El juicio del ¡®proc¨¦s¡¯ en el Tribunal de Cuentas finaliza y queda a la espera de la ley de amnist¨ªa

El Tribunal de Cuentas ha puesto fin este viernes al juicio por presunta responsabilidad contable contra Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros 32 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalu?a, tras rechazar la petici¨®n de suspender la vista que hab¨ªa planteado la defensa de Puigdemont. Ahora, la consejera responsable del procedimiento dar¨¢ un plazo a acusaciones y defensas para presentar sus consideraciones finales por escrito ¡ªya sin vistas presenciales¡ª y dictar¨¢ sentencia en una fecha a¨²n por determinar. Esta causa, en la que se ha investigado el presunto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O y promover el proc¨¦s independentista en el extranjero, es una de las que quedar¨¢n anuladas previsiblemente si prospera la ley de amnist¨ªa impulsada por el PSOE. La Fiscal¨ªa reclama que los encausados restituyan 3,4 millones de euros, y la asociaci¨®n Sociedad Civil Catalana ¡ªque ejerce la acusaci¨®n popular¡ª, 5,3 millones. La Abogac¨ªa del Estado se retir¨® del procedimiento en enero de 2022.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat habr¨ªa querido atender el requerimiento para declarar en la vista de hoy, pero que no ha podido hacerlo porque no se le permiti¨® intervenir por videoconferencia y no pod¨ªa acudir presencialmente ya que ten¨ªa compromisos en Bruselas en su condici¨®n de eurodiputado. Puigdemont permanece huido en B¨¦lgica desde 2017 y sobre ¨¦l pesa una orden de detenci¨®n que ser¨ªa ejecutada en cuanto entrase en Espa?a. Algunas de las defensas reprocharon tambi¨¦n a la consejera encargada del juicio, Elena Hern¨¢ez, que no hubiera acordado la suspensi¨®n de la vista ante la existencia de una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa ya presentada en el Congreso.

Las acusaciones y las defensas tendr¨¢n ahora un plazo ¡ªque suele ser de entre diez y veinte d¨ªas cada uno¡ª para presentar de forma sucesiva sus respectivas conclusiones. Una vez recibidas todas, la consejera Hern¨¢ez dictar¨¢ sentencia. Fuentes del Tribunal de Cuentas no descartan que ni siquiera llegue a haber sentencia, en el caso de que la ley de amnist¨ªa sea aprobada antes de que concluyan esos ¨²ltimos tr¨¢mites. Lo habitual es que las conclusiones de las partes en los juicios del Tribunal de Cuentas se expresen de forma verbal en una vista, pero en este caso todas las partes han convenido, a propuesta de la consejera, que el tr¨¢mite se haga por escrito, lo que alarga los tiempos.

La ¨²nica posibilidad de que los implicados en esta causa no sean finalmente amnistiados es que la hipot¨¦tica sentencia condenatoria adquiera firmeza ¡ªes decir, sea ratificada por el Supremo¡ª antes de que la ley de amnist¨ªa entre en vigor. Es muy improbable que eso ocurra: la amnist¨ªa entrar¨¢ en vigor previsiblemente antes de seis meses, mientras que la firmeza de una sentencia del Tribunal de Cuentas ¡ªque es recurrible primero ante la Sala de Enjuiciamiento del propio ¨®rgano fiscalizador y luego ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo¡ª puede tardar a?os. La anterior sentencia contra los dirigentes del proc¨¦s, por ejemplo, dictada en noviembre de 2018, no fue confirmada por el Supremo hasta julio de 2021.

Testigos

En la vista de este viernes, la ¨²ltima del procedimiento, han declarado tres testigos propuestas por las defensas. En primer lugar, Mar¨ªa Luisa Lamela, interventora general del Estado, a quien el abogado de Puigdemont ha preguntado sobre el control de los gastos de la Generalitat que impuso el Gobierno central entre julio de 2017 y junio de 2018. Lamela ha dicho que su labor se limit¨® a garantizar los pagos a acreedores. En octubre de 2017 dejaron de hacerse transferencias y los pagos los realizaba el Estado, incluyendo los sueldos de los funcionarios y los gastos en educaci¨®n y sanidad.

¡°No entraba en mi responsabilidad analizar qu¨¦ pagos est¨¢bamos haciendo, no hicimos un control exhaustivo. Tampoco hubi¨¦ramos podido hacerlo, no ten¨ªamos capacidad para ello. S¨®lo control¨¢bamos que viniera autorizado por la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda¡±, ha explicado Lamela. Boye le pregunt¨® sobre la afirmaci¨®n del entonces ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, de que no iba a haber refer¨¦ndum el 1 de octubre de 2017 porque el Estado controlaba los gastos de la Generalitat. ¡°No ten¨ªa capacidad ni competencia para controlar cada uno de los pagos¡±, ha insistido la interventora. ¡°La Agencia Tributaria cre¨® un sistema especial para controlar esos ficheros. Nosotros revis¨¢bamos la documentaci¨®n y las firmas, que fueran las que ten¨ªan que ser. Me preocupaba que se hicieran los pagos, que las personas cobrasen sus salarios. Ten¨ªa muy buena relaci¨®n con Rosa Vidal [la interventora de la Generalitat] a estos efectos¡±, ha se?alado. El abogado de Puigdemont le ha preguntado tambi¨¦n si ten¨ªa alguna informaci¨®n por ser hermana de la primera instructora del caso del proc¨¦s en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La interventora ha contestado que no hablaba de asuntos profesionales con su hermana.

Han declarado tambi¨¦n como testigos Antoni Millet Abad, exmiembro de la direcci¨®n de Diplocat (el organismo de la Generalitat que promovi¨® el proc¨¦s en el extranjero) entre 2003 y 2017, y Alfonso Gonz¨¢lez Bondia, profesor de la Universitat Rovira i Virgili. Ambos han asegurado que no vieron ninguna irregularidad en las operaciones en las que intervinieron o de las que tuvieron conocimiento.