La renuncia en bloque de los ocho vocales progresistas del Poder Judicial supondr¨ªa la par¨¢lisis de la instituci¨®n

La dimisi¨®n en bloque de los ocho vocales que forman el grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªsiete habituales m¨¢s Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que en ocasiones se ha desmarcado¡ª conducir¨ªa a una situaci¨®n de pr¨¢ctica par¨¢lisis al ¨®rgano de gobierno de los jueces, que ya no estar¨ªa en condiciones de tomar decisi¨®n importante alguna, por falta de qu¨®rum. Esta ser¨ªa la consecuencia m¨¢s relevante de esas renuncias en bloque, si llegaran a producirse, porque la instituci¨®n quedar¨ªa te¨®ricamente en manos de los vocales del sector conservador, que son 10, cuando la toma de decisiones en el pleno requiere la presencia de una mayor¨ªa absoluta de miembros del Consejo.

Har¨ªan falta, por tanto, 11 vocales, y el grupo que representa a la derecha judicial en este ¨®rgano no alcanzar¨ªa este n¨²mero. A excepci¨®n, claro est¨¢, de que alguno de los ocho integrantes del bloque progresista prefiriese seguir en su puesto. De ah¨ª la relevancia de que sean todos los miembros de este sector los que renuncien a su cargo, si lo que pretenden es generar una situaci¨®n de hecho que fuerce la negociaci¨®n entre el Ejecutivo y el PP para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces.

En el supuesto de un abandono colectivo del citado grupo, ninguna instancia del Consejo podr¨ªa actuar con plenitud de competencias. Desde luego, no podr¨ªa hacerlo el pleno, que ya se habr¨ªa quedado sin presidente, puesto que el actual, que lo es como suplente tras la dimisi¨®n de Carlos Lesmes, ser¨ªa uno de los integrantes del grupo dimisionario. Tampoco podr¨ªa ejercer todas sus funciones habituales la comisi¨®n permanente del Consejo, compuesta por siete miembros. De ellos, tres pertenecen al sector progresista, y cuatro al bloque conservador. La permanente quedar¨ªa reducida a estos cuatro, que no contar¨ªan ni con un presidente. En el Consejo hay quien cuestiona que tuviera qu¨®rum para funcionar, mientras otras fuentes consideran que en ese ¨®rgano no hay un qu¨®rum requerido.

La pr¨¢ctica paralizaci¨®n del pleno y la permanente implicar¨ªa, seg¨²n el criterio m¨¢s extendido en el Consejo, el bloqueo de sus funciones. De las que mantiene ¡ªen materia de permisos, cuestiones disciplinarias, medidas de refuerzo de juzgados y convocatoria de oposiciones, entre otras¡ª, tras la reforma legal que implic¨® la prohibici¨®n de llevar a cabo nombramientos una vez caducado su mandato. El Poder Judicial lleva en esta situaci¨®n desde diciembre de 2018, y los nombramientos dejaron de poder realizarse desde marzo de 2021, cuando fue aprobado el citado cambio legislativo. Fuentes del Consejo se?alan ahora que est¨¢n pendientes no menos de un centenar de designaciones de responsables de importantes instancias judiciales por todo el pa¨ªs.

Esta competencia sigue sin poder ejercerse ahora, a resultas de dicho cambio legal, cuyo objetivo era dejar transitoriamente inoperativa una de las atribuciones m¨¢s importantes del ¨®rgano de gobierno de los jueces. El doble objetivo perseguido con esta medida era tratar de impedir por un lado que la mayor¨ªa conservadora efectuase m¨¢s o menos masivamente nombramientos de candidatos afines, y por otra parte, favorecer de forma indirecta la reanudaci¨®n de negociaciones entre el Gobierno y el PP con el fin de renovar el Consejo.

Este di¨¢logo no se reabri¨® y el Consejo ha tenido que centrarse en las escasas competencias que le quedaron con aquella reforma. En esta situaci¨®n, en cada pleno, incluso en esta etapa en la que no se pueden hacer nombramientos, el Poder Judicial lleva m¨¢s de 100 acuerdos sobre traslados, permisos o refuerzos en los tribunales de justicia de Espa?a. Con la dimisi¨®n en bloque de los vocales progresistas, la carrera judicial podr¨ªa quedar de facto pr¨¢cticamente congelada en su funcionamiento.