El Gobierno valenciano alega que el plan del Tajo tiene defectos de tramitaci¨®n y se cambi¨® de forma unilateral

El Gobierno valenciano ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrol¨®gico en el que se incluye la regulaci¨®n del trasvase Tajo-Segura. Seg¨²n argumenta la Abogac¨ªa de la Generalitat valenciana en las alegaciones presentadas este martes ante este ¨®rgano consultivo, el proyecto de plan hidrol¨®gico del Tajo ¡°cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos econ¨®micos que ocasiona¡±, ha sufrido ¡°defectos en su tramitaci¨®n, determinantes para su nulidad de pleno derecho¡±, y adolecen adem¨¢s de ¡°falta de criterio y rigor t¨¦cnico¡±. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento para evitar otra guerra del agua horas antes de la protesta convocada este mi¨¦rcoles en Madrid por los regantes de la cuenca de Segura contra el recorte del trasvase.

La controversia comenz¨® con el cambio de redacci¨®n ¡ªy c¨®mo se hizo¡ª de la disposici¨®n adicional novena del proyecto de real decreto que regula varios planes hidrol¨®gicos, entre ellos el del r¨ªo Tajo, debatida y aprobada en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre, sostiene la Administraci¨®n valenciana. El primer texto vinculaba la fijaci¨®n de los nuevos caudales ecol¨®gicos del Tajo a una valoraci¨®n previa de su estado ambiental en 2025 y ¡°ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reuni¨®n del Consejo Nacional del Agua¡±, apunta el documento.

La Generalitat asegura que, despu¨¦s de ese encuentro, se redact¨® un nuevo texto, que no es el que se debati¨® y vot¨® en el Consejo del Agua, y que impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecol¨®gicos para el Tajo hasta 2027, ¡°sin tomar en consideraci¨®n ning¨²n an¨¢lisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura¡±.

El texto ¡°modificado de manera unilateral¡±, seg¨²n la Generalitat, por el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica es el que ha llegado al Consejo de Estado, por lo que considera que ¡°no ha sido sometido a los principios de participaci¨®n ciudadana y concertaci¨®n¡± y podr¨ªa haberse producido ¡°una nulidad de pleno derecho en la emisi¨®n del informe preceptivo¡±.

El informe jur¨ªdico apunta a que se ha tomado una decisi¨®n ¡°arbitraria basada en la libre voluntad de la Administraci¨®n redactora de la norma¡± y que durante el proceso ¡°se han vulnerado los principios de seguridad jur¨ªdica, confianza leg¨ªtima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia¡±, principios amparados por la Constituci¨®n y por el r¨¦gimen jur¨ªdico de las administraciones p¨²blicas. El Gobierno valenciano solicita que se introduzca de nuevo la versi¨®n original de la disposici¨®n adicional novena.

La vicepresidenta Teresa Ribera insiste en que el proyecto de decreto ley en poder del Consejo de Estado es ¡°lo que consigui¨® el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua¡±, y a?ade que ¡°en la documentaci¨®n previa se introdujo alguna modificaci¨®n con respecto a lo que hab¨ªa sido ya consensuado entre territorios, con regantes¡± para cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a fijar un caudal ecol¨®gico para el Tajo; y asegur¨® que de aqu¨ª a 2027 se acometer¨¢n inversiones para garantizar 120 hect¨®metros c¨²bicos de agua adicionales para Almer¨ªa, Murcia y Alicante.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tambi¨¦n incluye en sus alegaciones ¡ªregistradas tambi¨¦n hoy¡ª incide en ese punto: ¡°La implantaci¨®n de un r¨¦gimen de caudales ecol¨®gicos en el r¨ªo Tajo, no existentes hasta la fecha, es no s¨®lo una obligaci¨®n normativa sino una determinaci¨®n impuesta por varias sentencias del Supremo¡±, y asegura que esa f¨®rmula ¡°fue aceptada por una mayor¨ªa de los participantes de los procesos de participaci¨®n p¨²blica previos al Consejo Nacional del Agua¡±.

El Ejecutivo andaluz, al igual que los de Valencia y Murcia, anuncia alegaciones al plan del Tajo y pedir¨¢ tambi¨¦n al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrol¨®gico e incluye la regulaci¨®n del trasvase Tajo-Segura que considera un ¡°capricho pol¨ªtico¡±.

El plan de cuenca del Tajo ¡ªcon unas reservas h¨ªdricas por debajo de la media de los ¨²ltimos 10 a?os¡ª contempla que el caudal ecol¨®gico del r¨ªo a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros c¨²bicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. Los regantes del Segura denuncian que esas reservas har¨ªan inviable la agricultura de la zona que depende del trasvase.

Protesta de regantes en Madrid

La presentaci¨®n de las alegaciones se produce un d¨ªa antes de que los regantes de la cuenca del Segura se manifiesten en Madrid en contra del recorte del trasvase. El presidente valenciano no acudir¨¢ a la protesta, como le ha pedido el dirigente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Maz¨®n, porque se encuentra de viaje a Bruselas y Frankfurt, pero habr¨¢ una representaci¨®n del Ejecutivo valenciano encabezada por la Consejer¨ªa de Agricultura. Tambi¨¦n estar¨¢ presente la oposici¨®n.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garc¨ªa Page, ha manifestado en su cuenta de Twitter que ¡°la pol¨ªtica hidr¨¢ulica en Espa?a no es un problema ni de izquierdas ni de derechas. Hemos llegado para defender nuestro agua al Tribunal Supremo, al que no hemos convencido con planteamientos ideol¨®gicos, sino con argumentos legales y t¨¦cnicamente argumentados¡±.