Vox ata corto a sus 1.700 concejales y lamina la autonom¨ªa de los grupos municipales

Vox quiere atar corto a los casi 1.700 concejales que obtuvo en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. La direcci¨®n del partido que preside Santiago Abascal ha aprobado un nuevo reglamento interno, al que ha tenido acceso EL PA?S, que lamina la autonom¨ªa de los grupos municipales y transfiere la mayor parte de sus competencias al aparato de la formaci¨®n.

¡°El Comit¨¦ Ejecutivo Nacional (CEN) tiene la plena potestad de cesar en sus cargos a cualquiera de las personas designadas para formar parte de los ¨®rganos de gobierno del grupo municipal¡±, afirma en su disposici¨®n final esta normativa, sin parang¨®n en otros grandes partidos de ¨¢mbito nacional. Se trata de una bater¨ªa de disposiciones que privan a los cargos electos de Vox de facultades como la de nombrar responsables de empresas p¨²blicas municipales o presentar denuncias en defensa de sus vecinos. Para asegurar su cumplimiento, impone una f¨¦rrea disciplina: a los que incumplan les amenaza con sanciones que pueden llegar a la expulsi¨®n del partido.

El Reglamento Interno General para los Cargos Locales de Vox, con 30 art¨ªculos y cuatro disposiciones, fue remitido a principios de este mes a todos los concejales, diputados provinciales y consejeros insulares del partido, sin explicaci¨®n alguna ni m¨¢s indicaci¨®n que la de que hab¨ªa sido aprobado ¡°recientemente¡± por el Comit¨¦ Ejecutivo Nacional (CEN). Se supone que lo hizo el anterior, ya que este ¨®rgano se renov¨® el 27 de enero, en la asamblea general de Vox, y no se ha reunido con su nueva composici¨®n hasta el pasado lunes.

El reglamento obliga a los cargos electos a ¡°guardar total confidencialidad respecto a toda informaci¨®n que reciban del grupo o del partido¡±, as¨ª como a mantener en secreto ¡°las deliberaciones, acuerdos, documentaci¨®n e informes; en suma, la actividad municipal del grupo¡±, subraya el texto, salvo aquella que los responsables de comunicaci¨®n de Vox decidan hacer p¨²blica o cuando ¡°la propia tramitaci¨®n legal as¨ª lo requiera¡±. Todos los ediles deber¨¢n firmar un documento de confidencialidad y otro por el que ceden a la formaci¨®n ultra ¡°los derechos de imagen y propiedad intelectual de su trabajo¡±.

Seg¨²n este reglamento, los grupos de Vox en las instituciones locales deber¨¢n seguir las indicaciones del responsable provincial, nombrado por la Vicesecretar¨ªa Nacional de Organizaci¨®n, que les trasladar¨¢ ¡°argumentarios e instrucciones pol¨ªticas y t¨¦cnicas¡±, as¨ª como ¡°los posicionamientos pol¨ªticos y los sentidos de voto¡± en las distintas votaciones del consistorio, todo ello para garantizar ¡°la necesaria unidad de doctrina del partido¡±. En caso de ausencia del portavoz del grupo, corresponder¨¢ a la direcci¨®n nacional decidir qui¨¦n asume sus funciones; as¨ª como elegir a los sustitutos en los cargos internos de los ediles que dejen el grupo o rompan su disciplina.

El reglamento detalla la forma en que deben elegirse los cargos de empresas de titularidad municipal cuya designaci¨®n corresponda a Vox. Los grupos municipales remitir¨¢n unas fichas con los requerimientos t¨¦cnicos del puesto, tres o m¨¢s curr¨ªculos de posibles candidatos y una propuesta de nombramiento a las vicesecretar¨ªas de Organizaci¨®n y Gerencia; pero ser¨¢n estas ¨²ltimas ¡ªes decir, el aparato del partido en Madrid¡ª las que tengan la ¨²ltima palabra. ¡°Cualquier nombramiento que no se realice por este procedimiento no contar¨¢ con el benepl¨¢cito del partido, que podr¨¢ exigir el cese del nombrado y, en su caso, determinar las responsabilidades exigibles¡±, advierte el art¨ªculo 12 del reglamento.

Especialmente estrictas son las normas sobre el derecho a la tutela judicial de los concejales. ¡°Los cargos electos del partido [¡­] no se encuentran facultados en ning¨²n caso para formular, en su propio nombre ni en nombre del partido, denuncias, querellas ni cualquier escrito que suponga interponer reclamaci¨®n, queja o similar ante cualquier ¨®rgano, sea jurisdiccional o no¡±, advierte taxativamente.

Las ¨²nicas excepciones son las denuncias en defensa de sus intereses ¡°estrictamente particulares y pertenecientes a su esfera privada¡±; pero, incluso en este caso, si la actuaci¨®n va dirigida contra la instituci¨®n en la que desarrolla su labor contra personas de la misma, el edil deber¨¢ informar al partido, que podr¨¢ oponerse. En los dem¨¢s casos, la interposici¨®n de denuncias penales o de recursos contencioso-administrativos requerir¨¢ la autorizaci¨®n previa del ¨¢rea jur¨ªdica de la formaci¨®n.

Las normas impuestas a los grupos municipales son tan amplias y prolijas que, para asegurar su cumplimiento, el Comit¨¦ Ejecutivo Nacional (CEN) ha incluido en el reglamento un r¨¦gimen disciplinario espec¨ªfico para sus concejales, diferente y m¨¢s duro que el que figura en sus estatutos, el ¨²nico que ha sido aprobado por la Asamblea General de Vox.

As¨ª, castiga como falta grave, sancionable con la suspensi¨®n de militancia y la inhabilitaci¨®n para ocupar cargos p¨²blicos en representaci¨®n del partido por un tiempo de hasta dos a?os, incumplir el deber de confidencialidad o desatender ¡°las instrucciones¡± de los ¨®rganos dirigentes de la formaci¨®n. Y tipifica como falta muy grave, que puede conllevar la expulsi¨®n del partido, el interponer denuncias, querellas o recursos incumpliendo las ¨®rdenes del ¨¢rea jur¨ªdica de la formaci¨®n.

Tras haber intentado inicialmente que los grupos municipales entregaran a Vox las subvenciones p¨²blicas que reciben para su funcionamiento, lo que se acab¨® desechando por ilegal, el reglamento consagra la f¨®rmula utilizada por la formaci¨®n en los ¨²ltimos a?os: la firma de convenios de colaboraci¨®n entre dichos grupos y el aparato del partido en virtud de los cuales este ¨²ltimo les presta servicios de ¡°asesoramiento pol¨ªtico y estrat¨¦gico, comunicaci¨®n pol¨ªtica formal e informal, redes sociales, formaci¨®n pol¨ªtica e institucional...¡±, a cambio de un importe fijo anual, al margen de la cantidad o calidad de las prestaciones efectivamente realizadas. Hasta ahora, estos convenios no han sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas.