Los funcionarios judiciales suspenden la huelga indefinida, pero retomar¨¢n el pulso cuando haya nuevo Gobierno
Los trabajadores mantienen un calendario de protestas durante la campa?a electoral, con dos d¨ªas de paro, el 11 y el 20 de julio
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Los funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia han puesto fin este martes a la huelga indefinida que manten¨ªan desde el pasado 22 de mayo sin que hayan conseguido entablar una negociaci¨®n con el Ministerio de Justicia sobre las mejoras laborales y salariales que reclaman. Los cuatro sindicatos que convocaron el paro (CSIF, CC OO, UGT y STAJ) han decidido suspender la huelga debido, sobre todo, a que el inicio del periodo de vacaciones ha reducido considerablemente el seguimiento en las ¨²ltimas jornadas, seg¨²n admiten en una nota. Los trabajadores mantendr¨¢n otros actos de protesta, como dos jornadas de huelga los d¨ªas 11 y 20 de julio, en plena campa?a electoral, y varias concentraciones. Y adelantan que retomar¨¢n el pulso cuando haya sido elegido el nuevo Gobierno.
El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno est¨¢ abierto desde abril, cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir una subida salarial similar a la lograda por los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (entre 430 y 450 euros al mes) tras dos meses de huelga. Ese triunfo de los letrados est¨¢ en el trasfondo de la huelga de los funcionarios judiciales, pero entre un conflicto y otro se col¨® la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centr¨® en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campa?a electoral. Adem¨¢s, la revisi¨®n de retribuciones de jueces y fiscales est¨¢ regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 a?os. Los damnificados de esa negociaci¨®n, que s¨ª acab¨® con acuerdo, fueron los funcionarios. Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el otro conflicto, m¨¢s tarde anunci¨® que dejar¨ªa pasar los comicios del 28 de mayo y, despu¨¦s, la convocatoria de las elecciones del 23 de julio volvi¨® a dejar en segundo plano las conversaciones con los funcionarios judiciales.
Los 45.000 funcionarios de justicia dependen org¨¢nicamente del Gobierno central, aunque la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas tienen transferida la gesti¨®n de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia y Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centrado su reclamaci¨®n en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio: el complemento general del puesto (una retribuci¨®n de car¨¢cter b¨¢sico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que est¨¢ ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disoluci¨®n de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio.
En este mes y medio de movilizaciones solo se han celebrado tres reuniones con el Ministerio de Justicia, que han acabado sin visos de acuerdo. Los funcionarios han llegado a denunciar en la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo a la ministra, Pilar Llop, y al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodr¨ªguez, por mantener bloqueado el conflicto. En la nota emitida este martes, los cuatro sindicatos vuelven a mostrarse muy duros con el Gobierno, al que acusan de mantener una actitud ¡°cobarde¡± y ¡°ausente¡±.
¡°La gran repercusi¨®n p¨²blica de las movilizaciones es prueba de que tenemos el apoyo de la sociedad, pero el calendario ha jugado a favor de los que huyen por la puerta de atr¨¢s¡±, se?alan los sindicatos, que exponen que la llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado ¡°un l¨®gico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida, motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos tambi¨¦n por la necesidad de conciliaci¨®n¡±. ¡°A este descenso se une el agotamiento econ¨®mico que supone una movilizaci¨®n de tan largo alcance. Algo que ninguna familia ni ning¨²n trabajador puede soportar indefinidamente¡±, lamentan, para explicar su decisi¨®n de poner fin a la huelga indefinida. Se aplaza, aseguran, hasta que se constituyan las nuevas Cortes y se forme un nuevo Gobierno ¡°con otros responsables en Justicia¡±.
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