Pedro S¨¢nchez intenta que Irene Montero acceda a estudiar ajustes en la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯ tras la sentencia del Supremo
La ministra de Igualdad defiende no tocar la ley, mientras que el Gobierno se plantea que la analice un comit¨¦ de t¨¦cnicos de Justicia
La situaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª no se acaba de resolver, y el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha decidido tomar el control pol¨ªtico de la crisis. S¨¢nchez llam¨® a la ministra de Igualdad, Irene Montero, seg¨²n fuentes del Gobierno, para convencerla de que ante el goteo de reducciones de pena y excarcelaciones, que est¨¢n suponiendo un importante desgaste para el Ejecutivo en una de sus leyes estrella, y sobre todo tras la ¨²ltima sentencia del Tribunal Supremo, que avala esta reducci¨®n de penas en el caso de La Arandina, es necesario plantearse un ajuste t¨¦cnico de la norma para evitar estas interpretaciones de los jueces, que no eran las esperadas. Una vez apuntada la direcci¨®n pol¨ªtica por S¨¢nchez, ahora la interlocuci¨®n para buscar soluciones es entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la propia Montero. La soluci¨®n que est¨¢ encima de la mesa es que un equipo t¨¦cnico de Justicia con participaci¨®n de Igualdad analice posibles ajustes.
S¨¢nchez defiende la ley, en p¨²blico y en privado, la considera una buena norma y un referente para el feminismo, y conf¨ªa en que con el tiempo se ver¨¢ su utilidad. ¡°Es una gran ley, de todo el Gobierno, que ampl¨ªa derechos y protege a las mujeres¡±, se?alan en el entorno del presidente. Pero tambi¨¦n cree que el Ejecutivo no se puede quedar de brazos cruzados ante una consecuencia no esperada de la norma. Es la misma opini¨®n que tiene todo el sector socialista del Gobierno, incluida la ministra Llop. Montero, por el contrario, sigue pensando que no hay que cambiar la ley y el tiempo acabar¨¢ ajustando todas las interpretaciones. En el entorno de la ministra aseguran que en Igualdad han revisado todas las posibles opciones de reforma y todas son perjudiciales para el objetivo de proteger mejor a las mujeres agredidas, y que por tanto hay que concentrarse en intentar lograr que los jueces interpreten correctamente la norma en la l¨ªnea de lo que ha planteado la fiscal¨ªa general.
El goteo actual de revisiones ¡ªmedio centenar¡ª y excarcelaciones ¡ªal menos siete en Madrid y 12 en toda Espa?a¡ª que se han producido no tienen remedio legal por parte del Gobierno, porque cualquier cambio de la norma que se hiciera ahora no lo arreglar¨ªa: se aplicar¨ªa la ley m¨¢s beneficiosa para el reo, esto es, la que hay ahora en vigor, pero al menos se podr¨ªa fijar con m¨¢s claridad una norma para que en el futuro no haya este tipo de interpretaciones de los jueces, muy criticadas por Igualdad.
Para ello, el Ejecutivo estudia reunir a un grupo t¨¦cnico de expertos alrededor del Ministerio de Justicia que estudien posibles soluciones jur¨ªdicas. El asunto no es nada sencillo, y por eso la f¨®rmula no est¨¢ cerrada, pero la implicaci¨®n personal de S¨¢nchez indica que la voluntad pol¨ªtica de buscar una soluci¨®n es firme. Ese grupo t¨¦cnico podr¨ªa concluir que es mejor dejar las cosas como est¨¢n, se?alan fuentes del Ejecutivo, pero la decisi¨®n de al menos hacer ese an¨¢lisis a fondo se va consolidando en el Gobierno.
Existe un organismo espec¨ªfico de Justicia para este tipo de an¨¢lisis t¨¦cnicos, la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n, presidida por la propia ministra, Pilar Llop, y conformada por expertos t¨¦cnicos, no pol¨ªticos. Seg¨²n la definici¨®n oficial del ministerio, se trata de ¡°un ¨®rgano colegiado de asesoramiento en la preparaci¨®n de los textos prelegislativos y de car¨¢cter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientaci¨®n, preservaci¨®n y tutela del ordenamiento jur¨ªdico¡±, y podr¨ªa encargarse de estudiar los ¡°ajustes t¨¦cnicos¡± de esta ley de los que habl¨® S¨¢nchez el martes en el Congreso. Este organismo est¨¢ compuesto por 30 expertos del m¨¢ximo nivel, pero puede llamar a los que considere oportunos para consultarles.
Esta comisi¨®n de codificaci¨®n ya fue convocada en 2018 por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, del PP, cuando el esc¨¢ndalo de la primera sentencia de La Manada hizo que hubiera presiones para reformar la ley. En aquel momento ya hizo un trabajo espec¨ªfico sobre esta legislaci¨®n en materia de delitos contra la libertad sexual. Ahora se tratar¨ªa de ajustar la norma para evitar que las interpretaciones de algunos jueces, que el Gobierno no esperaba, arruinen el trabajo de una ley de largo recorrido que supone un cambio profundo en la lucha contra los delitos contra la libertad sexual.
El Gobierno est¨¢ esperando que se publique la sentencia del Supremo sobre el caso de La Arandina. S¨¢nchez siempre ha defendido la ley y a la ministra Montero, frente a las cr¨ªticas de otros sectores del Gobierno, pero ya en la primera ocasi¨®n en la que habl¨® de esto, tras la cumbre del G20 en Bali, se?al¨® que hab¨ªa que esperar a que se pronunciaran los tribunales que crean jurisprudencia, esto es, el Supremo en Espa?a. Sin embargo, aunque la sentencia no se conozca, el fallo ya apunta a que el tribunal va a aceptar caso por caso la filosof¨ªa de la reducci¨®n de penas que han asumido varias audiencias provinciales y no la que ha planteado La Rioja, por ejemplo, que ha rechazado de plano todas las revisiones.
En Igualdad aseguran que ellos han estudiado en profundidad las posibilidades y est¨¢n convencidos de que no tiene sentido tocar la ley porque son los jueces los que no est¨¢n haciendo la interpretaci¨®n correcta y est¨¢n rebajando las penas cuando no deber¨ªan hacerlo. En el entorno de Montero se?alan que el arco de penas que contiene la ley fue el que se pact¨® internamente en el Gobierno y el que se dise?¨® desde Justicia, entonces dirigida por Juan Carlos Campo, que ten¨ªa un planteamiento distinto al de Igualdad, y fue el que se impuso. Cualquier retoque al alza de las penas m¨ªnimas, una de las soluciones que han planteado algunos expertos, har¨ªa que muchos comportamientos de abusos sexuales menos graves quedaran fuera de cualquier pena, que es precisamente una de las cosas que quiere evitar la ley, seg¨²n el ministerio de Irene Montero.
Por eso en Igualdad insisten en que la mejor opci¨®n es no tocar la ley y esperar a que despliegue su verdadera fuerza en los nuevos juicios que lleguen a partir de su entrada en vigor. Adem¨¢s, insisten en que se est¨¢ poniendo el foco en las revisiones que est¨¢n siendo aceptadas, pero no en las que son rechazadas, que son la inmensa mayor¨ªa, y en el caso de las primeras hay tambi¨¦n muchos recursos planteados que podr¨ªa alterar el resultado final de una consecuencia inesperada de una ley que sigue defendiendo todo el Gobierno.
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