Preguntas y respuestas sobre la amnist¨ªa: ?C¨®mo se aplica? ?Qu¨¦ pasa si se recurre? ?Podr¨¢ volver Puigdemont a Espa?a?

La proposici¨®n de ley pactada por el PSOE y sus socios implica amnistiar los delitos y las responsabilidades administrativas y contables vinculadas a las consultas independentistas celebradas en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. La medida alcanza, adem¨¢s, a las acciones, cometidas entre 2012 y la actualidad, que consistan en ¡°reivindicar, promover o procurar la secesi¨®n o independencia de Catalu?a¡±. Los posibles recursos que se presenten contra la ley no suspenden su aplicaci¨®n, pero los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la norma una vez que entre en vigor, s¨ª pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad que retrasen los efectos de la medida de gracia. No obstante, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podr¨¢ volver a Espa?a sin miedo a ser detenido cuando entre en vigor la norma, aunque la causa abierta contra ¨¦l en el Supremo puede tardar en archivarse.

?A qui¨¦n beneficia la amnist¨ªa? La ley beneficiar¨¢, seg¨²n sus impulsores, a casi 400 personas, entre pol¨ªticos y cargos p¨²blicos, ciudadanos encausados por los disturbios posteriores a la sentencia de 2019 y polic¨ªas. La amnist¨ªa incluye a los encausados por la consulta del 9-N de 2014 impulsada por el Govern de Artur Mas y a los que lo est¨¢n por la preparaci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O de 2017 y por los altercados registrados tras la sentencia del Tribunal Supremo, en octubre de 2019. Se amnist¨ªan tambi¨¦n las acciones cometidas entre 2012 y la actualidad que no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas, pero que consistan en ¡°reivindicar, promover o procurar la secesi¨®n o independencia de Catalu?a¡±. La ley alcanza as¨ª tanto a la pena de inhabilitaci¨®n que siguen teniendo pendiente de cumplir Oriol Junqueras y otros miembros del Govern que fueron juzgados en el Supremo, como a la causa abierta contra Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos con ¨¦l a B¨¦lgica. Adem¨¢s, se quedar¨¢n sin juzgar los antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los preparativos del refer¨¦ndum ilegal y la promoci¨®n internacional del proc¨¦s que se investigan en juzgados de Barcelona. Tambi¨¦n queda, en principio, dentro de la amnist¨ªa la causa del Tsunami Democr¨¤tic que investiga el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en la Audiencia Nacional y que afecta a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, as¨ª como el procedimiento contra los CDR, sobre el que ya se hab¨ªa abierto juicio oral. Asimismo, ser¨¢n amnistiados los polic¨ªas y guardias civiles procesados por delitos de lesiones en el 1-O, en torno a 73 agentes, seg¨²n c¨¢lculos de los negociadores.

?Qu¨¦ se excluye de la amnist¨ªa? La proposici¨®n de ley no abarca los actos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la p¨¦rdida o la inutilidad de un ¨®rgano o miembro, la p¨¦rdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Tambi¨¦n quedan fuera los delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al art¨ªculo 3 del Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¡°siempre que superen un umbral m¨ªnimo de gravedad¡±. Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de la Polic¨ªa (SUP), las dos principales organizaciones de agentes, se basan en este precepto para asegurar que la medida de gracia puede dejar fuera ¡°a la gran mayor¨ªa de los agentes imputados¡± por su actuaci¨®n durante los altercados registrados durante el 1-O, informa ?scar L¨®pez-Fonseca. El sindicato llega a esta conclusi¨®n tras considerar que la ley deja fuera los delitos de atentado contra la integridad moral (infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad), que se imputan a 45 miembros de las fuerzas de seguridad encausados. Tampoco se amnist¨ªan los actos tipificados como delitos de terrorismo, pero solo cuando ya se haya dictado sentencia firme. Esta exigencia permite, en principio, aplicar la amnist¨ªa a los CDR y a Carles Puigdemont y Marta Rovira aunque hayan sido imputados por terrorismo en la causa del Tsunami Democr¨¤tic.

?C¨®mo se aplicar¨¢ la amnist¨ªa? Para hacerse efectiva, la ley de amnist¨ªa tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento afectado por la medida de gracia. La proposici¨®n de ley establece que los tribunales aplicar¨¢n la amnist¨ªa ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±, para lo que se da un plazo m¨¢ximo de dos meses. El tribunal eliminar¨¢ los antecedentes penales derivados de esa condena y quedar¨¢n sin efecto las ¨®rdenes de busca y captura e ingreso en prisi¨®n, as¨ª como las ¨®rdenes nacionales, europeas e internacionales de detenci¨®n. La entrada en vigor de la ley dejar¨¢ sin efecto de forma inmediata las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas sobre cualquiera de los beneficiarios, lo que obligar¨¢ a la devoluci¨®n de las fianzas impuestas, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, que aval¨® parcialmente la Generalitat.

?Qu¨¦ pasa si se recurre la ley? La amnist¨ªa puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por diputados, senadores o las comunidades aut¨®nomas, pero la proposici¨®n de ley establece que los recursos ¡°no tendr¨¢n efectos suspensivos¡±, por lo que la amnist¨ªa se aplicar¨¢ en el plazo de dos meses, sea o no recurrida. Distinto es el caso de las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que pueden presentar los tribunales que tengan que aplicar la norma. El art¨ªculo 35 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional fija que el planteamiento de una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ¡°originar¨¢ la suspensi¨®n provisional de las actuaciones en el proceso judicial¡± hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia. Esto implica, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, que los jueces que abran esta v¨ªa no dictar¨¢n la resoluci¨®n definitiva de sobreseimiento de esa causa mientras el Constitucional no se pronuncie. No obstante, algunas fuentes advierten de que el texto de la proposici¨®n de ley, al establecer que los recursos no tienen efectos suspensivos, no aclara si esta cl¨¢usula afecta tambi¨¦n a las cuestiones de inconstitucionalidad.

?Podr¨¢n viajar a Espa?a Carles Puigdemont, Toni Com¨ªn o Marta Rovira sin temor a ser detenidos? La causa por sedici¨®n y malversaci¨®n contra los pr¨®fugos del proc¨¦s se instruye en el Tribunal Supremo y ser¨¢ la Sala Penal (no el instructor, Pablo Llarena) la que deber¨¢ aplicar la ley de amnist¨ªa y decidir, en su caso, si eleva cuesti¨®n de inconstitucionalidad. Todo apunta a que lo har¨¢, lo que, en principio, supondr¨¢ la suspensi¨®n del procedimiento, salvo que, como se?alan algunas fuentes, los jueces interpreten que la ley de amnist¨ªa limita los efectos suspensivos de las cuestiones de inconstitucionalidad. No obstante, las fuentes se inclinan por considerar que, en el caso de los fugados, si el Supremo acude al tribunal de garant¨ªas no se podr¨¢ archivar su causa de forma inmediata, pero tampoco se les podr¨ªa detener ni adoptar ninguna medida judicial contra ellos, por lo que, en principio, podr¨ªan volver a Espa?a sin arriesgarse a ser arrestados.

?Podr¨¢n presentarse Puigdemont, Rovira y Oriol Junqueras a las pr¨®ximas elecciones de la Generalitat? El expresidente catal¨¢n, Rovira y el resto de los pol¨ªticos pr¨®fugos de la justicia espa?ola no est¨¢n inhabilitados, por lo que, si vuelven a Espa?a, podr¨ªan presentarse a unas elecciones, aunque la amnist¨ªa no se hubiera aplicado del todo a la espera de las posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Distinto es el caso de Oriol Junqueras y los l¨ªderes independentistas condenados por el Supremo a los que se les indult¨® la pena de c¨¢rcel, pero siguen cumpliendo la de inhabilitaci¨®n. Esta condena decae con la amnist¨ªa, pero si el alto tribunal eleva el caso al Constitucional, la inhabilitaci¨®n seguir¨¢ vigente hasta que haya respuesta, se?alan fuentes jur¨ªdicas, salvo en el caso en el que se interprete que la norma obliga al tribunal a aplicar la amnist¨ªa en el plazo de dos meses, aunque acuda al tribunal de garant¨ªas. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que, en cualquier caso, los afectados podr¨ªan pedir ante el Constitucional medidas cautelares para que no se suspenda la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa mientras el tribunal resuelve sobre la cuesti¨®n planteada por el Supremo.

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Bola?os explica la ley de amnist¨ªa del PSOE: "Queremos cerrar heridas"