El PP pretende usar el Senado para frenar durante meses la futura ley de amnist¨ªa

El proyecto de ley org¨¢nica que albergar¨¢ una posible amnist¨ªa a los l¨ªderes del proceso independentista en Catalu?a todav¨ªa se desconoce, pero el PP ya ha preparado y planeado todo tipo de trabas pol¨ªticas y parlamentarias para frenarlo. Especialmente en el Senado, donde dispone de mayor¨ªa absoluta. El PP pretende usar su control de los tiempos y los debates en la C¨¢mara alta para bloquear la tramitaci¨®n de esa previsible ley de amnist¨ªa, si Pedro S¨¢nchez pacta un nuevo Gobierno, lo m¨¢ximo permitido. El plan del PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o pasa por demorar la ratificaci¨®n de esa norma cuando llegue aprobada desde el Congreso meses, si es factible hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzar¨ªa en febrero. El Ejecutivo ya se espera esa estrategia y razona que si S¨¢nchez logra una mayor¨ªa progresista para seguir en La Moncloa, lo l¨®gico es que esos votos le permitan tambi¨¦n ¡°controlar y apurar la agenda legislativa¡±, incluso por la v¨ªa de urgencia, que puede reducir los tiempos sensiblemente pero en el PSOE reconocen que si la investidura se retrasa mucho ser¨¢ casi imposible que sea aprobada definitivamente antes de Navidades. El PP, adem¨¢s, convocar¨¢ en el Senado un Debate de las Autonom¨ªas para abordar la amnist¨ªa y retratar al PSOE tras la cita que han forzado esta semana de la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas con el mismo objetivo. El Gobierno obviar¨¢ esas sesiones.

El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, lleva semanas advirtiendo de que utilizar¨¢ todos los recursos pol¨ªticos, legales y sociales a su alcance para combatir ese proyecto de amnist¨ªa, que el PSOE lleva negociando con sus socios semanas para la investidura de S¨¢nchez, pero del que se desconoce pr¨¢cticamente todo. El PP ha registrado as¨ª mociones en parlamentos auton¨®micos y ayuntamientos por toda Espa?a, para provocar el debate de la amnist¨ªa a esos dirigentes separatistas catalanes en territorios donde esa propuesta puede incomodar especialmente a los socialistas. Con esa meta se ha fijado para el jueves de esta semana en el Senado la comisi¨®n general de comunidades aut¨®nomas, que no se reun¨ªa desde la pandemia y que entonces se program¨® para debatir asuntos relacionados con la covid-19 con la presencia de la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ahora el ¨²nico punto en el orden del d¨ªa ser¨¢ la discusi¨®n de ¡°la aplicaci¨®n efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los espa?oles, y de solidaridad entre las comunidades aut¨®nomas¡±.

El PP, que dispone de mayor¨ªa en la Mesa del Senado y en la de esa comisi¨®n, que presidir¨¢ la popular Luisa Fernanda Rudi, podr¨ªa haber pedido incluso la comparecencia de alg¨²n ministro para requerir explicaciones sobre ese asunto. No lo ha hecho. Quiere un debate m¨¢s general, pero el Gobierno no se lo va a facilitar. Acudir¨¢n todos los presidentes auton¨®micos del PP (11), pero ninguno de los tres del PSOE. Tampoco est¨¢ previsto que acuda ni el presidente, que podr¨ªa intervenir sin l¨ªmites en cualquier momento, ni ning¨²n componente de su Ejecutivo. El Gobierno aduce para sortear esa valla pol¨ªtica que el objeto de la reuni¨®n es muy gen¨¦rico y que el PP no ha solicitado que acuda alg¨²n ministro en concreto. Rudi argumenta que esos razonamientos son excusas.

Esa sesi¨®n y esas posiciones servir¨¢n de prueba para futuras iniciativas del PP en la misma l¨ªnea y para las evasivas que impondr¨¢ el PSOE. El PP se acoger¨¢ de nuevo a la potestad que le permite el reglamento del Senado para se?alar a continuaci¨®n de la reuni¨®n en la comisi¨®n de esta semana tambi¨¦n un pr¨®ximo Debate de las Autonom¨ªas en la C¨¢mara alta, que es la versi¨®n en esa sede del Debate de la Naci¨®n en el Congreso. Esos debates, que est¨¢n recogidos para celebrarse anualmente en el art¨ªculo 56.bis7 del reglamento del Senado, en realidad apenas se han producido ¡ªhasta ahora en tres ocasiones¡ª y han sido sustituidos de hecho por las llamadas Conferencias de Presidentes. La ¨²ltima reuni¨®n en cualquier caso de todos los mandatarios auton¨®micos con el Gobierno fue en La Palma, en marzo de 2022, con motivo de la erupci¨®n all¨ª de un volc¨¢n y antes se hab¨ªan celebrado hasta 17 telem¨¢ticamente durante la pandemia. Hace un par de semanas, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano Garc¨ªa Page, que no ir¨¢ tampoco este jueves al Senado, reclam¨® en el Foro La Toja alg¨²n tipo de convenci¨®n con los responsables auton¨®micos para afrontar los grandes asuntos de Estado.

El PP, en cualquier caso, no aflojar¨¢ su presi¨®n contra el Gobierno para dinamitar ese proyecto de amnist¨ªa. Las opciones de poner obst¨¢culos en el Congreso son m¨ªnimas, y menos a¨²n si el PSOE labra un pacto con una mayor¨ªa para que S¨¢nchez permanezca en el poder. Los negociadores socialistas entienden que en ese escenario esa misma mayor¨ªa progresista har¨¢ todo lo que est¨¦ en sus votos para ¡°controlar y agilizar el calendario¡±. Los partidos que compongan ese bloque tendr¨ªan que negociar el texto de esa ley org¨¢nica, registrarlo, pasarlo por la Mesa, que esta lo califique como posible para ser aceptado, llevarlo a la ponencia y comisi¨®n de turno por si presentan enmiendas y plantearlo finalmente para su aprobaci¨®n en un pleno. Todos esos pasos burocr¨¢ticos suelen durar normalmente mucho m¨¢s de un mes, aunque se pueden depurar mucho y reducir a la mitad si el tr¨¢mite se considera de urgencia. El Ejecutivo ya aprob¨® en la anterior legislatura, en noviembre de 2022 y en poco m¨¢s de un mes, la reforma a trav¨¦s de una ley org¨¢nica del C¨®digo Penal para eliminar el delito de sedici¨®n al presentar aquella iniciativa como un proyecto de los grupos parlamentarios, lo que evit¨® solicitar algunos informes consultivos. Lo que el Gobierno no tiene previsto ahora es llevar la amnist¨ªa por la v¨ªa expr¨¦s de la lectura ¨²nica, porque ese proceso suele permitirse para cuestiones de emergencia y porque por su relevancia se considera que una norma tan compleja como la de la amnist¨ªa deber¨ªa conllevar una discusi¨®n completa y de calado, que cumpla con todos los requisitos y sea debatida en profundidad.

La desconocida fecha de la posible investidura de S¨¢nchez tambi¨¦n afecta al calendario general. El tope legal para desarrollar esa sesi¨®n es el 27 de noviembre antes de acudir de nuevo a las urnas el 14 de enero y si ese enigma no se resuelve antes de ese l¨ªmite, aprobar la ley de la amnist¨ªa en el Congreso antes de que acabe el periodo de sesiones vigente a finales de diciembre se antoja muy complicado, seg¨²n fuentes parlamentarias y del Gobierno del PSOE. Diciembre suele ser un mes copado en el Congreso para el debate pormenorizado de los presupuestos, que ser¨¢n de nuevo claves para prefigurar el tipo y duraci¨®n de la legislatura y que est¨¢n tambi¨¦n pendientes de negociar y acordar. Las dos normas, en cualquier caso, podr¨ªan discurrir en paralelo en caso de necesidad. En el PP sostienen que ese probable Gobierno con tantos socios e intereses contrapuestos no llegar¨¢ a tiempo y tendr¨¢ que dejar el debate sobre la amnist¨ªa para el siguiente periodo de sesiones, que ya comenzar¨ªa en febrero de 2024, porque enero es inh¨¢bil.

El PP se prepara as¨ª en el Senado, donde disfruta de mayor¨ªa absoluta con 143 parlamentarios, para recibir ese proyecto en febrero y ralentizarlo cuanto pueda. El sistema parlamentario espa?ol es bicameral y el Senado revisa las leyes aprobadas en el Congreso en segunda lectura para ratificarlas. No las puede tumbar totalmente, pero s¨ª alargar su tramitaci¨®n antes de que entren en vigor en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. La C¨¢mara alta tiene acotados en teor¨ªa esos tiempos de veto: dos meses como m¨¢ximo o 20 d¨ªas si el Gobierno las cataloga como urgentes. Los grupos pueden plantear ah¨ª tambi¨¦n enmiendas, correcciones, pedir informes. Y ser¨¢ ah¨ª donde el PP intentar¨¢ demorar lo que pueda ese proceso y hasta recurrir si es el caso ese procedimiento de urgencia de la ley ante el Tribunal Constitucional. La norma, en cualquier caso y al final, tendr¨ªa que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios levantaran ese veto, con mayor¨ªa absoluta en una primera votaci¨®n o simple en segunda, llegado el caso.