El fiscal general rechaza de nuevo elaborar el informe sobre la amnist¨ªa que reclama el sector conservador
Garc¨ªa Ortiz responde al presidente del Senado que el Consejo Fiscal ¡°carece de competencias¡±
El fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, ha vuelto a rechazar este lunes que el Consejo Fiscal elabore un informe sobre la ley de amnist¨ªa, como le ha reclamado el Senado, donde el PP cuenta con mayor¨ªa absoluta. El m¨¢ximo representante del ministerio p¨²blico ha enviado una carta al presidente de la C¨¢mara alta, Pedro Roll¨¢n, para reiterarle que ese organismo ¡°carece de competencia para informar [sobre] proposiciones de ley que se hallen en tramitaci¨®n en sede parlamentaria¡±. Con esta misiva, Garc¨ªa Ortiz despeja la ofensiva lanzada por la derecha, a la que se ha sumado el sector conservador de la carrera fiscal, para tratar de presionar al Gobierno con pronunciamientos sobre la ley de amnist¨ªa pactada con los independentistas.
¡°Reitero a V. E. [vuestra excelencia] la inviabilidad de que el Consejo Fiscal, ¨®rgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado, emita informe en relaci¨®n con la referida proposici¨®n de ley org¨¢nica [...] El citado ¨®rgano incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitaci¨®n en sede parlamentaria¡±, detalla Garc¨ªa Ortiz en su carta, fechada este lunes y a la que tuvo acceso EL PA?S.
En diciembre, el Senado reclam¨® a la Fiscal¨ªa General del Estado que el Consejo Fiscal confeccionase un informe sobre la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, al igual que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por los conservadores. Una opci¨®n que Garc¨ªa Ortiz rechaz¨® este enero, cuando ya respondi¨® a Roll¨¢n que ese ¨®rgano carec¨ªa de competencia. Sin embargo, la C¨¢mara alta volvi¨® a la carga en marzo, cuando inst¨® de nuevo al ministerio p¨²blico a instancias del grupo popular. As¨ª lo exigieron los parlamentarios del PP: ¡°El art¨ªculo 10 de la Ley del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal establece el deber de la instituci¨®n de colaborar con las Cortes Generales, a requerimiento de estas y siempre que no exista obst¨¢culo legal. Y parece evidente que ning¨²n obst¨¢culo legal existe¡±.
Garc¨ªa Ortiz responde que esta solicitud carece de ¡°fundamentaci¨®n alguna¡±. En enero, el fiscal general ya admit¨ªa que ¡°la leal colaboraci¨®n institucional¡± permitir¨ªa al ministerio p¨²blico como instituci¨®n hacer este informe ¡ªno al Consejo Fiscal¡ª, pero a?ad¨ªa que esa cooperaci¨®n ¡°no es posible¡± en este caso porque supondr¨ªa ¡°alterar el normal funcionamiento de la instituci¨®n¡± e ¡°invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscal¨ªa¡±, ya que corresponder¨¢ a los fiscales que lleven causas relacionadas con el proc¨¦s posicionarse sobre la amnist¨ªa cuando esta llegue a los tribunales.
Ofensiva conservadora
La Fiscal¨ªa vive tiempos convulsos. El sector conservador de la carrera se encuentra abiertamente enfrentado con el fiscal general, y la amnist¨ªa ha intensificado esa batalla. De hecho, el ala derechista ha reclamado desde un principio que la instituci¨®n pueda dar su opini¨®n sobre la nueva ley, y ha encontrado el camino de la mano del PP y de su mayor¨ªa absoluta en el Senado. El Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal prev¨¦ que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organizaci¨®n y funciones del ministerio p¨²blico. Pero este dictamen no se contempla para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se est¨¢ tramitando la amnist¨ªa.
Los vocales de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales (AF) presentes en el Consejo Fiscal no comparten el criterio de Garc¨ªa Ortiz, e insisten en que este ¨®rgano puede pronunciarse al respecto. ¡°Es innegable que la proposici¨®n de Ley Org¨¢nica de amnist¨ªa, en caso de aprobarse, afectar¨ªa de manera evidente en el ¨¢mbito funcional del Ministerio Fiscal [...] La aplicaci¨®n de una medida de gracia como la propuesta incide en procesos penales, culminados por sentencia firme o en tramitaci¨®n¡±, expone un escrito enviado por estos vocales al fiscal general del Estado, fechado tambi¨¦n este lunes. Este escrito repite un argumento usado por el PP: ¡°El art¨ªculo 10 [del Estatuto Org¨¢nico] constituye una s¨®lida habilitaci¨®n legal para emitir el informe solicitado. Este precepto establece respecto del Ministerio Fiscal un deber general de colaboraci¨®n con las Cortes Generales, a requerimiento de ¨¦stas y siempre que no exista obst¨¢culo legal, sin que tal obst¨¢culo exista en el presente caso¡±.
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