El PP busca las pruebas que no encuentra a¨²n el juez para implicar a cargos socialistas en el ¡®caso Koldo¡¯

El Congreso y el Senado inician este lunes la investigaci¨®n de un esc¨¢ndalo global en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia ¡ªentre marzo y junio de 2020¡ª. La oferta limitada de mascarillas, respiradores o guantes y una demanda enloquecida de todos los pa¨ªses consumidores para proteger a sus ciudadanos ¡ªel covid causaba en Espa?a cientos de muertos cada d¨ªa¡ª desencaden¨® m¨²ltiples compras de material chino a precios desorbitados Esas operaciones enriquecieron a muchos empresarios sin escr¨²pulos y quedaron impunes porque la ley lo permit¨ªa. La normativa vigente autorizaba a saltarse todos los controles de las administraciones p¨²blicas a la hora de comprar material sanitario: los contratos de emergencia ¡ªcasi todos los que se hicieron aquellos meses¡ª avalaban las adjudicaciones a dedo a empresas sin solvencia ni experiencia en el sector y a cualquier precio.

El PP, con mayor¨ªa absoluta en el Senado, ha aprobado una comisi¨®n de investigaci¨®n dirigida a buscar pruebas que impliquen a altos cargos socialistas en el denominado caso Koldo ¡ªel supuesto pago de comisiones ilegales al asesor principal del exministro de Transportes, Jos¨¦ Luis ?balos, a cambio de facilitar un negocio de, al menos, 16 millones de euros a dos empresarios: Juan Carlos Cueto y V¨ªctor de Aldama¡ª. El PP ha pedido documentaci¨®n de todos los contratos del Ministerio de Transportes, pero tambi¨¦n los del Ministerio de Sanidad y de los gobiernos de Canarias y Baleares, con la creencia de que la corrupci¨®n destapada por el caso Koldo alcanza tambi¨¦n a numerosos cargos socialistas de esas administraciones. Koldo Garc¨ªa Izaguirre, exasesor de ?balos y principal imputado en el sumario abierto en la Audiencia Nacional, tiene previsto acudir a la primera sesi¨®n que el PP ha aprobado en el Senado para investigar el esc¨¢ndalo.

El juez que dirige la investigaci¨®n del caso en la Audiencia Nacional imput¨® tras seis meses de investigaci¨®n secreta al exasesor Koldo Garc¨ªa, a su mujer y a su hermano, junto a cuatro empresarios que se enriquecieron con la venta de mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos auton¨®micos de Canarias y Baleares. Sin embargo, tras m¨¢s de dos a?os de investigaci¨®n, los ¨²ltimos seis meses con pinchazos telef¨®nicos y seguimientos a los principales implicados, el juez no ha imputado a ning¨²n alto cargo socialista. Fuentes conocedoras de la investigaci¨®n abierta en la Audiencia se?alan a EL PA?S: ¡°Evidentemente, existe la sospecha de que el exasesor Koldo Aguirre, para poder hacer estas cosas, necesitaba operar bajo el manto protector del ministro. Es una inferencia que puede ser razonable, pero, m¨¢s all¨¢ de eso, no tienen a¨²n los investigadores elementos indiciarios suficientes para actuar contra ?balos. Eso s¨®lo cambiar¨¢ si el estudio de la documentaci¨®n intervenida permite avanzar en esa l¨ªnea. Depende de lo que se encuentre entre la parte del material requisado que a¨²n est¨¢ pendiente de analizar. Queda todav¨ªa un trabajo complicado¡±.

El PP no s¨®lo pretende investigar el caso Koldo, sino que ha incorporado a sus 40 folios de peticiones de documentaci¨®n, expedientes que nada tienen que ver ni con la compra de mascarillas ni con los contratos de emergencia de la pandemia, con la intenci¨®n de incluir en los trabajos de la comisi¨®n sus acusaciones de corrupci¨®n contra la mujer del presidente, Bego?a G¨®mez, o las relaciones del Gobierno con el Ejecutivo venezolano. Aunque los letrados del Senado avisaron al PP de que muchas peticiones no se correspond¨ªan con el asunto aprobado para crear la comisi¨®n de investigaci¨®n, la senadora Alicia Garc¨ªa replic¨® que informaciones publicadas en medios de comunicaci¨®n permit¨ªan incluir esa documentaci¨®n que han solicitado dentro del ep¨ªgrafe ¡°otros casos de corrupci¨®n¡±. La senadora Garc¨ªa asegura que se trata de hechos sometidos en muchos casos ¡°a investigaciones judiciales en curso¡±. Pero ni las acusaciones del PP contra la esposa de Pedro S¨¢nchez ni los hechos a que se refieren est¨¢n sometidos a investigaciones judiciales; ni las relaciones con el Gobierno venezolano tampoco ¡ªlas denuncias presentadas fueron archivadas en su d¨ªa por la Audiencia de Madrid¡ª.

El Congreso de los Diputados iniciar¨¢ sus trabajos de investigaci¨®n con la comparecencia de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Durante los dos primeros a?os de pandemia, este organismo (fiscalizador del gasto de las administraciones p¨²blicas) elabor¨® media docena de informes donde radiografi¨® la compra de material sanitario por los ayuntamientos m¨¢s poblados de Espa?a, las comunidades que carec¨ªan de c¨¢mara de cuentas y la Administraci¨®n central. Todos los informes encontraron los mismos problemas: precios disparatados, empresas sin solvencia ni experiencia que fueron adjudicatarias, y todo ello sin la libre concurrencia de cualquier concurso p¨²blico. Pero en todos los informes, los auditores del Tribunal de Cuentas se remit¨ªan a la normativa vigente, que dejaba sin posibilidad de sanci¨®n lo que en otro escenario hubiera sido motivo de apertura de numerosos expedientes por responsabilidad contable que hubieran acabado con una acusaci¨®n formal de la Fiscal¨ªa.

Por la tarde est¨¢ prevista la comparecencia de Salvador Illa, el candidato socialista a las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas catalanas, que fue durante los primeros meses de la pandemia el ministro de Sanidad. Su departamento adjudic¨® 2.500 millones de euros en material sanitario anticovid. Alguno de los contratos fueron denunciados por el PP de la Asamblea de Madrid. Uno de ellos, financiado en parte con fondos europeos y adjudicado a la empresa FCS, fue remitido a la Fiscal¨ªa Europea, que lo sigue investigando, seg¨²n indicaron fuentes fiscales.