Los 11.000 millones de ¡®Quijotes¡¯ de la justicia digital
El ministerio y las comunidades destinan 410 millones de fondos europeos a digitalizar los tribunales y los principales servicios de la Administraci¨®n de Justicia
En los servidores del centro de proceso de datos del Ministerio de Justicia, un edificio construido en parte bajo tierra por razones de seguridad, se acumulan 33 petabytes de informaci¨®n. ¡°El equivalente a 11.000 millones de ejemplares de El Quijote¡±, ilustra uno de sus responsables. Por aqu¨ª circula una parte de la informaci¨®n m¨¢s sensible del Estado, por ejemplo, todos los expedientes judiciales que muchos tribunales y juzgados tienen ya digitalizados. No son todos, faltan muchos, pero cada vez son m¨¢s: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la mayor¨ªa de las comunidades trabajan mayoritariamente con expediente digital, mientras que en otras, como la Comunidad Valenciana o Andaluc¨ªa, el proceso va m¨¢s lento.
El objetivo es tan manido como costoso: cambiar las murallas de papeles acumuladas a lo largo de d¨¦cadas en las estanter¨ªas y mesas de jueces, fiscales y funcionarios por pantallas desde las que acceder a toda la documentaci¨®n y a cualquier tr¨¢mite necesario. Los responsables de este proceso aseguran que en los ¨²ltimos a?os se est¨¢ viviendo una aut¨¦ntica revoluci¨®n invisible en la justicia digital, una nueva realidad muy distinta a la que acompa?a al imaginario popular sobre la Administraci¨®n de justicia, que va llegando poco a poco a los operadores judiciales y de la que ya empiezan a beneficiarse los ciudadanos.
Las tres leyes que deb¨ªan apuntalar este cambio (las leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal) se han quedado en el limbo de la tramitaci¨®n parlamentaria por el adelanto electoral, pero los textos estaban ya muy avanzados y los sistemas se han ido implantando. Se trata, dicen sus responsables, de un modelo colaborativo en el que se han invertido 410 millones de euros de financiaci¨®n europea. La administraci¨®n de justicia es un engranaje complejo porque 12 comunidades tienen las competencias transferidas (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Murcia y Baleares, adem¨¢s de las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla) y la implantaci¨®n de los medios depende de ellas. El ministerio da el soporte, pero son los gobiernos at¨®micos los que deciden c¨®mo y d¨®nde ponerlos en marcha, lo que hace que la situaci¨®n sea actualmente desigual, seg¨²n admite Justicia y confirman jueces y abogados consultados. No obstante, todas las comunidades se han acogido a los fondos europeos y van llegando poco a poco a la justicia digital.
En el territorio del ministerio (las comunidades no transferidas, m¨¢s el Supremo y la Audiencia Nacional), todo est¨¢ pr¨¢cticamente digitalizado, como en Cantabria, Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n, Navarra, Canarias, Catalu?a (menos la jurisdicci¨®n penal), La Rioja y Asturias, seg¨²n los datos del departamento que dirige Pilar Llop. La digitalizaci¨®n, explican sus responsables, no solo ahorra papel, sino tambi¨¦n tiempo, emisiones de Co2 y mucho dinero. Si hasta hace dos a?os, para enviar una causa desde un juzgado de Canarias al Tribunal Supremo, el expediente viajaba en barco a C¨¢diz y desde ah¨ª en cami¨®n a Madrid, ahora se mueve por esos servidores del centro de proceso de datos que enlazan los juzgados de todos los puntos de Espa?a.
Los jueces aseguran que se ha avanzado mucho, pero que queda bastante por hacer para que la digitalizaci¨®n sea total y agilice de verdad el trabajo de los tribunales. ¡°El ritmo de implantaci¨®n del expediente digital y de las herramientas de auxilio es irregular¡±, se?ala Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, juez en C¨¢diz y portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria, que lamenta que, en ocasiones, lo que est¨¢ en la pantalla no es un expediente digital tal cual con la informaci¨®n organizada y herramientas que permitan f¨¢cilmente encontrar lo que buscas, sino una ¡°sucesi¨®n de acontecimientos inform¨¢ticos¡±, una retah¨ªla de documentos digitales m¨¢s lentos de consultar que los antiguos tochos de papel. ¡°Esto pasa porque no se est¨¢ incorporando debidamente el punto de vista del juez¡±, se?ala Fern¨¢ndez Vaquero, aunque el ministerio asegura que mantienen reuniones peri¨®dicas con todos los operadores para ir incorporando las herramientas m¨¢s demandadas.
Los jueces admiten que los papeles van desapareciendo de los juzgados, aunque la transici¨®n no es f¨¢cil. ¡°Se ha avanzado, pero todav¨ªa se est¨¢ lejos de una situaci¨®n ¨®ptima¡±, apunta Edmundo Rodr¨ªguez, portavoz de la asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia. ¡°Donde se va implantando el expediente digital, el papel tiende a desaparecer. Pero pasa a veces que empiezas un expediente en papel y a la mitad se para y ya no tienes nada en papel y todo empieza a llegarte en digital. Otros se han en primera instancia en papel y en segunda se digitalizan porque en ese tribunal van m¨¢s avanzados. Lo nuevo que entra tiende a venir sin papel, pero las causas duran a?os y tardar¨¢ todav¨ªa un tiempo en ser todo as¨ª¡±, se?ala el juez, que lamenta que, mientras en el resto de la administraci¨®n p¨²blica el salto digital se dio hace m¨¢s de una d¨¦cada, la justicia se haya quedado atr¨¢s.
Los responsables del proceso en el ministerio aseguran que, aunque el cambio ha sido tard¨ªo, la envergadura es mayor que en otros departamentos. ¡°El volumen de informaci¨®n que mueve la justicia es enorme¡±, advierten. La comparaci¨®n se hace con la Agencia Tributaria, esa hermana adelantada a su tiempo que lleva ya a?os gestionando digitalmente los datos de los contribuyentes. A trav¨¦s de Lexnet, el sistema de gesti¨®n de notificaciones telem¨¢ticas desde los juzgados a los profesionales de la justicia, se han enviado entre 2022 y 2023 m¨¢s de 134 millones de notificaciones, ¡°10 veces m¨¢s que la Agencia Tributaria¡±, aseguran.
Para el ciudadano com¨²n, la digitalizaci¨®n se traduce en el acceso personal a su expediente judicial (que estar¨¢ disponible a partir de octubre a trav¨¦s de la aplicaci¨®n Carpeta Justicia), en herramientas que traducen las resoluciones a un lenguaje sencillo o en avances en el Registro Civil, donde el objetivo es dejar atr¨¢s un modelo decimon¨®nico que se limitaba a inscribir, muchas veces en libros distintos, nacimientos, bodas y muertes, a otra realidad con divorcios y hasta cambios de sexo que conformar¨¢n una ¡°hoja de vida¡± en un solo documento digital. ¡°El objetivo es que cuando el ni?o nazca se manden directamente los datos desde el hospital, se le asigne su n¨²mero de la Seguridad Social y hasta se tramiten las prestaciones de paternidad y maternidad¡±, explican los responsables de este sistema.
?Pero qu¨¦ hacer con qui¨¦n no quiere o no puede relacionarse con internet? En los tribunales el ciudadano siempre va a poder obtener una copia en papel de su expediente si lo prefiere as¨ª, asegura Justicia, que tambi¨¦n tiene ya proyectos piloto para poder acceder a varios tr¨¢mites por videoconferencia (como juras de nacionalidad desde Formentera evitando desplazamientos a Ibiza) y un sistema pensado especialmente para las residencias a las que llevan un dispositivo que imita a un antiguo tel¨¦fono con cable desde el que el anciano habla con el juez, que le ve por una pantalla y evita as¨ª el desplazamiento de la persona para procesos de tutela para la discapacidad.
El siguiente paso: la IA y la robotizaci¨®n
Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y la robotización van llegando también poco a poco al Ministerio de Justicia con el objetivo de agilizar procesos en los que hasta ahora se empeñan horas, a veces hasta días de trabajo, y que una máquina puede hacer en cuestión de minutos. La aplicación de la Inteligencia Artificial a la justicia es controvertida porque, como en muchos ámbitos, causa dilemas éticos, pero la herramientas de acceso libre están ya siendo empleadas por muchos abogados y los jueces y fiscales piden no quedarse atrás. La línea roja, aseguran los responsables de Justicia, es que “nunca, bajo ningún concepto” habrá robots que tomen la decisión jurisdiccional. De momento, solo se ha puesto en marcha para procesos de ayuda como la textualización de vistas orales y la anonimización de resoluciones.
En el ámbito de la robotización, el proyecto estrella está ligado a la concesión de nacionalidades. Una vez que la persona cumple los requisitos básicos, por ejemplo, los 10 años de residencia en España para la nacionalidad por residencia, los funcionarios tienen que comprobar otros criterios como que se ha superado el examen del Instituto Cervantes o que no hay antecedentes penales. De estas comprobaciones, desde julio de 2022 ya se encarga la máquina, lo que ha permitido conceder en un menos de un año más de 240.000 nacionalidades, frente a las 187.482 concedidas a lo largo de todo 2021.
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