Radiograf¨ªa de una colosal estafa en un mercado sin reglas

El p¨¢nico se instal¨® en Espa?a como una niebla cuando el coronavirus golpe¨® con fuerza a primeros de marzo de 2020. Mientras millones de espa?oles daban la vida por ayudar, por curar en condiciones penosas en hospitales y en centros de salud, un pu?ado de empresarios y gestores sin escr¨²pulos aprovech¨® aquella emergencia sanitaria para especular con el negocio m¨¢s rentable aquellos d¨ªas: la venta de mascarillas y todo tipo de material sanitario de protecci¨®n frente al virus. Tras el eslogan de ¡°saldremos m¨¢s fuertes¡±, un pu?ado de empresarios ya estaban seguros de que ellos saldr¨ªan m¨¢s ricos de ese agujero. La ley de la selva que se impuso desde el 13 de marzo ¡ªun decreto del estado de alarma permit¨ªa contratar sin reglas material anticovid¡ª permiti¨® adjudicar m¨¢s de 6.440 millones de euros sin apenas controles. M¨¢s de 120.000 personas murieron en el hospital, en las residencias o en sus casas. En medio de aquella bruma, Espa?a sufri¨® un virus mortal, la covid, y otro muy nocivo: la avaricia que esquilm¨® las arcas p¨²blicas.

El Congreso y el Senado han arrancado dos comisiones para averiguar qu¨¦ sucedi¨® realmente durante esos meses. Cuatro a?os despu¨¦s, la clase pol¨ªtica investiga un rosario de esc¨¢ndalos que ha salpicado al asesor del exministro Jos¨¦ Luis ?balos, a la pareja y al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, y a empresarios de varias autonom¨ªas. Las comisiones parlamentarias han tenido, hasta ahora, escaso eco, opacadas por las elecciones vascas, catalanas y por la amenaza del presidente Pedro S¨¢nchez de abandonar La Moncloa.

La verdad de c¨®mo se permiti¨® un saqueo de esas dimensiones a las arcas p¨²blicas, qui¨¦nes fueron los culpables (adem¨¢s de algunos se?alados) y c¨®mo evitar que se repita, sigue estando muy lejos tras las primeras comparecencias en el Congreso y en el Senado, donde se han celebrado una decena de sesiones con explicaciones a medias y con los parlamentarios m¨¢s preocupados en obtener un r¨¦dito electoral atacando al adversario antes que hacer un diagn¨®stico de la tragedia.

Pero, ?qu¨¦ ha sido del resto, de esos que dieron el pelotazo de sus vidas, que especularon con la tragedia?, ?c¨®mo ¡ªm¨¢s all¨¢ de si era o no legal¡ª se permiti¨® que eso sucediera y c¨®mo se puede evitar en un futuro?

Para llevar a cabo esta investigaci¨®n, que traza una radiograf¨ªa de los peores meses de la pandemia, EL PA?S ha analizado las bases de datos de cientos de contratos p¨²blicos que se firmaron en 2020, las actas de los consejos interterritoriales de Salud que se celebraron aquel a?o, una decena de informes del Tribunal de Cuentas que destacaron los errores cometidos por diferentes administraciones (estatales, auton¨®micas y municipales de las principales ciudades espa?olas), los sumarios de los casos de corrupci¨®n m¨¢s conocidos que siguen en curso y otros que han sido cerrados: el caso Koldo y los relacionados con el hermano de Ayuso, Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, y con la actual pareja de la presidenta, Alberto Gonz¨¢lez.

Tambi¨¦n, otro esc¨¢ndalo que sacudi¨® al Ayuntamiento de Madrid, una estafa por la que dos miembros de la ¨¦lite madrile?a, Luis Medina (hermano del duque de Feria) y Alberto Luce?o colocaron material anticovid a un precio disparatado por el que ganaron seis millones de euros en comisiones. Este diario ha entrevistado adem¨¢s a altos funcionarios encargados de perseguir este tipo de delitos, responsables de supervisar la calidad del material, funcionarios p¨²blicos que aprobaron adjudicaciones, empresarios mencionados en algunos de los sumarios m¨¢s conocidos y ha cruzado la informaci¨®n con datos del Portal de Contratos del Sector P¨²blico y con la base de datos de Fundaci¨®n Civio, que recoge las m¨¢s de 25.000 adjudicaciones de emergencia que se realizaron durante 2020.

No es el mercado, es la avaricia

Todo comenz¨® el 13 de marzo de ese a?o. Un d¨ªa antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, se public¨® en el BOE el primer decreto ley con medidas urgentes por la pandemia. Entre ellas, la Administraci¨®n del Estado establec¨ªa que se pod¨ªa usar la contrataci¨®n de emergencia para comprar material. Con esa norma saltaron por los aires los principales controles que reg¨ªan en cualquier proceso de contrataci¨®n para evitar el saqueo del dinero p¨²blico. Se permiti¨® contratar a dedo a cualquier empresa, no hab¨ªa concurrencia, ni hac¨ªa falta acreditar solvencia o experiencia en el sector, se pod¨ªa comprar casi sin abrir expediente e incluso sin firmar nada. Con estas reglas, se repartieron 6.445 millones de euros. En apenas unos meses (el grueso de lo adjudicado se firm¨® entre marzo y mayo de ese a?o) el Estado desembols¨® la misma cantidad de dinero que supone el presupuesto anual de la ciudad de Madrid. Nunca se hab¨ªa adjudicado tanto dinero en tan poco tiempo, sin apenas controles y legalmente.

¡°Est¨¢bamos en guerra y se trataba de comprar balas¡±, contaba en 2022 a EL PA?S un empresario experto en el comercio con China. La diferencia es que en este conflicto cualquiera pod¨ªa adquirir la munici¨®n, sin importar a qu¨¦ se dedicara antes ¡ªuna ferreter¨ªa, una firma de bebidas energ¨¦ticas y muebles, unos empresarios de la noche¡ª, y venderla a la Administraci¨®n p¨²blica. En muchos casos a precios disparatados y sin importar la calidad del producto.

Desafiando las reglas m¨¢s b¨¢sicas de la oferta y la demanda, ni la mano invisible de Adam Smith serv¨ªa para explicar parte de lo que estaba sucediendo con los precios de ese codiciado material sanitario en lo peor de la pandemia. La evoluci¨®n del virus y la falta de stock de muchos productos a nivel global combinada con la aparici¨®n de intermediarios que hicieron caja de un bien tan codiciado hizo que los precios se dispararan. De manera que hubo picos comunes, pero tambi¨¦n organismos p¨²blicos comprando a precio muy distinto en el mismo momento y hasta a la misma empresa.

Un empresario con acreditada experiencia en el mercado chino, conocedor de los precios que manejaban las f¨¢bricas del pa¨ªs asi¨¢tico entre marzo y abril de 2020 ¡ªy uno de los principales adjudicatarios de las administraciones espa?olas¡ª asegura a EL PA?S que por mucho que oscilaran los costes debido a la descontrolada demanda global para conseguir suministros, estos nunca superaban los 2 euros por mascarilla FFP2 en la f¨¢brica. Para comprender c¨®mo en las administraciones espa?olas se compr¨® a m¨¢s de 6 euros (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) e incluso a 14 euros (Murcia), es necesario tener en cuenta la avaricia de empresarios que intermediaron y sacaron provecho de una situaci¨®n desesperada: en lo peor de la pandemia llegaron a morir mil personas al d¨ªa a causa del virus. EL PA?S ha recogido algunos de los ejemplos m¨¢s llamativos, destacados por el Tribunal de Cuentas y otros publicados en la Plataforma de Contrataci¨®n del Estado.

Uno de los casos m¨¢s escandalosos fue el del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida (del PP). Adquiri¨® el 24 y 25 de marzo un mill¨®n de mascarillas KN95 (equivalentes a FFP2) por 6,2 millones de euros y 250.000 tests de anticuerpos por 4,2 millones de euros. Lo hizo a trav¨¦s de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, entidad que centraliz¨® las compras municipales porque ten¨ªa la liquidez y agilidad administrativa suficiente como para pagar por adelantado. Los productos contratados fueron hechos en China, pero los comercializaba una empresa malaya de productos de belleza y hogar. La operaci¨®n, impulsada por dos intermediarios: Alberto Luce?o y Luis Medina, que ganaron seis millones de euros en comisiones. Con ese dinero se compraron casas, coches de lujo, relojes de alta gama y un yate.

El Ayuntamiento de Madrid fue el municipio que compr¨® las mascarillas m¨¢s caras durante toda la pandemia, seg¨²n un examen de compras sanitarias municipales publicado en octubre de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre las ciudades m¨¢s pobladas de Espa?a. Mientras que Madrid pag¨® 6,2 euros por cada mascarilla el 24 de marzo, Zaragoza las compr¨® a 1,6 euros el 23 de marzo y Barcelona a 2,5 euros el 26 de marzo. En cuanto a los tests de anticuerpos, Madrid pag¨® 16 euros por unidad el 25 de marzo, mientras que Barcelona los adquiri¨® ese mismo d¨ªa a 7,36 euros.

Por esas mismas fechas, el 24 de marzo, la Comunidad de Madrid dio conformidad a la oferta de la empresa que contrat¨® de intermediario al hermano de la presidenta auton¨®mica, Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso (Priviet Sportive), la compra de 250.000 mascarillas FFP2 por un mill¨®n y medio de euros, es decir, a 6 euros la unidad. De ese dinero, Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso recibi¨® una comisi¨®n que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cifr¨® en 234.000 euros. El caso qued¨® archivado porque los fiscales no consideraron que estuviera acreditado un ¡°precio desproporcionado¡±, tampoco que la presidenta hubiera intermediado en esa adjudicaci¨®n.

El Servicio Murciano de Salud fue el organismo p¨²blico que compr¨® m¨¢s caro. Ninguna mascarilla sali¨® tan cara como un lote que enviaron a esta regi¨®n: 14,46 euros fue el precio que se pag¨® por mascarilla FFP3 (los cubrebocas que mayor protecci¨®n ofrecen) y lo hizo el 16 de marzo por un lote de 10.000 unidades. Cuatro d¨ªas despu¨¦s, el 20 de marzo, la Gerencia de Salud de Castilla y Le¨®n estaba comprando mascarillas de id¨¦ntica calidad a 2,46 euros la unidad a una empresa china.

El Servicio Murciano de Salud fue la tercera entidad que m¨¢s caro compr¨® tambi¨¦n las FFP2 (de una protecci¨®n inferior a las FFP3), a 7,62 euros el 24 de marzo, por detr¨¢s de la Autoridad Portuaria de Valencia, que las adquiri¨® a 8 euros y del Banco de Espa?a que pag¨® 7,80 (9,44 con IVA) el 21 de abril.

En esas fechas se efectuaban compras il¨®gicas que no respond¨ªan a leyes del mercado y que destaparon efectos indeseados de la falta de coordinaci¨®n entre comunidades aut¨®nomas. As¨ª, una misma compa?¨ªa (Barna Import Medica) vendi¨® el mismo d¨ªa a dos entidades distintas (Murcia y la Generalitat Valenciana) mascarillas FFP2 por 5 euros y 4,43 euros. El 16 de junio, Extremadura firm¨® el mismo d¨ªa y con la misma empresa (Comercial Exteme?a Hospitalaria) dos contratos para comprar mascarillas FFP3 a precios distintos: en uno a 7,86 euros y, en el otro, a 6,9. ¡°Contra todo pron¨®stico, no las pag¨® m¨¢s baratas cuando compr¨® m¨¢s cantidad, sino al rev¨¦s: el contrato con el precio m¨¢s caro era para adquirir m¨¢s del doble de unidades que el barato¡±, apunta un art¨ªculo de Civio que compar¨® todos los contratos adjudicados esos meses.

El 20 de marzo, el Ministerio de Sanidad aprob¨® tres compras de mascarillas quir¨²rgicas, todas a dos c¨¦ntimos la unidad, las m¨¢s baratas de todos los contratos de ese a?o. Lo hizo justo antes de que el precio se disparara. El 23 de marzo, solo tres d¨ªas despu¨¦s de adjudicar el ¨²ltimo contrato a dos c¨¦ntimos, pas¨® a pagarlas a 42 c¨¦ntimos cada una, 21 veces m¨¢s. Lo hizo a trav¨¦s de dos contratos que firm¨® el mismo d¨ªa con FCS, la empresa que m¨¢s dinero se llev¨® en 2020 v¨ªa contratos de emergencia. En total, el Ministerio compr¨® 430 millones de mascarillas por las que pag¨® casi 183 millones de euros. Todo adjudicado el mismo d¨ªa.

A trav¨¦s de la instrucci¨®n de los principales sumarios de corrupci¨®n en la venta de material anticovid y un empresario conocedor del mercado chino que vendi¨® millones de mascarillas a la administraci¨®n espa?ola, se puede deducir que, al menos en esos casos, quienes compraron en China lo pudieron hacer a precios inferiores a 2 euros. Mientras muchos tuvieron m¨¢rgenes de beneficio moderados vendiendo a 2,5 euros, otros acabaron vendiendo a la Administraci¨®n a precios disparatados.

Del sumario de la trama Koldo se deduce que quien compr¨® a 1,20 en China gan¨® apenas 23 c¨¦ntimos por mascarilla al vender su material a la empresa Soluciones de Gesti¨®n, que a su vez vendi¨® al ministerio de Transportes a 2,5 euros, ganando 1,07 c¨¦ntimos por mascarilla. Con todo, esta operaci¨®n no fue de las m¨¢s perjudiciales para el presupuesto p¨²blico de las que se pagaron aquellos d¨ªas.

La descoordinaci¨®n y descontrol en las administraciones

Francisco Igea, m¨¦dico de profesi¨®n y vicepresidente de Castilla y Le¨®n por Ciudadanos durante lo peor de la pandemia, recuerda c¨®mo el desorden irrumpi¨® en las administraciones, especialmente durante las semanas en las que los casos comenzaron a multiplicarse y el Gobierno de Pedro S¨¢nchez orden¨® centralizar las compras de material a trav¨¦s del Instituto Nacional de Gesti¨®n Sanitaria (INGESA) dependiente del Ministerio de Sanidad. ¡°El mercado estaba completamente roto y el material no llegaba. Mientras, [el Ministerio de Sanidad] anuncia la posibilidad de incautar todo el material. Se hizo con buena intenci¨®n, pero creo que eso espant¨® a los proveedores habituales¡±, dice Igea. Ante la escasez, Castilla y Le¨®n logr¨® hacer unas primeras compras por su cuenta, como el resto de comunidades y los grandes ayuntamientos, y, mientras el suministro llegaba, hizo un llamamiento p¨²blico para pedir ayuda a empresas con el que consigui¨® equipos gratis.

La ausencia de reglas permiti¨® que las empresas contratadas no tuvieran que demostrar solvencia o experiencia en proveer de dicho material, aunque algunas entidades (muy pocas) s¨ª revisaron estos requisitos. Bajo ese paraguas se colaron, entre cientos de miles de contratos de mercanc¨ªa dirigida a proteger contra el virus, algunos que no parec¨ªan enfrentar ninguna urgencia: como la concesi¨®n para la gesti¨®n de la televisi¨®n p¨²blica de Murcia a la misma empresa que ven¨ªa haci¨¦ndolo antes (CBM), la gesti¨®n de una piscina en Meco (Madrid), compras de pistolas t¨¢ser en Marbella y hasta el alquiler de tres camellos para la cabalgata de Reyes por parte del ayuntamiento canario de Icod de los Vinos.

Uno de estos contratos que colaron por la v¨ªa de urgencia fue el de una campa?a de promoci¨®n tur¨ªstica en Ibiza llamada La vida aislados, que, de hecho, el PSOE ha pedido que se investigue en la comisi¨®n del Congreso. El director de Turismo insular, Juan Miguel Costa, fue acusado de prevaricaci¨®n administrativa y tr¨¢fico de influencias por la contrataci¨®n que incluy¨® la elaboraci¨®n de un v¨ªdeo promocional con un presupuesto de 250.000 euros. Un juez desestim¨® la causa en febrero, pero todav¨ªa queda pendiente, como para muchos, la responsabilidad pol¨ªtica de esta gesti¨®n.

A¨²n as¨ª, la gran mayor¨ªa de esos 6.445 millones en contratos de emergencia se destin¨® a medidas de protecci¨®n, de los que unos 5.398 millones fueron para contratos de suministros, en su mayor¨ªa mascarillas y otros materiales (3.000 millones), seguidas de test, seg¨²n datos de Civio. Uno de cada 10 euros que se adjudicaron se lo repartieron cuatro empresas, unos 637 millones. Las principales adjudicatarias fueron FCS Select Products, Hong Kong Travis Asia, Barna Import M¨¦dica ¡ªque ya se dedicaba a la venta de material sanitario ¡ª y la farmac¨¦utica Abbott que gan¨® m¨¢s de 111 millones gracias al mercado de los test de ant¨ªgenos.

La compa?¨ªa que m¨¢s dinero obtuvo de esos contratos ni siquiera se dedicaba a asuntos sanitarios antes de la pandemia, sino al sector de bebidas energ¨¦ticas con sede en Barcelona: FCS Select Products. El 23 de marzo, esta empresa firm¨® cuatro contratos el mismo d¨ªa por un precio total de 217 millones de euros, una cuant¨ªa equiparable al fichaje m¨¢s caro de la historia del f¨²tbol, el de Neymar por el Par¨ªs Saint-Germain. Tras estos cuatro contratos, no ha vuelto a firmar con una administraci¨®n espa?ola.

El administrador de FCS, Felipe Recio, contactado por EL PA?S, explica que su empresa llevaba a?os presente en China, aunque se dedicaba a la exportaci¨®n de diferentes productos: adem¨¢s de las bebidas, muebles y piezas de coches. La compa?¨ªa estaba inscrita en el registro de la C¨¢mara de Comercio de Espa?a en China y cuando surge la necesidad de comprar material sanitario, los interesados pod¨ªan consultar qu¨¦ empresas espa?olas estaban disponibles. ¡°Quedamos cuatro gatos porque muchos empresarios espa?oles hab¨ªan regresado a Espa?a cuando empez¨® la crisis sanitaria en China¡±, cuenta. ¡°Las primeras 3.000 mascarillas se las vend¨ª a una empresa catalana muy peque?ita. Hicimos cuatro o cinco ventas de este tipo antes del gran contrato del Gobierno¡±. Seg¨²n Recio, uno de los empresarios con los que contact¨® en ese tiempo fue Alberto Gonz¨¢lez Amador ¡ªpareja de la presidenta madrile?a Isabel D¨ªaz Ayuso¡ª, de la empresa Maxwell Cremona, con quien habl¨® por tel¨¦fono. ¡°Al principio simplemente me dijo, ¡®te puedo conseguir tantas mascarillas para una empresa¡¯, sin decir para qui¨¦n. Nos present¨® a Mape (una empresa sanitaria gallega) y desapareci¨®¡±, se?ala Recio. Por esa gesti¨®n, poner en contacto a FCS con Mape para venderle mascarillas, Gonzalez Amador cobr¨® dos millones (el 4,5% de la operaci¨®n). En su declaraci¨®n del Impuesto de sociedades de 2020 y 2021, Gonz¨¢lez Amador intent¨® enga?ar a Hacienda simulando unos gastos que nunca tuvo, seg¨²n reconoci¨® el mismo.

De esta constelaci¨®n de empresas que se beneficiaron de los contratos, la mayor¨ªa se dedicaban a una actividad econ¨®mica alejada de la compra-venta o distribuci¨®n de suministros sanitarios. Seg¨²n un informe del Tribunal de Cuentas ¡ªque analiza las adjudicaciones que hicieron los ministerios del ¨¢rea econ¨®mica y sus organismos aut¨®nomos¡ª hay cientos de contratos con empresas sin experiencia en el ¨¢rea por la que fueron contratadas. Hyperin Grupo Empresarial, que firm¨® con el Ministerio de Sanidad por 3,3 millones de euros, para la adquisici¨®n de 144 dispositivos de ventilaci¨®n, ten¨ªa un objeto social alejado de esos menesteres: ¡°Fabricaci¨®n de yeso para la construcci¨®n¡±. La Papeler¨ªa J. Puy, ubicada en Barcelona, se dedicaba al suministro de material de oficina, pero consigui¨® dos contratos de compra por parte de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria de Catalu?a de mascarillas, guantes, gel hidroalcoh¨®lico, desinfectante y kits de limpieza por casi 264.000 euros (sin IVA).

Pese a que cientos de empresas adjudicatarias no se dedicaban antes de 2020 al ramo, esta realidad se ha utilizado como dardo pol¨ªtico para desacreditar la gesti¨®n de determinados Gobiernos regionales durante la pandemia. El Gobierno balear (del PP) dej¨® caducar un expediente de devoluci¨®n del dinero (2,7 millones de euros) por un lote de mascarillas defectuosas ¡ªvendidas por la empresa vinculada a la trama Koldo, Soluciones de Gesti¨®n¡ª y ahora pretende iniciar un proceso judicial para reclamar el dinero bajo el argumento de que la anterior presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, compr¨® ese material a una empresa que carec¨ªa de la solvencia necesaria y no era especialista en este negocio. El motivo alegado ahora por el Gobierno popular de Baleares servir¨ªa para anular cientos de contratos adjudicados por todo tipo de instituciones durante lo peor de la pandemia.

Esto lleva a otra de las claves del esc¨¢ndalo. La entrada de empresarios e intermediarios que, ante la falta de controles en el sistema de contrataci¨®n, buscaron hacer el negocio de su vida y algunos lo consiguieron. ¡°Hubo mucha gente comprometida [con la idea de ayudar] y tambi¨¦n muchos especuladores¡±, relata Igea, que afirma, con cierta satisfacci¨®n, que en su Gobierno supo frenar los ¡°contratos leoninos¡± y abusivos.

¡ª?C¨®mo consegu¨ªan diferenciar un especulador del que no lo era?

¡ªBuscando las especificaciones, el origen, las caracter¨ªsticas t¨¦cnicas y, a la vez, con un precio que es razonable. Comparando. Ninguno de los precios era el habitual previo a la pandemia. Hicimos p¨²blicas todas las compras y se abre en el portal una visualizaci¨®n que se asegura que la gente va a salir retratada. Siempre hace que la gente sea m¨¢s prudente. La transparencia jug¨® a favor nuestro.

Publicar los contratos no fue suficiente para frenar la especulaci¨®n, tampoco ayud¨® el excesivo tiempo que tarda el contrato desde su firma hasta que se cuelga en el Portal de Transparencia. Los contratos de emergencia se demoraron de media 43 d¨ªas, casi el triple de los 15 que marca la ley, seg¨²n datos de la investigaci¨®n de Civio.

Las comunidades aut¨®nomas no debieron tener en cuenta las cautelas que cita Igea porque en muchas de ellas se llegaron a pagar precios que supon¨ªan el triple o incluso m¨¢s del triple de lo que se pag¨® en otras administraciones por el mismo material comprado en las mismas fechas y en el mismo pa¨ªs, China.

Un lugar de encuentro de las diferentes administraciones p¨²blicas fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Debido a la pandemia, de hecho, las reuniones de este organismo se multiplicaron en 2020, pasando de 81 a 236 ese a?o. En su memoria anual de actividades detalla c¨®mo el ¡°aumento significativo de los precios de todos los productos y equipos sanitarios¡± y las consecuencias del desabastecimiento fueron varios de los puntos que se trataron de manera recurrente. As¨ª describe la situaci¨®n que viv¨ªan las diferentes entidades p¨²blicas: ¡°Se han introducido cambios significativos en estos mercados, tanto por el lado de la oferta (empresas que han reorientado su actividad) con una exigencia del pago por adelantado (incluso para compras de gobiernos) y venta de l¨ªneas de producci¨®n para un suministro peri¨®dico, como por el lado de la demanda (todos los pa¨ªses comprando los mismos productos en las mismas f¨¢bricas), empujando los precios al alza¡±. Una cuesti¨®n abierta y que a¨²n no ha salido en la comisiones de investigaci¨®n del Senado y el Congreso es c¨®mo las diferentes autonom¨ªas hac¨ªan frente a las especulaciones, si intercambiaron mecanismos internos de control y si pon¨ªan en com¨²n en estas reuniones los precios a los que pagaban las mascarillas, guantes y dem¨¢s elementos de material sanitario.

La doble avaricia: fraudes millonarios a la Hacienda P¨²blica

Un fiscal anticorrupci¨®n que investig¨® algunas de las ventas de mascarillas bajo sospecha sostiene que ¡°la avaricia no es delito¡± y que la mayor¨ªa de los enormes negocios que algunos hicieron en pandemia a costa del dinero p¨²blico no puede tener reproche penal. Hubo empresarios que, en lo peor de la pandemia, aprovecharon la escasez de material de protecci¨®n para cobrar a las administraciones p¨²blicas tres o cuatro veces m¨¢s del precio al que adquir¨ªan ese bien tan preciado en China. Pero ese enriquecimiento de algunos fue legal porque las reglas sobre contrataci¨®n hab¨ªan sido suprimidas en los primeros meses de la pandemia. ¡°Los delitos tradicionales de la contrataci¨®n p¨²blica en estos casos eran imposibles de aplicar. Puedes tener la intuici¨®n de otros delitos, pero son m¨¢s f¨¢ciles de ocultar. Te quedas con una sensaci¨®n de frustraci¨®n porque puedes intuir mordidas, pero no es f¨¢cil demostrarlas¡±, se?ala a EL PA?S uno de los fiscales que investig¨® estos hechos.

La ¨²nica v¨ªa para encajar estos comportamientos en algunos tipos de conductas ha sido el delito fiscal de quienes, adem¨¢s de aprovechar la situaci¨®n para hacer el negocio de sus vidas, no quisieron pagar a Hacienda la parte correspondiente de sus beneficios millonarios logrados gracias a una situaci¨®n excepcional sin reglas. ¡°Eso es algo habitual tambi¨¦n. El delito fiscal sirve para redondear la conducta depredadora¡±, agrega el fiscal. Esa doble avaricia ¡ªcobrar precios muy por encima de los m¨¢rgenes habituales en este tipo de negocios y enga?ar a Hacienda para no abonar los impuestos correspondientes¡ª ha destapado algunos de los casos m¨¢s escandalosos relacionados con la compra de mascarillas en pandemia.

La Fiscal¨ªa se ha querellado por delito fiscal contra, al menos, una decena de empresarios que, tras lucrarse con la venta de material sanitario, idearon f¨®rmulas para pagar menos impuestos de los que les correspond¨ªan.

'Caso Luce?o y Medina': Declaraci¨®n del impuesto de sociedades con una sociedad creada despu¨¦s

Alberto Luce?o y Luis Medina contactaron con responsables municipales encargados de la adquisici¨®n de material anticovid a trav¨¦s de un familiar del alcalde de Madrid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida. Y lograron colocas mascarillas, guantes y test anticovid por m¨¢s de 12 millones de euros, de los que ganaron seis millones en comisiones (cinco para Luce?o y uno para Medina). La Agencia Tributaria examin¨® la situaci¨®n fiscal de Alberto Luce?o y descubri¨® que hab¨ªa declarado esos beneficios en el impuesto de Sociedades vinculado a una empresa de su propiedad que ni siquiera exist¨ªa cuando logr¨® el contrato. La Agencia Tributaria consider¨® que Luce?o deb¨ªa haber declarado sus beneficios en el IRPF y le imputa un delito fiscal por 1.350.000 euros.

V¨ªctor de Aldama: Fraude por no declarar como IRPF las comisiones del 'caso Koldo'

El empresario V¨ªctor de Aldama manten¨ªa una relaci¨®n intensa con el ministerio de Transportes y se ofreci¨® a conseguir mascarillas en lo peor de la pandemia. Para ello, Aldama contact¨® con un grupo empresarial que facilit¨® una sociedad inactiva ¡ªSoluciones de Gesti¨®n¡ª y su solvencia financiera para hacer ese trabajo. Por todas sus gestiones, Aldama gan¨® 5,5 millones de euros que declar¨® como Impuesto de Sociedades. La Agencia Tributaria consider¨® que Aldama deber¨ªa haber declarado sus beneficios como IRPF y calcul¨® un fraude fiscal de 1.834.000 euros. La fiscal¨ªa denunci¨® as¨ª el fraude: ¡°Aldama no puede ocultar sus actuaciones personales como si realizara una actividad empresarial compleja. Su trabajo fue asesorar personalmente, conseguir el contrato o conseguir mascarillas y su transporte con intermediarios y eso, en las condiciones expuestas, entiende esta inspecci¨®n que solo se puede tributar en el IRPF¡±.

Alberto Gonz¨¢lez, pareja de Ayuso: Dos millones en comisiones y dos delitos fiscales

Los inspectores que analizaron las declaraciones fiscales de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso, no consideraron que los dos millones de euros que gan¨® por lograr un cliente para la empresa FCS fuera un trabajo de asesoramiento personal que se deb¨ªa tributar en el IRPF. Aceptaron que Gonz¨¢lez Amador declarara esos beneficios en el impuesto de Sociedades pero se consideraron enga?ados por los gastos que la pareja de D¨ªaz Ayuso incluy¨® para pagar menos impuestos. Tras confesar los enga?os, la Agencia Tributaria concluy¨® que Gonz¨¢lez Amador hab¨ªa cometido dos delitos fiscales por 350.000 euros. La Fiscal¨ªa se querell¨® contra el empresario, imputado por este motivo.

'Caso Las Palmas': Fraude y posible corrupci¨®n

La Fiscal¨ªa Provincial de Las Palmas present¨® hace varios meses una querella por la supuesta comisi¨®n de seis delitos contra la Hacienda P¨²blica contra varios empresarios, entre ellos el actual presidente de la Uni¨®n Deportiva Las Palmas, Miguel ?ngel Ram¨ªrez; y un ex alcalde del PP, Lucas Bravo de Laguna, entre otros. Ambos ganaron cerca de nueve millones de euros por supuestas gestiones para que otra empresa lograse contratos del Gobierno canario para suministrar material anticovid. por 21 millones de euros Los inspectores de Hacienda denuncian que ambos empresarios, que interpusieron ¡°artificiosamente una persona jur¨ªdica [una empresa]¡± para declarar en nombre de ella los beneficios y se acogieron a un instrumento (la Reserva para Inversiones en Canarias) que les permit¨ªa reducir al m¨¢ximo el pago de impuestos. La Fiscal¨ªa sostiene en su querella que junto al delito fiscal podr¨ªan ¡°concurrir indicios de blanqueo de capitales, corrupci¨®n y malversaci¨®n¡±: ¡°El abono de tan importantes cantidades sin que media la prestaci¨®n de servicio alguno, para los que adem¨¢s carec¨ªan de los medios personales y/o materiales necesarios careciendo todos ellos de experiencia en el sector sanitario, abonan la tesis de que nos encontremos ante el pago de comisiones ajenas de todo punto a un verdadero negocio jur¨ªdico l¨ªl¨ªcita de las que las mismas pudieran derivar¡±.