La justicia europea conden¨® a Espa?a por su falta de medidas para proteger Do?ana
El Tribunal de Justicia de la UE destac¨® en su sentencia de 2021 que las administraciones incumplieron tres art¨ªculos de la directiva del agua 2000
La justicia europea conden¨® hace casi dos a?os a Espa?a por ignorar las extracciones ilegales de agua subterr¨¢nea que han secado el acu¨ªfero y las lagunas de Do?ana y no adoptar las medidas apropiadas para proteger los h¨¢bitats protegidos. Tras una primera denuncia del fondo ecologista WWF la Comisi¨®n Europea llev¨® a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2019, al comprobar el deterioro de la biodiversidad de la reserva y como ¨²ltima soluci¨®n para lograr que las Administraciones reaccionaran. Los jueces dieron la raz¨®n a Bruselas tras su recurso por incumplimiento de la directiva marco del agua 2000 y condenaron a Espa?a, pero sin imponerle una multa millonaria, un mecanismo que ahora puede exigir la Comisi¨®n a los magistrados, dado que el declive ecol¨®gico se agrava.
¡°El Reino de Espa?a ha incumplido las obligaciones que le incumben¡±, resumieron los jueces en su fallo. Estos son los argumentos de la sentencia de junio de 2021, que culpaba de la desecaci¨®n del Parque Nacional, tanto a la macrourbanizaci¨®n de Matalasca?as, pegada al parque, como al robo masivo con pozos ilegales de los agricultores freseros sin permisos de riego.
El primer incumplimiento que subraya el fallo es el del art¨ªculo 5 de la directiva de aguas 2000, por haber ignorado ¡°las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano¡± en la redacci¨®n del Plan Hidrol¨®gica del Guadalquivir 2015-2021. El Gobierno aleg¨® ante Bruselas el pasado oto?o que el nuevo Plan Hidrol¨®gico 2022-2027 s¨ª incluye medidas correctoras para paliar la cuesta abajo en la que se encuentra la reserva, acrecentada por la sequ¨ªa extrema que padece la cuenca del Guadalquivir.
En segundo lugar, Espa?a incumpli¨® el art¨ªculo 11 de dicha directiva, en relaci¨®n con el art¨ªculo 4, al no haber previsto ¡°ninguna medida para evitar la alteraci¨®n de los tipos de h¨¢bitats protegidos situados en la zona Do?ana, ocasionada por las extracciones de agua subterr¨¢nea para abastecer Matalasca?as¡±. Estos incumplimientos perjudicaron a la zona protegida Do?ana, Do?ana Norte y Oeste, Dehesa del Estero y Montes de Moguer, por culpa del robo masivo de agua y Matalasca?as desde el 19 de julio de 2006, detalla la sentencia.
Espa?a ignor¨® varios preceptos de esta directiva marco del agua del a?o 2000, que fija un contexto com¨²n sobre c¨®mo abordar la pol¨ªtica de aguas, pero sobre todo por sus efectos sobre la directiva de h¨¢bitats de 1992, que persigue la conservaci¨®n, protecci¨®n y mejora de la calidad del medio ambiente.
La Comisi¨®n Europea gan¨® el pleito, pero sin rematarlo porque no hubo multas, y probablemente esa falta de sanci¨®n ha ralentizado los tiempos de las medidas de las Administraciones. El Ejecutivo europeo no logr¨® acreditar que las masas de agua subterr¨¢nea de la reserva, que estaban en mal estado, se deterioraran a¨²n m¨¢s, por lo que no se logr¨® demostrar que Espa?a incumpliera su obligaci¨®n de evitar el deterioro del inmenso acu¨ªfero del parque, de 2.409 kil¨®metros cuadrados.
Sin embargo, Espa?a s¨ª debi¨® haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de Matalasca?as antes de que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, elaborara su plan hidrol¨®gico para el intervalo 2015-2021. Adem¨¢s, los jueces reprocharon a Espa?a su inacci¨®n por no prever medidas que protegieran los h¨¢bitats en las lagunas m¨¢s pr¨®ximas a la macrourbanizaci¨®n. Mientras que el consumo de Matalasca?as era de 2,4 hect¨®metros c¨²bicos en 2021, un estudio cient¨ªfico estim¨® entre 70 y 80 hect¨®metros c¨²bicos al a?o el agua extra¨ªda por el robo masivo de pozos ilegales.
De momento, est¨¢ por ver que la condena haya provocado una reacci¨®n eficaz del Gobierno y la Junta que permita a la reserva recuperar la biodiversidad de anta?o. Solo est¨¢ claro que, a ojos de Bruselas, la nueva ley que promueve la derecha andaluza es un paso en la direcci¨®n contraria a la requerida por la sentencia.
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