El Constitucional fij¨® el criterio de que el esca?o pertenece al diputado y no al partido pol¨ªtico

El Tribunal Constitucional ha establecido en su doctrina que el esca?o de un parlamentario no pertenece al partido en cuyas listas fue elegido, sino al propio diputado o senador, como representante de los ciudadanos que lo eligieron. El tribunal de garant¨ªas sostiene esta interpretaci¨®n desde su primera sentencia sobre el dilema que se produce en los casos de ruptura entre el parlamentario y la organizaci¨®n que lo llev¨® en sus listas. El fallo se produjo en 1983, con la primera composici¨®n del ¨®rgano de garant¨ªas, cuya doctrina qued¨® recogida ese mismo a?o en una segunda resoluci¨®n. Qued¨® claro, por tanto, que en ning¨²n caso el partido pod¨ªa arrebatar al diputado o senador el esca?o obtenido, por mucho que hubiera causado alg¨²n perjuicio a la organizaci¨®n, mediante la ruptura de la disciplina de voto, por ejemplo, o por alguna otra causa merecedora de sanci¨®n, de acuerdo con las normas reglamentarias de los grupos parlamentarios.

Aquel primer caso en plantearse al tribunal fue el de Miguel ?ngel Bellido del Pino, alcalde de And¨²jar (Ja¨¦n), que en agosto de 1980 fue expulsado del PSOE y de la corporaci¨®n municipal a los cuatro meses de llegar a la alcald¨ªa. El partido quer¨ªa nombrar a otra persona para dicha responsabilidad, pero Bellido se neg¨® a dimitir para que corriera la lista y eso desencaden¨® el conflicto. El Tribunal Constitucional argument¨® que el art¨ªculo 23.1 de la Constituci¨®n consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p¨²blicos por medio de sus representantes y que, por tanto, ¡°la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores y no de la voluntad del partido¡±.

La sentencia recuerda tambi¨¦n que el art¨ªculo 6 reconoce la funci¨®n de los partidos en el pluralismo pol¨ªtico, pero ¡°el derecho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos; los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la expresada por los electores¡±. La sentencia lleg¨® cuando el mandato municipal tocaba a su fin, por lo que la restituci¨®n de Bellido en el cargo dur¨® muy poco.

Unas semanas despu¨¦s, el Constitucional dict¨® otra sentencia en la misma direcci¨®n y de la que fue ponente el magistrado Francisco Rubio Llorente, luego vicepresidente del tribunal. El fallo tambi¨¦n orden¨® que fueran repuestos cinco concejales del PCE, entre ellos Cristina Almeida, que hab¨ªan sido expulsados del Ayuntamiento de Madrid tras un enfrentamiento con la direcci¨®n comunista. La sentencia dec¨ªa textualmente que los cargos electos, ¡°una vez elegidos, no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto, de una funci¨®n p¨²blica a la que no pueden poner t¨¦rmino decisiones de entidades que no son ¨®rganos del Estado¡±.

El tribunal argument¨® que la decisi¨®n de los ciudadanos al elegir a sus representantes implica designar como tales a personas determinadas. Por tanto, el Constitucional subray¨® que la permanencia de los elegidos en el cargo ¡°no puede quedar subordinada a ning¨²n poder que no emane tambi¨¦n de la voluntad popular¡±. Bas¨¢ndose en estos razonamientos, el tribunal resolvi¨® que un art¨ªculo de la ley electoral entonces vigente violaba el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p¨²blicos, y lo anul¨®.

En 2003, en cambio, el entonces presidente del Constitucional, Manuel Jim¨¦nez de Parga, se mostr¨® partidario de matizar la doctrina que en 1983 estableci¨® que el esca?o es propiedad del diputado. Lo hizo ante el Tamayazo en la Comunidad de Madrid, suceso por el que dos diputados socialistas boicotearon la elecci¨®n de Rafael Simancas como presidente auton¨®mico. Jim¨¦nez de Parga explic¨® entonces durante la presentaci¨®n de la Memoria Anual del tribunal que habr¨ªa que establecer mecanismos de control a los partidos hasta el momento en que una c¨¢mara comienza a ejercer su labor pol¨ªtica, despu¨¦s del debate de investidura, que evitasen tanto lo que consider¨® como dictadura de los partidos sobre los parlamentarios como situaciones como la registrada en Madrid.

El Constitucional decidi¨® en septiembre conceder amparo a la exdiputada Teresa Rodr¨ªguez y otros ocho miembros del Parlamento andaluz que fueron expulsados de su grupo parlamentario en 2020 a instancias de Podemos e IU, tras romper con ambas la formaci¨®n de Rodr¨ªguez, Anticapitalistas, con las que hab¨ªa estado coaligada. La sentencia estim¨® que la Mesa de dicho Parlamento vulner¨® los derechos fundamentales de todos ellos al dar por buena dicha expulsi¨®n sin aplicar correctamente el reglamento de la c¨¢mara, y que ello les acarre¨® que quedaran en la asamblea aut¨®noma como diputados no adscritos, lo que implicaba menos tiempos de intervenciones y menos fondos para su labor parlamentaria.