El presidente de la UD Las Palmas se sienta en el banquillo acusado de defraudar 36,6 millones a la Seguridad Social
Miguel ?ngel Ram¨ªrez se enfrenta desde el martes a penas de 21 a?os de c¨¢rcel y 102,6 millones de multa por sus supuestamente evitar cotizaciones en su empresa de seguridad privada entre 2009 y 2017
Miguel ?ngel Ram¨ªrez se resiste a abandonar el epicentro de casi cuanto terremoto judicial sacude la actualidad canaria. El empresario de la seguridad privada y presidente del equipo de futbol Uni¨®n Deportiva Las Palmas ser¨¢ juzgado desde este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de las Palmas por, presuntamente, defraudar 36,6 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2017. Unas pr¨¢cticas que le permitieron crecer vertiginosamente en el negocio y llegar a ser conocido como el rey de la seguridad low cost. El fiscal pide 21 a?os de prisi¨®n por cinco delitos contra la Hacienda p¨²blica y otros tres contra la Seguridad Social al frente de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), adem¨¢s del pago de 102,6 millones de multa. No estar¨¢ solo en el banquillo. Para su socio, H¨¦ctor de Armas, el ministerio reclama 14 a?os de c¨¢rcel y 79,32 millones de indemnizaci¨®n.
El juicio a Ram¨ªrez es, probablemente, uno de los que m¨¢s atenci¨®n medi¨¢tica acumula en las islas en la historia reciente. Y no solo por ser el due?o y se?or de un club reci¨¦n ascendido a Primera o por lo que pueda decir una persona con m¨²ltiples contactos durante las pr¨®ximas tres semanas en la secci¨®n primera de la Audiencia Provincial. Su nombre aparece citado en varias ocasiones en el sumario caso Mediador como uno de los posibles objetivos de la presunta trama.
Ha sido, a su vez, una tortuosa instrucci¨®n ¡ª¡±contaminada¡±, seg¨²n las palabras del secretario general de una de las partes personadas, la Federaci¨®n de Trabajadores de Seguridad Privada de Uni¨®n Sindical Obrera (USO), Basilio Febles¡ª. Comenz¨® en 2014, se ha paralizado en tres ocasiones y en ella han participado cinco jueces: dos fueron imputados y uno acab¨® condenado. No en vano, este caso fue la semilla de la que floreci¨® el caso Alba, la causa que desemboc¨® en la condena al exmagistrado Salvador Alba a seis a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n. El motivo, urdir un complot para acabar con la carrera de la exjueza, exdiputada de Podemos, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero y antecesora en la instrucci¨®n, Victoria Rosell. Ram¨ªrez, de hecho, fue quien permiti¨® abortar la trama tejida por Salvador Alba tras grabar una reuni¨®n secreta a la que fue convocado en el despacho del propio Alba el 16 de marzo de 2016, en la que le ofreci¨® ventajas judiciales al acusado si le ayudaba a encontrar pruebas de que Rosell no era imparcial.
Las dietas, la clave
Poco m¨¢s de siete a?os despu¨¦s de aquella sonada reuni¨®n, Miguel ?ngel Ram¨ªrez regresar¨¢ a estas dependencias. La Fiscal¨ªa, la Seguridad Social, Hacienda y USO ¡ªpersonados en la causa a trav¨¦s de su abogado Ismael Franco¡ª, sostienen que entre 2009 a 2013, el empresario ¡°recurri¨® a una ficci¨®n consistente en disfrazar¡± de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores de SIC. El motivo de esta estrategia radica en que las dietas no se incluyen dentro de la obligaci¨®n de retenci¨®n que tiene cualquier empleador respecto al IRPF de sus trabajadores. Adem¨¢s, en su escrito de acusaci¨®n, el ministerio acusa a Ram¨ªrez de no rellenar correctamente los formularios en la Tesorer¨ªa, cono lo que logr¨® que la cuota a ingresar en Seguridad Social fuera notoriamente m¨¢s baja, con el consiguiente perjuicio para el sistema¡±. El fiscal calcula que solo entre 2009 y 2012, el acusado defraud¨® 18,06 millones.
Seg¨²n consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PA?S, el acusado neg¨® en todo momento se imputaron horas extras bajo el ep¨ªgrafe de dietas, y resalt¨® que la empresa, adem¨¢s, nunca fue sancionada despu¨¦s de haber sido objeto de inspecciones. Ram¨ªrez fue condenado en 2011 a tres a?os de c¨¢rcel por un delito urban¨ªstico, condena por la que ser¨ªa indultado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy a condici¨®n de que derribase las obras ilegales que hizo en su casa. La inhabilitaci¨®n que llevaba aparejada, no obstante, le oblig¨® a dar un paso atr¨¢s y llevar a cabo, presuntamente, una ¡°simulaci¨®n¡±: colocar a H¨¦ctor de Armas Torrent como administrador ¨²nico, aunque la toma de decisiones segu¨ªa recayendo en Ram¨ªrez.
Seg¨²n el fiscal, De Armas no solo conoc¨ªa la estrategia llevada a cabo por la empresa, sino que se avino a poner ¡°en marcha otra mec¨¢nica complementaria de la anterior y destinada igualmente a seguir reduciendo de manera fraudulenta la base de cotizaci¨®n de los trabajadores¡±. En este caso, se pact¨® con el comit¨¦ de empresa dos convenios que se descolgaban del nacional del sector ¡ªambos anulados por el Tribunal Supremo¡ª. Estos documentos, supuestamente, persegu¨ªan hacer frente a la crisis econ¨®mica reduciendo sueldos un 17,1%. Adem¨¢s, se ampliaba la jornada, obligando a hacer al menos 184 horas mensuales (22 m¨¢s que las estipuladas) y se suprim¨ªan los pluses de nocturnidad y festividad. Estas, sin embargo, se seguir¨ªan abonando mediante transferencias bancarias bajo el ep¨ªgrafe plus de productividad que se hac¨ªan de manera separada y que se reflejaban ¡ªde nuevo¡ª bajo el concepto de dietas. Por ¨²ltimo, sostiene la acusaci¨®n, daba de baja a los trabajadores en la Seguridad Social por las vacaciones devengadas y no disfrutadas al final de la relaci¨®n laboral, con lo que se evitaba la cotizaci¨®n por este concepto una vez cursada la baja. Reconfigurar ¡°mendazmente¡± las cotizaciones a la Seguridad Social, seg¨²n la Fiscal¨ªa, permiti¨® a la empresa ahorrarse 17,03 millones entre marzo de 2013 a octubre de 2017.
Esta pr¨¢ctica no pretend¨ªa reflotar la empresa, sostiene la Fiscal¨ªa, sino hacerla crecer gracias a la ventaja competitiva que proporcionaban los menores costes. As¨ª, entre 2011 y 2016, SIC registr¨® crecimientos tanto en la facturaci¨®n (entre 2013 y 2016 los ingresos crecieron el 51,4% hasta 95 millones) como en el beneficio operativo (tambi¨¦n conocido como ebitda, que es el que resultado sin tener en cuenta los impuestos, los intereses por la deuda o las amortizaciones de capital). Pese a todo este crecimiento empresarial, SIC present¨® su solicitud de concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2017.
Un lugar en Primera para un maltratador
La UD Las Palmas, el club que preside con mano de hierro el acusado, Miguel Ángel Ramírez, contará entre sus activos esta temporada en Primera División con un maltratador. En marzo, el jugador juvenil de la entidad, Joel Domínguez (18 años), fue condenado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1, de Las Palmas de Gran Canaria por maltratar a su pareja sentimental, que es menor de edad.
La sentencia le impuso 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento de su novia. En ese momento, el club aseguró que “lamenta profundamente que uno de sus jugadores haya cometido un delito de violencia de género”, si bien rehusó aplicar medidas disciplinarias más allá de obligarlo a entrenar en soledad, asegurando que era “la mejor contribución para evitar que la sociedad pierda a personas que pueden ser útiles”.
Así las cosas, el 12 de junio, la UD Las Palmas anunció que el jugador haría la pretemporada con el primer equipo. "Si no lo hemos echado es porque creemos deportivamente en él y entendemos que es un jugador con un potencial importante", afirmó Ramírez entonces. "Nosotros lo que tenemos que intentar es ayudarle a reinsertarse en la sociedad".
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