La Fiscal¨ªa considera ¡°injusta¡± la desimputaci¨®n de la exconsejera Luc¨ªa Figar y pide encausarla por tercera vez en el ¡®caso P¨²nica¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no arroja la toalla en el caso P¨²nica y ha solicitado que se vuelva a imputar ¡ªpor tercera vez¡ª a Luc¨ªa Figar, consejera de Educaci¨®n de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez. A trav¨¦s de un recurso muy duro, cargado de reproches al juez instructor Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, el ministerio p¨²blico califica de ¡°injusta¡± la decisi¨®n del magistrado de archivar la causa abierta contra la expol¨ªtica del PP, a la que se investiga desde 2015 por pagar con fondos p¨²blicos a una de las empresas de la trama para elaborar trabajos de reputaci¨®n en internet a su favor.

En su escrito, firmado por las fiscales Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ y Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez, la acusaci¨®n p¨²blica considera que cuenta con suficientes indicios para sentar a Figar en el banquillo y ¡°practicar en el juicio oral la abundante prueba recabada¡±. En ese sentido, Anticorrupci¨®n insiste en que la exdirigente popular maniobr¨® para que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n pagase a las compa?¨ªas de Alejandro de Pedro, uno de los empresarios implicados en P¨²nica, por trabajos para mejorar su imagen en la web. ¡°Uno de los cometidos era eliminar las noticias negativas que se publicaban sobre ella, como sin rubor recog¨ªan los propios informes de reputaci¨®n elaborados para ella¡±, dicen las investigadoras en su recurso, fechado el 27 de marzo.

Las fiscales inciden en que la actividad bajo sospecha nunca ha estado relacionada con la funci¨®n p¨²blica que ten¨ªa Figar por el cargo que desempe?aba, sino que persegu¨ªa un fin ¡°privativo¡±. Es decir, se ejecutaban para su beneficio ¡°personal¡± y ¡°no satisfac¨ªa una necesidad p¨²blica¡±, como puso sobre la mesa el juez Garc¨ªa-Castell¨®n al archivar la causa contra la exconsejera. Adem¨¢s, seg¨²n a?ade el ministerio p¨²blico, se vulner¨® la ¡°legalidad¡± al trocear los trabajos en ¡°23 contratos menores por un importe total de 59.307,35 euros¡±, ¡°alterando el proceso¡± de adjudicaci¨®n.

¡°Los comportamientos descritos durante varios a?os, no solo fueron desviaciones abusivas y conscientes en perjuicio del erario p¨²blico, sino que de forma deshonesta se transgredieron las obligaciones de transparencia y veracidad en la gesti¨®n y administraci¨®n del patrimonio p¨²blico¡±, dice Anticorrupci¨®n en su escrito. Entre las pruebas, las fiscales enumeran ¡°evidencias¡± como ¡°facturas de compra de usuarios falsos de Twitter, manuales para su creaci¨®n, registros de las claves personales de acceso a las redes sociales de Luc¨ªa Figar...¡±. Todo ello, a?aden las investigadoras, atenta contra ¡°el derecho de los ciudadanos a recibir informaci¨®n veraz, recogido en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n¡±: ¡°Y nada recoge el instructor sobre tal derecho y la legalidad del pago de trabajos dirigidos a desplazar las noticias del cargo p¨²blico con fondos p¨²blicos¡±, reprochan al juez.

La batalla en la Audiencia

El magistrado y la Fiscal¨ªa mantienen una batalla en torno a la figura de la exconsejera madrile?a. El juez archiv¨® en octubre la causa contra Figar por primera vez. Pero la Sala de lo Penal le corrigi¨®. A instancia del ministerio p¨²blico, el tribunal consider¨® que se desimput¨® a la expol¨ªtica en la l¨ªnea de investigaci¨®n de las pesquisas sobre la financiaci¨®n irregular del PP de Madrid (Pieza 9), cuando ella se encontraba realmente bajo sospecha en la Pieza 10, centrada en los trabajos de reputaci¨®n online.

De nuevo, este marzo, Garc¨ªa-Castell¨®n volvi¨® a dar carpetazo a la causa contra Figar. Ahora ya s¨ª en la Pieza 10, argumentando que los trabajos de reputaci¨®n en internet de los que se benefici¨® no pueden desligarse del cargo p¨²blico que ocupaba. El juez instructor expuso que no se ha ¡°acreditado¡± que los servicios contratados por Educaci¨®n ¡°tuvieran un car¨¢cter exclusivamente laudatorio¡± de la dirigente del PP, ¡°como si fuera un ente separado de su cargo o de la instituci¨®n que representaba¡±.

Una tesis que, en opini¨®n de Anticorrupci¨®n, ¡°no se ajusta a derecho y conculca el derecho del Ministerio Fiscal a obtener la tutela judicial efectiva¡±. As¨ª lo expone en su recurso, donde arremete contra ¡°la deriva¡± y ¡°contradicciones¡± del magistrado. El ministerio p¨²blico acusa a Garc¨ªa-Castell¨®n de ¡°solo dar valor a la declaraci¨®n de los investigados, quienes pueden hacer valor su derecho a no decir la verdad¡±; de fundamentar el archivo en sentencias antiguas del Tribunal Supremo ¡°que nada tienen que ver con los hechos¡±; o, incluso, de no haberse ¡°le¨ªdo¡± la ¡°prueba digital¡± incorporada al sumario.

¡°En la presente causa se ha producido un giro sorpresivo. Ello sin que se expliciten los motivos o las nuevas valoraciones del instructor, lo que nos deja indefensos y socava nuestro derecho a la tutela judicial efectiva¡±, afirma la Fiscal¨ªa, que se muestra sorprendida porque el juez ¡°ha dejado de creer en todas sus fuentes de prueba¡±, en referencia a los informes policiales, a su propia pericial judicial y a un informe de intervenci¨®n de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.

En su escrito, adem¨¢s de solicitar que se revoque el archivo de la causa contra Figar, la Fiscal¨ªa pide que se vuelva a imputar a Ignacio Garc¨ªa de Vinuesa, exalcalde del PP en Alcobendas (Madrid); a Teresa Alonso-Majagranzas, exdirectora de comunicaci¨®n de ese municipio; a Pablo Balb¨ªn, ex jefe de prensa de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n; a Manuel P¨¦rez, exviceconsejero de Educaci¨®n; y a Luis S¨¢nchez, exdirector de la Fundaci¨®n para el Conocimiento Madri+d.