Amnist¨ªa denuncia el uso de munici¨®n espa?ola en la represi¨®n de las protestas en Per¨²

Amnist¨ªa Internacional (AI) ha documentado el uso de munici¨®n espa?ola en la represi¨®n de las protestas en Per¨², que ha dejado un saldo de 60 muertos desde diciembre pasado, y ha reiterado su petici¨®n al Gobierno espa?ol para que, como medida cautelar, cese de manera inmediata la exportaci¨®n de armas letales y material antidisturbios al pa¨ªs andino.

Tras una investigaci¨®n desarrollada entre el 29 de enero y el 11 de febrero en distintos departamentos de Per¨², el Laboratorio de Evidencia de la ONG ha concluido que en la represi¨®n de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma de la firma espa?ola Maxam Outdoor. Tambi¨¦n ha confirmado la presencia en dicho pa¨ªs de tanquetas policiales Pegaso 3560 BMR fabricadas en Espa?a a por el grupo FIAT-IVECO, aunque en este caso no est¨¢ acreditado su uso en la represi¨®n.

Fuentes de la Secretar¨ªa de Estado de Comercio aseguraron el pasado d¨ªa 10 a EL PA?S que el Gobierno espa?ol ¡°sigue atentamente el desarrollo de los acontecimientos¡± y cualquier solicitud de exportaci¨®n de material policial a Per¨² se analiza ¡°caso por caso¡±, ya que se considera un ¡°destino sensible¡± en estos momentos.

La junta interministerial que controla la exportaci¨®n de equipos militares, policiales y de doble uso autoriz¨® en marzo de 2021 y abril de 2022 la venta al Gobierno peruano de material antidisturbios (artificios lacrim¨®genos) por valor de 6,3 millones de euros. Sin embargo, seg¨²n Comercio, estas licencias no llegaron a ejecutarse, ya que las empresas fabricantes desistieron de seguir adelante, por lo que la ¨²ltima entrega se produjo en agosto de 2020. Desde entonces no se ha ejecutado ninguna operaci¨®n, agregan las mismas fuentes.

AI se felicita de que estas exportaciones no se materializaran pero cree que nunca debieron haberse aprobado y asegura que seguir¨¢ investigando para verificar si material de fabricaci¨®n espa?ola ha servido para cometer violaciones graves de derechos humanos en Per¨². Adem¨¢s de pedir la suspensi¨®n cautelar de las entregas, ha pedido al gobierno que mejore los mecanismos de evaluaci¨®n del riesgo que suponen estas ventas, se aplique el protocolo adoptado en 2020 para comprobar el uso ¨²ltimo de los equipos, garantice que no sirven cometer violaciones de los derechos humanos e investigue su empleo en la represi¨®n de las protestas de los ¨²ltimos meses. La ONG aporta, entre otros indicios, el tuit que ilustra esta informaci¨®n, en el que pueden verse varios cartuchos de uso policial, alguno con la inscripci¨®n de la firma espa?ola Maxam..

La investigaci¨®n de la ONG concluye que se ha producido un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte del Estado peruano para reprimir las protestas desencadenadas tras el autogolpe frustrado del presidente Castillo, que concluy¨® con su destituci¨®n y detenci¨®n. ¡°Desde el inicio de las protestas, el Ej¨¦rcito y la Polic¨ªa Nacional del Per¨² han disparado de forma ileg¨ªtima armas letales y usado otras armas menos letales de manera indiscriminada contra la poblaci¨®n, especialmente contra ind¨ªgenas y campesinas¡±, asegura AI en un comunicdo.

Durante la investigaci¨®n realizada en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, la ONG dice haber recibido informaci¨®n de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentado 12 muertes por arma de fuego. Adem¨¢s, ha recabado testimonios sobre graves carencias en la investigaci¨®n judicial de estos hechos.

Tras realizar un an¨¢lisis de los datos de la Defensor¨ªa del Pueblo de Per¨², Amnist¨ªa denuncia un ¡°sesgo racista¡± en la represi¨®n. ¡°Mientras que los departamentos con poblaci¨®n mayoritariamente Ind¨ªgena s¨®lo representan el 13% de la poblaci¨®n total de Per¨², estos concentran el 80% de las muertes registradas desde el inicio de la crisis. Los datos apuntan a que las autoridades habr¨ªan actuado con un marcado sesgo racista, ensa?¨¢ndose contra aquellas poblaciones hist¨®ricamente discriminadas¡±, afirma.

En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de poblaci¨®n Ind¨ªgena, 17 personas perdieron la vida el 9 de enero en el contexto de la represi¨®n policial. La propia Fiscal¨ªa declar¨® que las muertes fueron causadas por proyectiles de arma de fuego. A principios de febrero, el Gobierno decret¨® un Estado de Emergencia en siete regiones, pero Puno es la ¨²nica regi¨®n que ha quedado bajo control militar.

Durante su investigaci¨®n, Amnist¨ªa Internacional entrevist¨® a m¨²ltiples funcionarios del Estado, inclu¨ªdos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la Defensor¨ªa, as¨ª como comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, abogados, familiares y testigos. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de AI verific¨® 36 piezas de material foto y videogr¨¢fico, de las que al menos 11 apuntar¨ªan al uso excesivo y indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad, concluye la organizaci¨®n.

AI reconoce que, aunque las protestas fueron mayoritariamente pac¨ªficas, incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes. Sin embargo, agrega, los datos disponibles indican que la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transe¨²ntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas. De los 12 casos fallecidos que Amnist¨ªa Internacional ha documentado hasta el momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza.

Asimismo, la ONG advierte de que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnist¨ªa ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci¨®n.