El puzle desencajado de la Justicia

Un magistrado del Tribunal Supremo describe la situaci¨®n que atraviesa la administraci¨®n de justicia con un s¨ªmil muy visual: ¡°La justicia es un puzle que tiene que ser perfecto en un Estado de derecho; pero en el nuestro, ahora mismo, est¨¢n todas las piezas desencajadas¡±. Las piezas son los funcionarios judiciales, que, tras seis d¨ªas de paros parciales y uno de 24 horas, ...

Un magistrado del Tribunal Supremo describe la situaci¨®n que atraviesa la administraci¨®n de justicia con un s¨ªmil muy visual: ¡°La justicia es un puzle que tiene que ser perfecto en un Estado de derecho; pero en el nuestro, ahora mismo, est¨¢n todas las piezas desencajadas¡±. Las piezas son los funcionarios judiciales, que, tras seis d¨ªas de paros parciales y uno de 24 horas, han convocado siete de huelga a partir del 4 de mayo; los letrados del turno de oficio, que han iniciado protestas para reclamar mejoras retributivas y cobrar por labores que ahora no les pagan; los jueces y fiscales, que, a trav¨¦s de cinco de sus asociaciones, est¨¢n llamando a una huelga indefinida en plena campa?a electoral; y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro a?os con el mandato caducado y cuya interinidad lastra el trabajo del resto.

La ¨²nica pieza que ahora se mantiene estable, la de los letrados judiciales, es la que provoc¨® que el resto se moviera tras protagonizar dos meses de huelga indefinida y lograr un acuerdo con el Gobierno que implica subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes.

?C¨®mo se ha llegado hasta aqu¨ª? Cada parte argumenta motivos propios, pero todas se?alan algunas razones comunes que han llevado a los trabajadores de la justicia a sentirse ¡°menospreciados¡±. En el caso de los jueces, entre los que no hay unanimidad sobre si tienen derecho a huelga, todos los consultados advierten de un hartazgo generalizado fruto de la mezcla de sobrecarga de trabajo, falta de medios y retribuciones estancadas.

Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, la segunda m¨¢s representativa y una de las convocantes de la huelga, detalla el historial que ha desembocado en la situaci¨®n que denuncian hoy: ¡°Tenemos un sistema judicial obsoleto en cuestiones esenciales, de organizaci¨®n. Con unos medios tecnol¨®gicos que se van incorporando, pero de forma desigual, descoordinada y a un ritmo lento. Un n¨²mero de jueces y fiscales muy inferior a la media de los pa¨ªses de la UE. La media est¨¢ en alrededor de 20 por 100.000 habitantes y nosotros tenemos 12. S¨²male una litigiosidad creciente y la avalancha de jubilaciones que se nos vienen encima. Frente a esto te encuentras con que el n¨²mero de plazas de jueces disminuye, las leyes que tienen que reducir la litigiosidad desoyen nuestras recomendaciones y no solo sientes despreocupaci¨®n de las administraciones, sino absoluto menosprecio: el CGPJ lleva cuatro a?os sin renovarse por intrigas pol¨ªticas. No les importa perjudicar el funcionamiento del ¨®rgano que tiene que gestionar el d¨ªa a d¨ªa¡±.

Seg¨²n el ¨²ltimo estudio del consejo, referido a 2021, cada a?o ingresan alrededor de seis millones de asuntos en los tribunales espa?oles. Se resuelven otros tantos; en 2021, por primera vez en mucho tiempo, se resolvieron casi un centenar m¨¢s de los que entraron. Pero la pendencia es end¨¦mica y a final de a?o segu¨ªa habiendo m¨¢s de tres millones de asuntos en tr¨¢mite. La Asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado, por ahora, a la convocatoria de huelga a la espera de lo que ocurra en la mesa de retribuciones, que se re¨²ne el mi¨¦rcoles. Pero su portavoz, Edmundo Rodr¨ªguez, comparte el diagn¨®stico con los convocantes. ¡°El problema es que hay una buena parte de la carrera que se ha encontrado con que la carga de trabajo se ha disparado a niveles insoportables. Y hay un malestar que cada uno traduce de distinta manera. Para unos es un problema salarial; para otros, no tanto. Lo que es seguro es que, si la gente estuviera menos agobiada de trabajo y pudiera dedicarle al trabajo el tiempo que merece, estar¨ªa menos descontenta¡±.

Los datos del CGPJ muestran que hay m¨¢s de 750 juzgados en los que la sobrecarga de trabajo supera el 150% respecto a los m¨®dulos establecidos por el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia. En algunos casos, la sobrecarga llega al 240 o 260%. ¡°La planta no est¨¢ bien dimensionada¡±, advierte Rodr¨ªguez. ¡°No es solo que no haya un n¨²mero suficiente de juzgados y jueces, sino que si, por ejemplo, se hubiera sacado adelante la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prev¨¦ que los fiscales asuman labores de instrucci¨®n, habr¨ªa muchos jueces que ya no instruir¨ªan y podr¨ªan trabajar mejor el resto¡±, a?ade.

¡°La impresi¨®n es que hay decepci¨®n en la carrera judicial, sobre todo en los j¨®venes¡±, advierte un magistrado del Supremo que apunta que los nuevos jueces llegan con ¡°el sentimiento de formar parte de una estructura fuerte del Estado¡±. Pero se encuentran con una realidad muy distinta. ¡°De repente se les frustran sus aspiraciones profesionales y casi vitales. La realidad es dura, casi salvaje a ojos de los j¨®venes¡±, se?ala este juez, para quien la huelga anunciada, con la que no est¨¢ de acuerdo, es ¡°un grito de desesperanza de la carrera judicial¡±. ¡°Es una llamada de atenci¨®n, un ¡®t¨¦ngannos en cuenta¡±.

El Consejo General del Poder Judicial lament¨® hace unos meses la existencia de ¡°un d¨¦ficit estructural en la plantilla de la carrera judicial¡±. Seg¨²n sus estimaciones, a finales de 2023 habr¨¢n ingresado en la carrera 382 nuevos jueces, mientras que las plazas vacantes ser¨¢n 563. Eso arroja un d¨¦ficit de al menos 181 jueces, seg¨²n el consejo, que acord¨® pedir al Ministerio de Justicia que incremente el n¨²mero de plazas en las pr¨®ximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.

El departamento que dirige Pilar Llop asegura ¡°ser consciente¡± de esta necesidad, pero argumenta que es una cuesti¨®n que tiene que preverse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¡°Efectivamente, se van a jubilar muchos jueces y hace falta convocar m¨¢s plazas¡±, se?alan fuentes del ministerio. No obstante, Justicia recuerda que hay una v¨ªa de acceso a la judicatura, que es el proceso de selecci¨®n de juristas con reconocida competencia, que es de ¡°exclusiva competencia¡± del CGPJ. ¡°En esta, seg¨²n nuestros datos, hay un d¨¦ficit de m¨¢s de 200 plazas acumulado en los a?os en que el actual consejo lleva sin renovar¡±, se?alan fuentes del ministerio.

Pero el CGPJ lleva m¨¢s de cuatro a?os con el mandato vencido y esta situaci¨®n se deja ya notar mucho en el d¨ªa a d¨ªa de los tribunales. A las 80 vacantes generadas (22 de ellas en el Tribunal Supremo) por la reforma legal que impide que el ¨®rgano nombre cargos discrecionales mientras siga en funciones, se une la agon¨ªa del CGPJ. ¡°No tiene fuerza para sentarse a negociar con el ministerio refuerzos o medidas que reclamamos. El CGPJ pod¨ªa haber hecho m¨¢s¡±, se?ala Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, presidenta de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora.

¡°Nos encontramos ante jueces cargados de trabajo y con medios congelados y que tienen como portavoz a un CGPJ caducado, fuera de la legalidad, que no le representa, alineado con los partidos pol¨ªticos y que contamina la imagen de la independencia judicial¡±, advierte un magistrado del alto tribunal, que a?ade que la imposibilidad de renovar los cargos discrecionales est¨¢ frustrando tambi¨¦n las expectativas profesionales de jueces veteranos que aspiran a presidir una audiencia provincial o un tribunal superior o a lograr una plaza en el Supremo.

Las asociaciones llevan a?os reclamando mejoras en recursos humanos y tecnol¨®gicos, aunque la protesta actual se centra en los salarios y la huelga solo se evitar¨¢, admiten sus convocantes, si se llega a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda en la mesa de retribuciones prevista el 3 de mayo. En Espa?a hay 5.668, seg¨²n los datos del ¨²ltimo informe del CGPJ, y su salario, como el de los 2.553 fiscales, est¨¢ regulado en una ley propia, la ley 15/2003, reguladora del r¨¦gimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. La cuant¨ªa que perciben jueces y fiscales a fin de mes es una suma de un sueldo base y varios complementos, que dependen del puesto, la antig¨¹edad, el destino, los objetivos alcanzados y otras retribuciones especiales.

Seg¨²n datos del CGPJ, los jueces espa?oles cobran entre 52.534,52 (los jueces con menos antig¨¹edad y destinados en municipios m¨¢s peque?os) y 137.935,07 (el presidente de la Audiencia Nacional). En el Tribunal Supremo, los sueldos oscilan entre los 109.072,40 euros que cobra un magistrado y los 132.769,12 que percibe el presidente (el actual, al estar en funciones, no percibe esta cuant¨ªa, sino la correspondiente a presidente de sala, 111.986,44 euros).

Estas retribuciones est¨¢ por encima de la media de los asalariados del sector p¨²blico (2.807,1 euros al mes en 2021, seg¨²n datos de la encuesta de poblaci¨®n activa del INE que incluye a todos los trabajadores de la Administraci¨®n y de las empresas p¨²blicas) y, en muchos casos, de lo que cobra el presidente del Gobierno (90.010 euros al a?o), pero jueces y fiscales reclaman una ¡°adecuaci¨®n retributiva razonable¡± justificada por la p¨¦rdida de poder adquisitivo que arrastran, aseguran, desde 2009.El CGPJ ha apoyado esta reclamaci¨®n al considerar las retribuciones como una garant¨ªa de independencia. ¡°El r¨¦gimen retributivo (...) constituye un elemento vertebrador de su independencia econ¨®mica, ¨ªntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional¡±, se?ala el ¨®rgano en un acuerdo aprobado el pasado jueves con el voto de los 17 vocales (diez conservadores y siete progresistas). Los jueces y fiscales se quejan de que se est¨¢ incumpliendo la ley que obliga a revisar sus salarios cada cinco a?os y aseguran que todav¨ªa no se han recuperado del recorte salarial que sufrieron todos los funcionarios en 2010, en plena crisis econ¨®mica. ¡°En 2010 se nos baj¨® el sueldo fijo un 9,73% y un 5% de complementos, un recorte mayor que el que se hizo a otros cuerpos. Y nosotros todav¨ªa no lo hemos recuperado¡±, asegura la presidenta de la APM.

Justicia niega esta conclusi¨®n y recuerda que, al margen de incrementos aplicados desde 2017, para los ejercicios del 2022, 2023 y 2024 se ha acordado para todos los funcionarios un aumento del 8%, susceptible de llegar al 9,5%. ¡°Entre las subidas que ha habido desde 2017 y, en particular, con esta que se est¨¢ haciendo en los ejercicios de 2022 a 2024, se supera con creces la reducci¨®n de 2010, que fue del 10%¡±, se?alan fuentes del ministerio.

Que el acuerdo logrado por parte de los letrados de la administraci¨®n de justicia ha provocado un efecto domin¨® que explica la huelga de funcionarios y la de jueces y fiscales lo admiten todas las partes. ¡°Nos dijeron que cualquier mejora general para el colectivo es imposible. Por eso empezamos a buscar mejoras puntuales, por ejemplo, las guardias, que en los de juzgados de instrucci¨®n mixtos ¨²nicos hacen por 0,35 euros la hora¡±, recuerda Fern¨¢ndez Vaquero, el portavoz de la Francisco de Vitoria. ¡°Pero luego nos encontramos con que los letrados hacen dos meses de huelga y les dan una subida para todos. Eso ha sido definitivo para nuestra convocatoria¡±, admite.

?Qu¨¦ incremento piden los jueces? Las asociaciones no se ponen de acuerdo, aunque todas coinciden en que hay aspectos como las guardias y el complemento por grupo de poblaci¨®n que deben cambiar. La Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), aunque no se ha sumado al paro, ha analizado los puntos que va a llevar a la mesa de retribuciones y que coinciden, en lo esencial, con los de todas las asociaciones. ¡°Es importante la actualizaci¨®n de las retribuciones de las guardias semanales, que tienen una cuant¨ªa desproporcionadamente inferior a la retribuci¨®n de guardia de 24 horas. Tambi¨¦n creemos que tenemos un porcentaje del 5% de trienios que deber¨ªa ser actualizado y subido en dos o tres puntos. Y que deben desaparecer los grupos de poblaci¨®n 4 y 5 [los referidos a los municipios m¨¢s peque?os], que suponen una merma en las retribuciones de quienes ganan menos. Deber¨ªamos tambi¨¦n recuperar el poder adquisitivo perdido por la falta de actualizaci¨®n de nuestros salarios conforme al IPC y en relaci¨®n a la reducci¨®n sustancial que se produjo en 2010¡å, se?ala In¨¦s Herreros, presidenta de la UPF.

El acuerdo con los antiguos secretarios judiciales ha precipitado tambi¨¦n la huelga de funcionarios de la administraci¨®n de justicia, un cuerpo formado por 45.000 personas que, en su mayor¨ªa, trabajan a las ¨®rdenes de los letrados y que ahora han visto c¨®mo a sus jefes se les sube el sueldo por hacer tareas que, aseguran, muchas veces delegan en los trabajadores a su cargo. ¡°Hace 20 a?os que reclamamos que se clarifiquen las funciones de los cuerpos de justicia. Muchas de esas funciones que los letrados han reclamado que se les retribuyan las ejecutamos realmente nosotros. Todos los papeles pasan por nuestras manos y el letrado los firma¡±, asegura Javier Jord¨¢n, responsable de Justicia del CSIF, el sindicato mayoritario del sector.

El Ministerio de Justicia niega esta situaci¨®n. ¡°Los funcionarios vienen haciendo las mismas funciones de siempre, que es asistir al titular del ¨®rgano judicial y tambi¨¦n al LAJ [letrado] en sus respectivas funciones. Ante la posible confusi¨®n sobre las funciones de cada uno de los intervinientes en las leyes procesales ya se est¨¢ trabajando en la oportuna clarificaci¨®n¡±, se?alan desde el departamento de Llop, que es juez de carrera. Los sindicatos de los funcionarios han llevado peticiones concretas a la negociaci¨®n con el Gobierno, que est¨¢ ahora en v¨ªa muerta: un incremento salarial de entre 350 y 430 euros al mes y cambios en la futura ley de eficiencia organizativa que, aseguran, no garantiza que se respete el destino de cada trabajador.

¡°Funci¨®n P¨²blica y el Ministerio de Justicia tienen que reflexionar¡±, se?ala Jord¨¢n. ¡°Ante la realidad de que tienen un conflicto con jueces y fiscales, turno de oficio, funcionarios, el Gobierno tiene que buscar a una soluci¨®n global. El tercer poder del Estado, aseguran quienes lo sostienen, es desde hace tiempo ¡°la Cenicienta¡± de la Administraci¨®n. ¡°Hay algo rotundamente mal en la administraci¨®n de justicia. Y no estoy responsabilizando al Ministerio de Justicia actual porque a ¨¦l le toca gestionarlo, pero esto viene de muchos a?os atr¨¢s y muchos Gobiernos¡±, advierte el portavoz de la Francisco de Vitoria.