¡®Caso mascarillas¡¯: un bot¨ªn de 2.000 millones en la ley de la selva
La falta de controles entre marzo y mayo de 2020 facilit¨® el pillaje de comisionistas. La Fiscal¨ªa investiga decenas de contratos pero ve dif¨ªcil castigar los precios excesivos
¡°Est¨¢bamos en guerra y se trataba de comprar balas¡±. Un empresario experto en el comercio con China describe as¨ª la situaci¨®n vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya m¨¢s de 100.000 vidas en Espa?a, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperaci¨®n y la necesidad de un pa¨ªs.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que ha denunciado este esc¨¢ndalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene varios casos en investigaci¨®n y analiza estos d¨ªas otros 12 contratos de distintos organismos de la Administraci¨®n central que suman 300 millones de gasto p¨²blico para decidir si abre diligencias.
Tras a?o y medio de pesquisas secretas, Anticorrupci¨®n destap¨® y denunci¨® el martes los ¡°injustificados¡± beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luce?o: ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero que ambos dieron al dinero rapi?ado ¡ªun piso de un mill¨®n de euros, un velero, relojes de lujo, coches deportivos¡ª se ha convertido en el s¨ªmbolo de un esc¨¢ndalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.
Las administraciones p¨²blicas espa?olas gastaron entre marzo y mayo de 2020 casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material imprescindible en China, convertido entonces en un ¡°mercado persa¡±, seg¨²n los empresarios consultados por EL PA?S. ¡°Exig¨ªan el pago por adelantado, hab¨ªa una especulaci¨®n galopante con los precios, todo era vol¨¢til en relaci¨®n con mascarillas, guantes, test de ant¨ªgenos o equipos de protecci¨®n individual¡±, alega uno de ellos.
El gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (m¨¢s de la mitad a cargo de las comunidades aut¨®nomas) para la compra masiva de material anticovid se convirti¨® en un colosal bot¨ªn de dinero p¨²blico del que se aprovecharon muchos ¡°pillos¡±, seg¨²n la denominaci¨®n utilizada por el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luce?o, se hicieron multimillonarios en unos pocos d¨ªas a costa de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el planeta en los ¨²ltimos 100 a?os.
Contrataci¨®n sin reglas. El Gobierno aprob¨® en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de muertos al d¨ªa en Espa?a y contagiaba a decenas de miles de personas, un decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayor¨ªa de las normas de contrataci¨®n. ¡°A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector p¨²blico para atender las necesidades derivadas de la protecci¨®n de las personas para hacer frente al covid-19, les resultar¨¢ de aplicaci¨®n la tramitaci¨®n de emergencia sujeta a un r¨¦gimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no est¨¢n sometidos a la obligaci¨®n de tramitar el expediente de contrataci¨®n, sin tener que sujetarse el procedimiento de contrataci¨®n a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley¡±, rezaba el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Se pod¨ªan adjudicar a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir m¨¢s de una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva desencaden¨® la avaricia de determinados intermediarios que hicieron negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situaci¨®n.
Un empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 a?os importando material desde China recuerda c¨®mo aquel negocio, sin normas r¨ªgidas que lo regulasen, se llen¨® de oportunistas: ¡°Cuando vimos la desesperaci¨®n, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de protecci¨®n individual] ven¨ªa de empresas privadas y de administraciones. En aquellos d¨ªas cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un contactillo mediaba en estas actividades. Lo pod¨ªa hacer cualquiera. Algunos eran gente en ERTE que no ten¨ªa otra ocupaci¨®n esos d¨ªas. Ped¨ªan comisi¨®n o compraban la mercanc¨ªa y la revend¨ªan. Era muy normal aquellos d¨ªas¡±.
En circunstancias normales, aquellos espabilados no habr¨ªan podido ni acercarse a las ventanillas de la Administraci¨®n para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros meses de pandemia no hab¨ªa filtros ni medidas de seguridad para evitar el saqueo.
El alcalde de una de las 20 ciudades m¨¢s pobladas de Espa?a cuenta a EL PA?S: ¡°En mi ciudad no ten¨ªamos EPI ni para los polic¨ªas municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que acud¨ªan a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos¡±. ¡°Pero el problema¡±, a?ade, ¡°no reside en que la empresa o intermediario que nos ofrec¨ªa material de China careciera de experiencia en el sector sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada¡±.
Los sucesivos decretos de alarma permitieron durante 422 d¨ªas, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres primeros meses, los cargos p¨²blicos compraban el material apremiados por una situaci¨®n tr¨¢gica e incontrolada. No pod¨ªan pararse a comparar precios para elegir las mejores ofertas ni pod¨ªan poner condiciones a las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrec¨ªan el material.
El precio era lo de menos; el mismo d¨ªa, una administraci¨®n p¨²blica pod¨ªa contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a nueve euros, diferencias abismales que solo se pod¨ªan justificar por la ca¨®tica situaci¨®n que viv¨ªa el mundo y por la falta de escr¨²pulos o el exceso de avaricia del intermediario que impon¨ªa las condiciones de la venta.
Gasto p¨²blico desenfrenado y descontrolado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compr¨® a finales de marzo de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5 euros por unidad. Este contrato est¨¢ denunciado ante la Fiscal¨ªa por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposici¨®n de izquierdas al Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso denunci¨® otro contrato ¡ª1,5 millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad¡ª que benefici¨® al hermano de la presidenta, quien cobr¨® al menos 55.000 euros por unos d¨ªas de gestiones para conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo Daniel Alc¨¢zar. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n puede conocer por cu¨¢nto compraron los intermediarios en China y a cu¨¢nto vendieron. La diferencia dar¨¢ en cada caso la medida del esc¨¢ndalo. En ese mercado sin apenas controles legales, los m¨¢s escrupulosos cobraron por sus gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos llegaron hasta el 300%, seg¨²n las investigaciones de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el an¨¢lisis hecho por EL PA?S tras consultar a decenas de implicados.
Mercado ca¨®tico. Ninguna administraci¨®n ni organismo p¨²blico se libr¨® de aquel mercado ca¨®tico, seg¨²n comprob¨® el Tribunal de Cuentas en una investigaci¨®n aleatoria. El Banco de Espa?a pag¨® 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo que la delegaci¨®n de la Agencia Tributaria en Catalu?a consegu¨ªa id¨¦ntico material por 4,87 euros y RTVE las adquir¨ªa todav¨ªa por menos, entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero pasado, se?ala m¨¢s desproporciones: ¡°En lo que respecta a la adquisici¨®n de mascarillas quir¨²rgicas, los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegaci¨®n Especial de Andaluc¨ªa y los 0,95 euros del contratista de la Delegaci¨®n Especial de Catalu?a, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegaci¨®n de Galicia, con una diferencia de algo m¨¢s del 50 % entre el contratista m¨¢s barato y el m¨¢s caro.
Los guantes higi¨¦nicos fueron adquiridos en Catalu?a a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a los 2,42 en la Delegaci¨®n Especial de Andaluc¨ªa, esto es, m¨¢s del cu¨¢druplo en el primer caso en comparaci¨®n con el segundo. La Delegaci¨®n Especial de Catalu?a lleg¨® a pagar un precio de hasta 14,38 euros por litro de gel hidroalcoh¨®lico, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegaci¨®n Especial de Madrid se pag¨® 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020¡å, explica el informe del ¨®rgano fiscalizador. Este gasto p¨²blico tan desequilibrado no tendr¨¢ sanci¨®n penal. Las normas de contrataci¨®n en pandemia perdonaban todas estas anomal¨ªas.
El Ayuntamiento de Valladolid logr¨® en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35 euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno, 200.000 mascarillas quir¨²rgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato que cost¨® al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acab¨® en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos d¨ªas; y las mascarillas KN95, justo el doble.
Las mordidas de los piratas. Nunca nadie gan¨® tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de material a las administraciones p¨²blicas. Pero nunca antes se vivi¨® una situaci¨®n tan excepcional. ?Espa?a es un pa¨ªs de p¨ªcaros?
Un empresario que vendi¨® material aquellos d¨ªas responde: ¡°A m¨ª me parece l¨ªcito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas mordidas. Ten en cuenta que hab¨ªa mucha gente sufriendo. Hab¨ªa intermediarios de buena fe, que eran la mayor¨ªa, y ped¨ªan un 5%, pero luego hab¨ªa piratas que ped¨ªan hasta el 40% y trabajaban para administraciones p¨²blicas. Yo rechac¨¦ ventas en las que me llegaron a pedir un 30% de comisi¨®n. Quer¨ªa que el material llegara a un precio razonable¡±.
El jefe de compras de un hospital p¨²blico madrile?o cuenta que en los primeros d¨ªas (tras la centralizaci¨®n de las compras por parte de la Consejer¨ªa de Sanidad) se llev¨® una sorpresa: ¡°Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se quedaban sin vender. Lo que pas¨® es que los proveedores ordinarios no ten¨ªan dinero en mano as¨ª que se compr¨® a empresas poco habituales, empresas que ni siquiera ten¨ªan empleados, sin actividad. Cantaba por todos lados. A m¨ª me escandaliz¨® todo. Se buscaban una sociedad para facturar y hac¨ªan las compras por ah¨ª¡±.
El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones porque hab¨ªa m¨²ltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer ¡°en su momento, prospecciones del mercado¡±.
Un gestor p¨²blico que firm¨® la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido: ¡°En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escr¨²pulos haciendo caja. Hubo quien se dedic¨® a rapi?ar con la muerte de la gente. Y tambi¨¦n hubo gente ejemplar¡±.
Los agujeros negros de una respuesta de emergencia. La respuesta de las administraciones p¨²blicas para proteger la salud de la poblaci¨®n, contener la expansi¨®n del virus y reforzar el sistema de salud p¨²blica ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos aspectos; desde la gesti¨®n puramente sanitaria del problema hasta el control del dinero p¨²blico empleado en combatir la pandemia.
El enriquecimiento no es delito en pandemia
El Código Penal y la contratación de mascarillas. El decreto de alarma que aprobó el Gobierno para hacer frente a la pandemia introdujo en su artículo 16 la posibilidad de aplicar contratos de emergencia a las compras de material antiCovid. Esa excepcionalidad, justificada por la gravedad de la situación, evita ahora que la Fiscalía Anticorrupción pueda considerar delictivos los precios inflados que muchos intermediarios impusieron a las administraciones públicas para importar material de China.
Imputados por material defectuoso, no por beneficio exagerado. Los primeros imputados en España por un contrato de venta de mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron de acuerdo para obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico” y lo consiguieron (seis millones de los 11 que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material), según relata la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Pero no están imputados por ese enriquecimiento, sino porque el material entregado fue defectuoso, no correspondía al comprometido, era de una calidad inferior y, por tanto, se produjo una supuesta estafa. Los guantes no tenían las medidas prometidas y la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid llegó a fotografiar el mismo material de un supermercado a 0,08 euros mientras que el entregado por Medina y Luceño costaba dos dólares (1,62 en comisiones).
Blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción también atribuye a Luis Medina y Alberto Luceño un delito de blanqueo de capitales —introducir las ganancias ilícitas en el circuito económico legal— por la compra de un velero, un piso en Pozuelo, numerosos coches y relojes de lujo o la estancia en un hotel de lujo con el dinero obtenido de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es confusa respecto a este punto y señala que no se puede atribuir blanqueo de capitales cuando se trata de “autoconsumo”, como pagar viajes o el alquiler de una vivienda con el dinero procedente del delito pues no puede apreciarse el objetivo de ocultar o encubrir bienes. Los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid dedicaron gran parte de sus ganancias a comprar bienes de lujo. Medina adquirió un velero, mientras que Luceño se compró media docena de coches: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast, un Mercedes AMG GT 63S, un Mercedes SCL 300, un Range Rover Sport, un KTM X BOW y un BMW I8 Roadster.
Tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recuerda que no había ningún procedimiento reglado para la adquisición de material sanitario en pandemia. Por tanto, explican, es muy difícil acreditar que hubo tráfico de influencias en el hecho de que una empresa para la que trabajaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fuera contratada para conseguir 250.000 mascarillas FPP2. No obstante, quienes participaron en la gestión, tanto la parte contratante como la parte contratada, serán llamados a declarar por Anticorrupción. En la causa abierta por el contrato del Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía relata la participación indirecta de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que supuestamente puso en contacto a los comisionistas con el personal municipal encargado de las compras de material. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que en esa gestión pueda haber tráfico de influencias y nadie del Ayuntamiento de Madrid está imputado en la causa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.
Malversación de fondos públicos. La Fiscalía Europea reclama para sí la investigación del contrato de las mascarillas que benefició a una empresa, Priviet, que a su vez pagó al menos 55.000 euros al hermano de Díaz Ayuso. El argumento para reclamar esa competencia es que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para abonar los 1,5 millones de euros por las 250.000 mascarillas que consiguió traer de China el hermano de la presidenta madrileña proceden de fondos europeos.
Delitos de Corrupción. La Fiscalía, que sigue adelante con su propia investigación, sostiene que el caso solo se puede examinar desde la perspectiva de los delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios u otros relacionados con la corrupción. Pero en ningún caso se ha producido una malversación de fondos públicos. “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas”, señalan fuentes fiscales, “Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”, añaden estas mismas fuentes.
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