El Gobierno descarta hacer ajustes en la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª' y se centra en proteger a las v¨ªctimas

El Gobierno pasa p¨¢gina con la ley integral de libertad sexual, la conocida como ley del solo s¨ª es s¨ª. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido este viernes que el texto ¡°no ha tenido los efectos deseados¡±, pues ha dado lugar a que en ciertos casos (ya se han registrado m¨¢s de 200) se produzcan rebajas de condena a agresores sexuales, al contemplar la ley penas m¨¢s favorables para ellos. Sin embargo, el Ejecutivo descarta definitivamente cualquier modificaci¨®n de la norma. Llop ha reconocido que, aunque ahora se introdujera alg¨²n ajuste en la ley, eso ya no servir¨ªa para evitar las rebajas de penas (porque los condenados podr¨ªan acogerse siempre a la normativa m¨¢s favorable, la actual), por lo que el Gobierno va a centrarse en desarrollar las medidas de protecci¨®n a las mujeres que contempla la norma. Tambi¨¦n en poner en marcha otras, como la anunciada esta semana para que las v¨ªctimas de agresores que hayan sido excarcelados por la reforma legal pueda pedir dispositivos de control telem¨¢tico (las llamadas pulseras contra el maltrato).

El anuncio de Llop llega tras dos meses en los que distintos miembros del Gobierno de coalici¨®n de PSOE y Unidas Podemos han apostado por recetas distintas para intentar hacer frente a la rebaja de penas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del solo s¨ª es s¨ª. La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, pero con participaci¨®n del Ministerio de Justicia, elimin¨® la distinci¨®n entre agresi¨®n y abuso sexual que se hac¨ªa hasta entonces y fij¨® castigos m¨¢s elevados para las conductas m¨¢s graves, como las agresiones en grupo o bajo los efectos de drogas. Pero, al agrupar delitos que antes estaban diferenciados, se rebajaron tambi¨¦n los castigos en algunos supuestos, lo que ha llevado a que los tribunales revisen centenares de sentencias en virtud del principio penal que obliga a aplicar a los condenados una nueva ley cuando les resulte m¨¢s favorable que aquella con la que se los juzg¨®. Por los casos que se han ido difundiendo desde los propios tribunales, ya son m¨¢s de 200 los condenados a los que se les ha reducido el castigo, de los que al menos 14 han sido puestos en libertad.

Nada m¨¢s conocerse los primeros supuestos, el Gobierno amag¨® con cambiar la norma para evitar sus ¡°efectos indeseados¡±, mientras las responsables del Ministerio de Igualdad culpaban a los jueces de las rebajas de penas por, supuestamente, hacer una lectura incorrecta o incluso malintencionada de los cambios en el C¨®digo Penal. El Ejecutivo opt¨® finalmente por esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara, con la confianza de que pusiera coto a las rebajas de penas y unificara en esa direcci¨®n el criterio del resto de los tribunales, que en su mayor¨ªa estaban avalando reducir el castigo al reo siempre que la ley del solo s¨ª es s¨ª contemplara penas menores. Pero el Supremo, en contra de lo esperado por el Gobierno, ha respaldado las rebajas ya en media docena de ocasiones.

Descartada la opci¨®n de que fuera el alto tribunal el que frenara las reducciones de las penas, el Ejecutivo retom¨® la idea de introducir correcciones en la norma. El presidente, Pedro S¨¢nchez, encomend¨® a las ministras de Igualdad y de Justicia la tarea de estudiar las f¨®rmulas posibles, pero ambos ministerios han llegado a la conclusi¨®n de que no hay ninguna opci¨®n buena, tal y como ha admitido Llop este viernes. ¡°El derecho transitorio ya se ha consolidado y, aunque se hicieran cambios, esta situaci¨®n ya no se podr¨ªa modificar¡±, ha advertido.

Llop ha reconocido que la ley ¡°no ha tenido los efectos deseados¡±, y que el Ejecutivo esperaba que los tribunales dieran una respuesta ¡°m¨¢s similar¡± a la acordada por el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, quien inst¨® a los fiscales a oponerse ¡°por norma general¡± a las rebajas de penas cuando el castigo impuesto con la anterior ley estuviera dentro de los previstos para ese delito en la nueva norma. Pero, una vez descartada esta posibilidad, el Ejecutivo asume que no hay opciones viables para revertir las rebajas y ha optado por centrarse en desarrollar las medidas de protecci¨®n previstas en la norma, desde mecanismos para garantizar la reparaci¨®n de las v¨ªctimas a ayudas econ¨®micas, pasando por programas educativos para los agresores. ¡°Es una ley que protege a las mujeres y a las v¨ªctimas, y estamos trabajando para seguir implementando y desarrollando la aplicaci¨®n de esta norma¡±, ha subrayado Llop.

Este viernes, el Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la aplicaci¨®n de la ley, pero lo ha hecho sobre uno de los supuestos en los que la nueva norma no rebaja las penas, sino que las incrementa, por lo que no ha aplicado el cambio de ley al agresor. El tribunal ha confirmado as¨ª la condena a 12 a?os de prisi¨®n impuesta a un hombre por un delito continuado de agresi¨®n sexual a una sobrina desde que ella ten¨ªa 11 a?os y hasta los 16, cuando la adolescente denunci¨® lo ocurrido. Tras cometer las agresiones sexuales, el condenado, de 51 a?os, amenazaba a la v¨ªctima con que si contaba algo la encerrar¨ªa en un psiqui¨¢trico y que le har¨ªa lo mismo a su hermana peque?a. El tribunal se?ala que, en este caso concreto, de una agresi¨®n sexual continuada a una menor de edad con agravante de prevalimiento de relaci¨®n de superioridad y atenuante de reparaci¨®n del da?o, no tiene incidencia la reforma de los delitos sexuales recogida en la Ley de Libertad Sexual, ya que la pena con la nueva regulaci¨®n no solo no ser¨ªa m¨¢s favorable al reo, sino que supondr¨ªa una pena superior a la impuesta con arreglo al anterior c¨®digo.