutanasia o la de educaci¨®n¨D han sido recurridas por la derecha ante el Constitucional. Fuentes del partido confirman que esta es una de las opciones a su alcance, pero esperan que Campo y D¨ªez Bueso se abstengan de participar en esas votaciones con car¨¢cter previo.

Aunque es la primera vez que un exministro del Gobierno que lo propone recala en el Constitucional, el PP ha designado en el pasado a candidatos tambi¨¦n muy marcados pol¨ªticamente, como Andr¨¦s Ollero (2011), exdiputado popular y antiabortista declarado a quien le toc¨® la ponencia de la ley de plazos del aborto que nunca se lleg¨® a aprobar; o Enrique L¨®pez, ariete contra el Ejecutivo cuando fue elegido vocal del CGPJ por el PP, que entr¨® en el Constitucional por el cupo del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Tambi¨¦n Enrique Arnaldo, letrado en Cortes y jurista de cabecera de FAES, la fundaci¨®n del PP, recal¨® en el tribunal en 2021.

Feij¨®o acus¨® el jueves al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez de querer ¡°controlar el Tribunal Constitucional¡±. Los populares tratan tambi¨¦n de impedir que el magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido se convierta en el nuevo presidente del tribunal de garant¨ªas, aunque Feij¨®o evit¨® pronunciarse expresamente sobre su rechazo, que s¨ª desliz¨®. ¡°Evidentemente, hay candidatos que han tenido vinculaciones pol¨ªticas en anteriores empleos, s¨ª¡±, apunt¨® sobre Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante los dos mandatos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ¡°pero es el Tribunal Constitucional el que tiene que decidir qui¨¦n es la persona adecuada para presidirlo¡±. A pesar de las cautelas en p¨²blico de Feij¨®o, fuentes de la direcci¨®n han confirmado a EL PA?S que el PP pretende evitar que Conde-Pumpido sea nombrado presidente.

Los populares han tratado tambi¨¦n de influir en la composici¨®n del nuevo tribunal de garant¨ªas, un ¨®rgano clave para dirimir cuestiones del m¨¢ximo calado pol¨ªtico. El PP puso encima de la mesa condiciones sobre el futuro Constitucional durante las negociaciones con el Gobierno ¡ªal final fallidas¡ª para renovar el Consejo del Poder Judicial. En esas conversaciones, el PP pretendi¨® consensuar los aspirantes del Gobierno al Constitucional con el objetivo final de torpedear la candidatura de Conde-Pumpido a la presidencia, a quien consideran como ¡°el brazo pol¨ªtico de La Moncloa y de Pedro S¨¢nchez¡±.

El PP sabe que el Constitucional tendr¨¢ mucho que decir en 2023, un a?o marcadamente electoral. Con una mayor¨ªa conservadora, el tribunal de garant¨ªas acaba de darles la raz¨®n en una pol¨¦mica resoluci¨®n que ha suspendido el procedimiento legislativo y ha impedido al Senado votar las dos enmiendas en las que el Gobierno progresista trataba de sortear el bloqueo a la renovaci¨®n del propio Constitucional. Ahora la correlaci¨®n de fuerzas del tribunal cambia, pero la batalla pol¨ªtica amenaza con seguir siendo la misma.

En la breve reuni¨®n del pleno del Constitucional celebrado el jueves, de apenas 15 minutos, nadie hizo comentario alguno sobre el hecho de que Juan Carlos Campo hubiera sido ministro de Justicia en el actual Gobierno, ni hubo alusi¨®n a supuestas afinidades de los juristas propuestos para formar parte del tribunal. Tampoco se mencion¨® la posibilidad de que el exministro de Justicia y la catedr¨¢tica Laura D¨ªez, exasesora del Ministerio de la Presidencia como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinaci¨®n Jur¨ªdica, tengan que abstenerse en el futuro si son recusados para que no intervengan en recursos contra leyes en cuya elaboraci¨®n o debate hubieran participado en raz¨®n de sus antiguos cargos. Los magistrados se limitaron a validar que ambos cumpl¨ªan los requisitos t¨¦cnicos que marca la ley.

El Constitucional ha restringido mucho las posibilidades de ¨¦xito de las recusaciones, modificando la doctrina que en su d¨ªa sirvi¨® a la mayor¨ªa conservadora del tribunal para apartar al exmagistrado Pablo P¨¦rez-Tremps de la deliberaci¨®n de la sentencia del Estatuto catal¨¢n. Para el rechazo de las ¨²ltimas recusaciones, el Constitucional se ha valido de la tesis de que el perfil de los magistrados no solo no constituye un ¨®bice, sino que es uno de los factores que explican que fueran elegidos, por haber ofrecido a quienes les propusieron la trayectoria y las caracter¨ªsticas que deben formar parte del acervo del Constitucional. No se hab¨ªa dado hasta ahora, sin embargo, el escenario de que un exministro de Justicia entrase como magistrado en el Constitucional, aunque s¨ª existen precedentes de exdiputados que formaron parte del tribunal sin que se hallara en ello materia para su recusaci¨®n con el argumento de que participaron en el debate parlamentario de leyes luego recurridas.