Junts amenaza con tumbar el primer decreto de la legislatura porque ¡°pone en riesgo la amnist¨ªa¡±

Junts amenaza al Gobierno con el primer gran ¨®rdago de la legislatura. Su portavoz en el Congreso, M¨ªriam Nogueras, ha anticipado este mi¨¦rcoles que el partido de Carles Puigdemont se opone al decreto sobre la transformaci¨®n digital de la justicia aprobado la pasada semana por el Gobierno, el primero del actual mandato. La aprobaci¨®n de esa norma fue una de las condiciones impuestas por la Comisi¨®n Europea para desembolsar una partida de 10.000 millones de euros de fondos europeos con destino a Espa?a. Junts alega, entre otras cosas, que el contenido del decreto podr¨ªa facilitar la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los encausados por el proc¨¦s una vez que est¨¦ aprobada.

El real decreto ley aprobado la semana pasada recog¨ªa compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 y que se hab¨ªan quedado pendientes por el adelanto electoral. De su aprobaci¨®n antes del 31 de diciembre depend¨ªa que Espa?a pudiera cobrar la cuarta partida de los fondos Next Generation, por lo que el Ejecutivo opt¨® por aparcar las leyes en las que se iban a incluir y regular esas medidas mediante dos reales decretos ¡ªcuya tramitaci¨®n es m¨¢s r¨¢pida¡ª, uno aprobado antes de las elecciones y otro, el martes 19 de diciembre. Este ¨²ltimo es el que Junts amenaza ahora con votar en contra, una decisi¨®n que, seg¨²n Nogueras, ya ha sido comunicada al PSOE.

El decreto ya est¨¢ en vigor y ahora el Gobierno dispone del plazo de un mes desde su publicaci¨®n en el BOE para que el Congreso lo convalide. En caso de no obtener los apoyos necesarios, la norma quedar¨ªa autom¨¢ticamente derogada, la hip¨®tesis m¨¢s veros¨ªmil en caso de que la formaci¨®n independentista catalana llevase a cabo su amenaza.

La norma, por ahora de car¨¢cter provisional, recoge medidas de eficiencia digital y procesal que, en muchos casos, est¨¢n ya extendidas en la pr¨¢ctica habitual de los tribunales, pero que hasta ahora no ten¨ªan una regulaci¨®n, que era lo que ped¨ªa Europa. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Nogueras argumenta su rechazo en diversos aspectos, como que el decreto invade competencias de la Generalitat o contempla modificaciones del servicio p¨²blico de justicia ¡°sin aportar recursos¡±. La portavoz de Junts tambi¨¦n se refiere a una cr¨ªtica habitual de los grupos pol¨ªticos, incluidos los aliados parlamentarios del Ejecutivo, a los reales decretos: lo que ella denomina su car¨¢cter ¡°macedonia¡±, es decir, que incluye una miscel¨¢nea de medidas sin conexi¨®n tem¨¢tica.

Pero la principal objeci¨®n de Nogueras se centra en el ¨²nico art¨ªculo que cita expresamente en su tuit, el 43 bis, que, asegura, ¡°pone en riesgo la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa¡±. Este art¨ªculo establece que cuando un tribunal presente una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) debe suspender autom¨¢ticamente las actuaciones sobre ese procedimiento hasta que la justicia europea resuelva. Adem¨¢s, a?ade que cuando un juez tenga sobre la mesa un asunto que pueda verse afectado por una cuesti¨®n prejudicial presentada por otro tribunal puede optar tambi¨¦n, si ¡°estima necesaria¡± la decisi¨®n del TJUE, por dejarlo en suspenso a la espera de lo que responda la instancia europea. Esto supone que si, como es previsible, alguno de los tribunales que tendr¨¢n que aplicar la amnist¨ªa acuden al TJUE para que aclare si la ley respeta el derecho comunitario, la medida de gracia no podr¨¢ aplicarse del todo hasta que la justicia europea d¨¦ una respuesta. El l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont, huido en B¨¦lgica desde 2017, est¨¢ entre los principales potenciales beneficiarios de la amnist¨ªa.

En la pr¨¢ctica, este art¨ªculo del decreto ley no cambia nada porque, aunque ese asunto no estuviera regulado hasta ahora en una norma espec¨ªfica, la jurisprudencia est¨¢ muy asentada, tanto en el derecho europeo como en el comunitario, y los tribunales siempre dejan en suspenso los procedimientos cuando hay planteada una cuesti¨®n prejudicial que le afecte. Esta suspensi¨®n est¨¢ adem¨¢s recogida en el art¨ªculo 23 del Estatuto del TJUE y as¨ª se ha aplicado, por ejemplo, con la euroorden dictada contra Puigdemont y el resto de l¨ªderes independentistas fugados de la justicia espa?ola, que ha quedado en suspenso durante meses porque el Tribunal Supremo plante¨® una cuesti¨®n prejudicial. Tambi¨¦n es jurisprudencia extendida que los jueces que tuvieran sobre la mesa asuntos sobre los que otro compa?ero haya preguntado al TJUE dejen ese procedimiento en suspenso. Pero toda esa jurisprudencia no estaba plasmada, hasta ahora, en una ley espa?ola.

Este art¨ªculo estaba incluido en el proyecto de ley de eficiencia procesal, que pas¨® el filtro en la pasada legislatura en la comisi¨®n de justicia del Congreso sin que ni Junts ni ning¨²n otro grupo lo cuestionara. El partido de Puigdemont s¨ª puso reparos a que todas las medidas que incluye la norma aprobada la semana pasada se regulasen v¨ªa real decreto, por lo que el Gobierno se ha comprometido a tramitarlo como ley una vez que est¨¦ convalidado. Fuentes socialistas se mostraron este mi¨¦rcoles confiados en que la convalidaci¨®n del real decreto no est¨¢ en riesgo y que todas estas objeciones ser¨¢n aclaradas con Junts para evitar el serio quebranto que supondr¨ªa la derogaci¨®n de la norma en el Congreso y la p¨¦rdida consecuente de 10.000 millones de euros de fondos europeos.