La Fiscal¨ªa pide que los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ paguen 3,1 millones por los fondos malversados

La Fiscal¨ªa ha pedido que los principales l¨ªderes del proc¨¦s ¡ªentre ellos, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras¡ª y otros exaltos cargos de la Generalitat sean condenados al pago de 3,1 millones de euros como responsables del uso irregular de fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O de 2017 y para la promoci¨®n exterior del proyecto independentista. As¨ª figura en el escrito de conclusiones entregado por el ministerio p¨²blico a la magistrada instructora del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PA?S. La magistrada dar¨¢ ahora un plazo a las defensas para registrar su informe y dictar¨¢ sentencia en el plazo aproximado de un mes. En la causa hay en total 35 investigados. La petici¨®n fiscal ¡ª3,1 millones de euros¡ª supone una ligera rebaja de lo que inicialmente reclamaba (3,4 millones).

El Tribunal Supremo ya conden¨® en 2019 por malversaci¨®n a varios de los acusados, pero es el Tribunal de Cuentas ¡ªel m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas y la gesti¨®n econ¨®mica de las administraciones¡ª el que tiene que contabilizar ese desv¨ªo de fondos. En todo caso, esta es una de las causas que ser¨¢n previsiblemente amnistiadas cuando entre en vigor la ley de amnist¨ªa pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio del apoyo de ambos partidos independentistas a la investidura de Pedro S¨¢nchez.

El escrito del fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Mart¨ªn Granizo, explica que ¡°los pagos relacionados en la demanda se han realizado sin la adecuada justificaci¨®n, al no responder a la consecuci¨®n de objetivos y fines legales y leg¨ªtimos, sino a la organizaci¨®n del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que tendr¨ªa lugar el 1 de octubre de 2017, convocado por la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat¡å. El ministerio p¨²blico se?ala que el acuerdo del Govern de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 autorizaba ¡°la utilizaci¨®n, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnol¨®gicos necesarios para garantizar la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, estableciendo la forma colectiva, colegiada y solidaria de adoptar dichas decisiones por parte de los miembros del Gobierno¡±.

En virtud de dicho acuerdo, ¡°de evidente trascendencia econ¨®mico-financiera¡±, el entonces president [Puigdemont] y todos los miembros del Govern ¡°disponen que los gastos que han ordenado y autorizado realizar en el ¨¢mbito de cada Consejer¨ªa, en orden a la consecuci¨®n del refer¨¦ndum, sean sufragados por el presupuesto de la Generalitat¡±, prosigue el fiscal. Y a?ade que, ¡°aunque el Sr. Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitaci¨®n presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprob¨® la totalidad de los gastos inherentes a la consulta¡±. A Oriol Junqueras le atribuye tambi¨¦n la responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, en su condici¨®n de consejero de Econom¨ªa y Hacienda cuando sucedieron los hechos.

La Fiscal¨ªa considera igualmente que los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa son ¡°responsables del total de lo malversado, como as¨ª expresa el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que les condena por un delito de malversaci¨®n agravada por la deslealtad que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto p¨²blico al servicio del refer¨¦ndum ilegal¡±.

El informe subraya que ¡°respeta y aplica tambi¨¦n un principio de libertad ideol¨®gica respecto a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros¡±. Esos gastos quedan excluidos por tanto de los fondos malversados, porque el ministerio p¨²blico considera que la mayor¨ªa de estas actividades no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista en el extranjero, y que, adem¨¢s, ¡°las manifestaciones que se hicieran en el curso de esos debates, conferencias o declaraciones¡± quedar¨ªan amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones.