La justicia, en pie de guerra tras el acuerdo del Gobierno con los letrados

Durante los dos meses que dur¨® la huelga de letrados de la administraci¨®n de Justicia (LAJ), el resto de los operadores jur¨ªdicos avisaron: si los letrados alcanzaban con el Gobierno un acuerdo econ¨®mico que solo los beneficiara a ellos, la movilizaci¨®n se extender¨ªa por todos los estamentos de la justicia. Los augurios se han cumplido y la paz social que buscaba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop con la negociaci¨®n con los letrados est¨¢ teniendo un efecto rebote. Los funcionarios judiciales llevan ya tres d¨ªas de huelga y este mi¨¦rcoles se manifestaron en Madrid para reivindicar mejoras salariales ¡°en la l¨ªnea¡±, seg¨²n los sindicatos convocantes, con la concedida a los letrados. Las asociaciones de jueces y fiscales est¨¢n ya preguntando a sus miembros para conocer su disponibilidad para secundar paros, en una especie de toma de pulso preparatoria: los resultados apuntan a futuras movilizaciones. Y los abogados del turno de oficio han anunciado una concentraci¨®n para el 27 de abril.

¡°La huelga de los letrados [judiciales] ha dejado una lecci¨®n buena para nosotros, pero peligrosa para el Gobierno: si presionas, triunfas¡±, se?ala un juez que prefiere mantener su anonimato. Como otros magistrados y fiscales consultados, admite que la subida salarial del 8% acordada por el Ejecutivo para todos los funcionarios a lo largo de los pr¨®ximos tres a?os se deja notar ya en las n¨®minas, pero se?ala que el pacto suscrito por los letrados marca un camino que va directo a la movilizaci¨®n del resto de estamentos de la justicia. ¡°Los sindicatos cerraron un acuerdo para todos en diciembre. Pero los letrados, desmarcados de eso y como si ese acuerdo no fuera con ellos, reclamaron m¨¢s y lo han conseguido. Vamos a ir todos detr¨¢s a pedir lo mismo¡±, afirma un fiscal.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la l¨ªnea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), con aumentos de hasta 450 euros y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. La manifestaci¨®n de este mi¨¦rcoles tambi¨¦n reclam¨® cambios en la Ley Org¨¢nica de Eficiencia Organizativa (Loeo) que tramita el Gobierno.

Con ese pacto que ha encendido al sector y a las puertas de elecciones municipales, auton¨®micas y generales, la justicia es un verdadero polvor¨ªn. Los primeros en movilizarse han sido los funcionarios judiciales, un cuerpo compuesto por 45.000 trabajadores con categor¨ªas distintas, desde el A1 (la m¨¢s alta de la Administraci¨®n) a la C2. De este personal dependen muchas de las funciones que se hacen cada d¨ªa en los juzgados, como la atenci¨®n al p¨²blico, el registro de documentos o la notificaci¨®n de diligencias y autos, adem¨¢s del funcionamiento de los Institutos de Toxicolog¨ªa y de Medicina Legal.

La mayor parte, no obstante, son personal de auxilio judicial, tramitadores procesales, gestores y administrativos que trabajan a las ¨®rdenes de los letrados en las oficinas judiciales, y que ahora han visto que sus jefes han conseguido una subida salarial por atribuciones que tienen asignadas, pero que, aseguran, muchas veces delegan en ellos. La movilizaci¨®n de los funcionarios ¡ªparos de tres horas al d¨ªa el lunes y el martes, y de 24 horas el mi¨¦rcoles¡ª ha afectado ya a decenas de miles de actos judiciales y est¨¢ obligando a suspender juicios tan medi¨¢ticos como el que sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional al expresidente valenciano Francisco Camps por la trama G¨¹rtel.

Este panorama puede complicarse todav¨ªa m¨¢s. Cuando la negociaci¨®n entre Justicia y los funcionarios ni siquiera se ha iniciado, los jueces ya empiezan a prepararse para su propia huelga, aunque se muestran prudentes: a la espera de que el 3 de mayo se celebre la mesa de retribuciones, ¨²nico ¨®rgano previsto por la ley para revisar los salarios y donde, adem¨¢s del departamento de Pilar Llop, se sienta tambi¨¦n el Ministerio de Hacienda. Las cuatro asociaciones judiciales aguardan con recelos esa cita, de la que esperan salir con propuestas concretas. ¡°No queremos ir a marear la perdiz¡±, advierte Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), que insiste en que llevan un a?o trabajando en este asunto con contactos con Justicia y, de momento, no han obtenido resultados.

¡°Nosotros hemos sido muy prudentes. Y con los LAJ han cerrado un acuerdo en solo unas semanas¡±, prosigue Del Barco, que recuerda c¨®mo se lleg¨® a convocar la mesa de retribuciones en octubre de 2022, pero finalmente se suspendi¨®. Ese paso atr¨¢s gener¨® un enorme malestar e indignaci¨®n, y provoca que las asociaciones no se f¨ªen ahora del Gobierno encabezado por Pedro S¨¢nchez. Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), coincide en que el encuentro del 3 de mayo debe finalizar con avances porque, si no, la huelga se presenta como su gran arma de presi¨®n. Y ya han empezado a sondear esa opci¨®n entre sus afiliados.

La APM impuls¨® en abril una consulta entre sus asociados ¡ªm¨¢s de 1.300¡ª para saber si respaldar¨ªan una medida de estas caracter¨ªsticas para impulsar sus ¡°reclamaciones salariales¡±. La propuesta de huelga se sald¨® con el respaldo del 70%. El Foro Judicial Independiente (FJI), otra de las asociaciones del sector, llev¨® a cabo una iniciativa similar, y obtuvo un 75% de apoyos. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia no ha consultado a sus miembros, pero s¨ª ha hecho la pregunta entre sus secciones territoriales, donde el resultado ha sido dispar. ¡°Vamos a esperar al 3 de mayo y, despu¨¦s, decidiremos¡±, se?ala su portavoz, Edmundo Rodr¨ªguez.

Fuentes de las asociaciones admiten que corren el riesgo de que se entienda que la huelga persigue un inter¨¦s pol¨ªtico contra el Gobierno ante las elecciones municipales, auton¨®micas y generales de este 2023, por lo que reconocen que la agitaci¨®n dentro de toda la carrera los beneficia. Para que se vea que el malestar es general. ¡°Parece que la huelga es el ¨²nico lenguaje que entienden en Hacienda y Justicia¡±, remacha Del Barco. Los jueces no pueden pertenecer a sindicatos, lo que hist¨®ricamente les ha restado fuerza a la hora de negociar.

La ofensiva de la abogac¨ªa

El clima de agitaci¨®n se ha extendido tambi¨¦n a la abogac¨ªa, que prepara desde hace semanas una concentraci¨®n para el 27 de abril ante el Congreso de los Diputados. El objetivo es reclamar mejoras en las retribuciones de los letrados adscritos al turno de oficio ¡ªcerca de 44.000, seg¨²n el ¨²ltimo informe sobre el sector elaborado por el Consejo General de la Abogac¨ªa¡ª. Los convocantes aprovechan as¨ª la ola de protestas en la Justicia y tratan de presionar al Poder Legislativo para elevar los baremos que fijan las cantidades que perciben por cada tr¨¢mite.

¡°Solicitamos que se acuerden cuantas modificaciones normativas procedan en aras de combatir la infrafinanciaci¨®n del turno de oficio¡±, subraya el comunicado que llama a la movilizaci¨®n, respaldado por m¨¢s de una docena de asociaciones de la carrera y por el influyente Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de toda Europa. Este organismo ha cedido, incluso, sus instalaciones como punto de encuentro para todos los letrados del resto de Espa?a que se sumen a la concentraci¨®n.

Alicia Vega, presidenta de la Confederaci¨®n Espa?ola de Abogados del Turno de Oficio (CEAT), uno de los colectivos que impulsa la protesta ante el Parlamento, subraya: ¡°Llevamos mucho tiempo arrastrando problemas y ten¨ªamos que visibilizar ya las reivindicaciones¡±. Vega no solo incide en las bajas retribuciones que perciben, sino que denuncia que existen tr¨¢mites por los que directamente no se cobra al no estar contemplados en la normativa. ¡°Hay recursos por lo que no nos pagan. O, por ejemplo, por las peticiones de ejecuci¨®n de sentencias penales. No se pueden cobrar, pero nosotros estamos obligados a hacerlo. B¨¢sicamente, queremos que nuestro trabajo se remunere¡±. El Estado tampoco asume el coste de los abogados de oficio que asisten a personas jur¨ªdicas.

Javier Mata, miembro de la junta directiva del ICAM, incide: ¡°Los abogados tambi¨¦n tenemos algo que decir. Todo el mundo pide dinero y lo que no puede ser es que no suban las retribuciones de los abogados de oficio. Hace falta un impulso¡±. Pero el ministro de la Presidencia y abogado de profesi¨®n, F¨¦lix Bola?os, esquiv¨® el tema la pasada semana en una conferencia. ?Hay voluntad de subir esos baremos? ¡°Es una de las carpetas que est¨¢n abiertas. Es una de las cuestiones que se est¨¢n analizando¡±, apunt¨® el representante del Ejecutivo, sin comprometerse a nada. Aunque s¨ª reconoci¨® que son ¡°necesarios unos baremos m¨¢s adaptados a la realidad¡±. Pilar Llop, ministra de Justicia, tampoco fue mucho m¨¢s all¨¢ el martes: ¡°Estamos revisando los baremos. El ¨²ltimo fue aprobado por una orden de 2018. Estamos revisando cu¨¢les pueden ser los m¨¢s adecuados¡±, asever¨® en el Senado.