Junts votar¨¢ en contra del decreto ¡®¨®mnibus¡¯ y las medidas anticrisis del Gobierno
La formaci¨®n de Carles Puigdemont se opone porque considera que ¡°pone en peligro¡± la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa debido a las medidas de digitalizaci¨®n de la justicia, por invasi¨®n de competencias y por agravar la ¡°infrafinanciaci¨®n¡± de Catalu?a
Junts pone el primer palo en la rueda del Gobierno tras haber apoyado la investidura de Pedro S¨¢nchez. La formaci¨®n de Carles Puigdemont ha anunciado este viernes que votar¨¢ en contra de los tres reales decretos que el Gobierno llevar¨¢ al pleno del pr¨®ximo mi¨¦rcoles: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis que terminaba el pasado 31 de diciembre, el decreto ¨®mnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepci¨®n de los fondos europeos ¡ªcomo la transformaci¨®n digital de la Justicia¡ª y un tercero relacionado con el Ministerio de Trabajo. Junts ha confirmado que votar¨¢ en contra de los textos, que se debatir¨¢n en un pleno parlamentario la pr¨®xima semana junto a las enmiendas totales de la ley de amnist¨ªa, con el argumento de que el decreto sobre Justicia ¡°pone en peligro¡± la aplicaci¨®n de la medida de gracia a los encausados por el proc¨¦s y porque consideran que parte del contenido de las iniciativas parlamentarias invade competencias de la Generalitat y agrava su ¡°infrafinanciaci¨®n¡±, seg¨²n fuentes del partido independentista.
Junts ha confirmado su negativa esta ma?ana despu¨¦s de que este jueves el secretario de organizaci¨®n del PSOE, Santos Cerd¨¢n, y el secretario general de la formaci¨®n independentista, Jordi Turull, mantuvieran una reuni¨®n en Barcelona sin llegar a un acuerdo, seg¨²n ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado este peri¨®dico. Los independentistas basan su negativa en que los textos no se han consensuado y rechazan tambi¨¦n tramitarlos como proyecto de ley ¡ªuna opci¨®n que pueda dar el Gobierno en el pleno para introducir modificaciones a posteriori¡ª. Junts insta al Ejecutivo a retirar directamente los textos y redactar otros nuevos. Fuentes de la direcci¨®n socialista insisten en que las conversaciones seguir¨¢n adelante. ¡°La pasada legislatura se bas¨® en di¨¢logo, di¨¢logo, di¨¢logo y esta no va a ser diferente. No hay mayor¨ªas absolutas, y esto es la normalidad. Sin dramas¡±, sostienen desde el PSOE. Fuentes gubernamentales agregan que continuar¨¢n negociando pero no retirar¨¢n los decretos.
Los problemas que los independentistas encuentran para su oposici¨®n, con la que ya hab¨ªan amenazado, son b¨¢sicamente tres. Primero ponen el foco en que el decreto sobre la transformaci¨®n digital de la Justicia puede ¡°poner en riesgo¡± la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, debido a que los cambios previstos en el art¨ªculo 43.bis har¨ªan que las causas judiciales se paralicen cuando un magistrado plantee una cuesti¨®n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). Sin embargo, y a pesar del rechazo de Junts, el decreto no implica cambios respecto a la medida de gracia porque la jurisprudencia est¨¢ muy asentada, tanto en el derecho europeo como en el comunitario, y los tribunales siempre dejan en suspenso los procedimientos cuando hay planteada una cuesti¨®n prejudicial que le afecte. Lo que ocurre es que esa jurisprudencia no estaba plasmada, hasta ahora, en una ley espa?ola.
En segundo lugar, la formaci¨®n independentista rechaza los otros dos decretos porque recogen medidas que, a su juicio, agravar¨ªan lo que consideran una deficiente financiaci¨®n de la Generalitat al contemplar traspasos de servicios sin recursos econ¨®micos extra. Y observan una ¡°invasi¨®n competencial¡± en materias que est¨¢n bajo el paraguas del Gobierno catal¨¢n. Las fuentes consultadas de Junts insisten en que el Ejecutivo de S¨¢nchez les ha ense?ado los reales decretos sin margen para poder negociar previamente.
La posici¨®n en contra de los independentistas pone en riesgo la extensi¨®n de las medidas anticrisis aprobada el 27 de diciembre, pues por el momento el PP no ha aclarado cu¨¢l ser¨¢ el sentido de su voto y aunque el Gobierno consiga el apoyo del resto de partidos menos Vox tampoco le dan los n¨²meros. Algunas de las medidas del escudo social que siguen vigentes durante 2024 son las ayudas al transporte p¨²blico, la reducci¨®n del IVA al 0% de los alimentos b¨¢sicos y del 10% para la electricidad y el gas, o la suspensi¨®n de los desahucios para ¡°hogares vulnerables sin alternativa habitacional¡±. Quedan por delante cinco d¨ªas hasta que se celebre el pleno para su ratificaci¨®n, por lo que las negociaciones podr¨ªan revertir la negativa de los independentistas. En situaciones previas y similares, como la conformaci¨®n de la Mesa del Congreso, Junts mantuvo el pulso hasta pr¨¢cticamente el inicio del pleno. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo conf¨ªa en reconducir la situaci¨®n, pero anticipa que la incertidumbre pueda mantenerse hasta el ¨²ltimo minuto.
El decreto ¨®mnibus que afecta a la Justicia recoge compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 que se hab¨ªan quedado pendientes por el adelanto electoral. De su aprobaci¨®n antes del 31 de diciembre depend¨ªa que Espa?a pudiera cobrar la cuarta partida de los fondos Next Generation por valor de 10.000 millones de euros, por lo que el Ejecutivo opt¨® por aparcar las leyes en las que se iban a incluir y regular esas medidas mediante dos reales decretos ¡ªcuya tramitaci¨®n es m¨¢s r¨¢pida¡ª, uno aprobado antes de las elecciones y otro, el pasado 19 de diciembre. En lo que afecta a Justicia, el decreto ¨®mnibus recoge medidas de eficiencia digital y procesal que, en muchos casos, est¨¢n ya extendidas en la pr¨¢ctica habitual de los tribunales, pero que hasta ahora no ten¨ªan una regulaci¨®n, que era lo que ped¨ªa Europa.
En la pr¨¢ctica, en lo que respecta a la ley de amnist¨ªa, el decreto no var¨ªa nada porque aunque ese asunto no estuviera regulado hasta ahora en una norma espec¨ªfica espa?ola, porque adem¨¢s de que la jurisprudencia est¨¢ muy asentada, esta suspensi¨®n est¨¢ tambi¨¦n recogida en el art¨ªculo 23 del Estatuto del TJUE y as¨ª se ha aplicado, por ejemplo, con la euroorden dictada contra Puigdemont y el resto de l¨ªderes independentistas fugados de la justicia espa?ola, que ha quedado en suspenso durante meses porque el Tribunal Supremo plante¨® una cuesti¨®n prejudicial. Tambi¨¦n es jurisprudencia extendida que los jueces que tuvieran sobre la mesa asuntos sobre los que otro compa?ero haya preguntado al TJUE dejen ese procedimiento en suspenso.
La formaci¨®n de Puigdemont ya hab¨ªa amenazado con oponerse al texto a finales del mes pasado cuando su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, expuso con detalle a trav¨¦s de la red social X (antes Twitter) sus reservas frente al decreto. En el mensaje publicado por Nogueras se refiri¨® adem¨¢s a una cr¨ªtica habitual de los grupos pol¨ªticos, incluidos los aliados parlamentarios del Ejecutivo, a los reales decretos: lo que ella denomina su car¨¢cter ¡°macedonia¡±, es decir, que incluye una miscel¨¢nea de medidas sin conexi¨®n tem¨¢tica entre ellas.
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