El Constitucional tardar¨¢ meses en resolver la reforma del PP del Reglamento del Senado para retrasar la ley de amnist¨ªa
El tribunal admite a tr¨¢mite el recurso del PSOE, lo que permitir¨¢ que la norma se curse en la C¨¢mara alta sin el procedimiento de urgencia, como plane¨® Feij¨®o
El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a tr¨¢mite el recurso del PSOE contra la reforma del Reglamento del Senado que ha impulsado el PP con el fin de retrasar el debate de la ley de amnist¨ªa en la C¨¢mara alta. Dicha admisi¨®n a tr¨¢mite implica que el recurso se resolver¨¢ por sentencia, probablemente dentro de unos meses, seg¨²n fuentes del propio ¨®rgano de garant¨ªas. Por tanto, la proposici¨®n de ley para el perd¨®n de los encausados del proc¨¦s podr¨¢ muy probablemente discurrir por el Senado sin aplicarle la tramitaci¨®n de urgencia ¡ªla calificaci¨®n que se le dio en el Congreso cuando la iniciativa se present¨® el 12 de diciembre¡ª, tal y como pretend¨ªa el PP de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, con mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara alta. La consecuencia ser¨¢ que dicho paso por el Senado se prolongar¨¢ a lo largo de dos meses desde el momento en que la norma llegue del Congreso.
El recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Reglamento del Senado fue interpuesto por m¨¢s de 50 senadores del Grupo Parlamentario Socialista. La impugnaci¨®n se formula contra la modificaci¨®n de los art¨ªculos 133 y 182, aprobada por el Pleno de la C¨¢mara alta el 14 de noviembre. Esta reforma permite que la Mesa del Senado decida aut¨®nomamente acerca de la tramitaci¨®n de urgencia de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.
El PSOE considera que los cambios en los citados preceptos podr¨ªan vulnerar el art¨ªculo 90.3 de la Constituci¨®n [¡±El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducir¨¢ al de veinte d¨ªas naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados¡°]. Tambi¨¦n sostienen que la tramitaci¨®n de la reforma prescindi¨® de los pasos esenciales previstos en el propio Reglamento del Senado, lo que, a juicio de los demandantes, determinar¨ªa la invalidez de la reforma en su integridad.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado considera que el procedimiento seguido por el PP para esta reforma es ¡°radicalmente inconstitucional¡± y ha abierto ¡°una crisis sin precedentes del sistema legislativo¡±, al modificar el equilibrio entre las funciones del Congreso y las del Senado. El PSOE estima que la declaraci¨®n del procedimiento de urgencia de una proposici¨®n de ley para su tramitaci¨®n en el Congreso, como ha ocurrido, debe ser aplicada de forma ¡°autom¨¢tica¡± en el Senado.
La impugnaci¨®n plantea que el cambio reglamentario aprobado por el PP vulnera el art¨ªculo 90.3 de la Constituci¨®n. El recurso de los socialistas explica que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha considerado reiteradamente que dicho precepto es aplicable ¡°no solo a los proyectos de ley [los que emanan del Gobierno], sino tambi¨¦n a las proposiciones de ley [los que proceden de las Cortes]¡±, dado que ¡°la evidente semejanza entre ambas figuras pone de relieve la identidad de raz¨®n para su r¨¦gimen jur¨ªdico¡±, como afirm¨® el tribunal en su sentencia 97/2002.
Admitido el recurso contra los cambios en la legislaci¨®n ling¨¹¨ªstica de Baleares
El pleno del Tribunal Constitucional también ha acordado la admisión a trámite de otro recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE, contra cambios en la legislación lingüística en Baleares por parte del Ejecutivo autonómico del PP. El recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar del Congreso de los Diputados impugna un inciso de la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.
Este Decreto-Ley incorpora entre otras medidas “eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el Servicio de Salud de las Illes Balears y sus entes instrumentales adscritos, por lo que respecta al personal que desarrolla funciones sanitarias”. Los diputados recurrentes consideran que podría haber una vulneración de los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario. Asimismo, entre otros motivos, aducen que supone una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
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