Los fiscales del ¡®proc¨¦s¡¯ se oponen a aplicar la amnist¨ªa al delito de malversaci¨®n

La aplicaci¨®n de la amnist¨ªa aprobada este jueves en el Congreso va a derivar, salvo sorpresa, en un duro enfrentamiento en el seno de la Fiscal¨ªa. Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del proc¨¦s en 2019 han comunicado al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que consideran que la ley de amnist¨ªa no es aplicable al delito de malversaci¨®n por el que el Tribunal Supremo conden¨® a cuatro de los 12 l¨ªderes independentistas a los que juzg¨®, entre ellos Oriol Junqueras, y que el tribunal atribuye tambi¨¦n a Carles Puigdemont. Seg¨²n estos fiscales, el desv¨ªo de fondos que se consider¨® probado en la sentencia del Supremo encaja en las excepciones que establece la ley de amnist¨ªa, por lo que las condenas por malversaci¨®n no pueden decaer. Sostienen, adem¨¢s, que la orden de detenci¨®n contra el expresidente catal¨¢n ¡ªque huy¨® a B¨¦lgica en 2017¡ª no puede levantarse autom¨¢ticamente, en contra de lo que prev¨¦ la ley una vez que la norma se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor.

La decisi¨®n que tome el Supremo sobre la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa al delito de malversaci¨®n no tendr¨¢ efectos s¨®lo sobre la causa que pesa sobre Puigdemont, sino tambi¨¦n sobre la condena que a¨²n est¨¢ cumpliendo Oriol Junqueras de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico. Junqueras fue indultado en 2021 de la pena de prisi¨®n, pero no de la inhabilitaci¨®n. Los fiscales del proc¨¦s, seg¨²n fuentes del Ministerio P¨²blico, s¨ª apoyan la aplicaci¨®n de la medida de gracia para los delitos de desobediencia y des¨®rdenes p¨²blicos, los otros que se atribuyen a los l¨ªderes independentistas tras la reforma penal que elimin¨® el delito de sedici¨®n en 2022.

La aprobaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en el Congreso cierra la tramitaci¨®n parlamentaria de la norma y abre una nueva etapa: la de la aplicaci¨®n de la medida de gracia por parte del Poder Judicial. Para hacerse efectiva, la ley tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento que pueda verse afectado por la amnist¨ªa, y en esta fase entra tambi¨¦n en juego la Fiscal¨ªa, a la que los jueces tienen que pedir su opini¨®n (no vinculante) antes de tomar una decisi¨®n. Las discrepancias que existen en el seno del Ministerio P¨²blico sobre la medida de gracia son evidentes desde que se anunci¨® la proposici¨®n de ley: hasta ahora se han plasmado en pronunciamientos p¨²blicos y cr¨ªticas a Garc¨ªa Ortiz por negarse a enviar al Senado el informe sobre la medida de gracia que le reclam¨® la C¨¢mara alta, donde el PP tiene mayor¨ªa absoluta.

Pero, ante la aprobaci¨®n de la ley este jueves, el fiscal general ha optado por reunir a los fiscales que tienen que informar sobre la aplicaci¨®n de la norma en el Tribunal Supremo, que son los cuatro que participaron en el juicio del proc¨¦s: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Al encuentro tambi¨¦n han asistido los jefes de la secci¨®n Penal, el del Constitucional y el jefe de la secretar¨ªa t¨¦cnica. Ma?ana est¨¢n convocados los jefes fiscales de Catalu?a. El objetivo es coordinar la actuaci¨®n del Ministerio P¨²blico en todos los ¨®rdenes jurisdiccionales y en todas las instancias, pero la primera reuni¨®n ya ha dejado patente que no va a ser f¨¢cil.

La Fiscal¨ªa se rige por el principio de unidad de actuaci¨®n, lo que, en el caso de la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, implica que el Ministerio P¨²blico tiene que defender la misma posici¨®n en el Supremo y en cualquiera de los juzgados de Catalu?a que tendr¨¢n que pronunciarse sobre la medida de gracia a encausados por malversaci¨®n. Este delito afecta a buena parte de las causas vinculadas a la organizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O. Eso incluye a los l¨ªderes del proc¨¦s, pero tambi¨¦n a una veintena de cargos pol¨ªticos de ERC y Junts que, un pelda?o por debajo de los consejeros de la Generalitat, ostentaban responsabilidades p¨²blicas durante el oto?o de 2017 y fueron claves en la log¨ªstica y financiaci¨®n del refer¨¦ndum.

Fuentes fiscales advierten de que, en ¨²ltima instancia, ser¨¢ el fiscal general quien tiene la potestad para fijar la postura del Ministerio P¨²blico respecto a la amnist¨ªa. Garc¨ªa Ortiz se ha mostrado hasta ahora muy cauto sobre la medida de gracia y ha rechazado opinar sobre su alcance hasta que llegara el turno de la aplicaci¨®n de la norma por parte de los tribunales. Pero fuentes del su entorno se?alan que su posici¨®n diverge de la expresada por los fiscales del proc¨¦s y considera que la malversaci¨®n que se atribuye a Puigdemont o Junqueras queda bajo el paraguas de la amnist¨ªa porque no supuso un enriquecimiento del patrimonio de los l¨ªderes independentistas, la condici¨®n que fija la norma para poder beneficiarse de la medida de gracia.

Si Garc¨ªa Ortiz establece que este es el criterio el Ministerio P¨²blico, todos los fiscales tendr¨ªan, en teor¨ªa, que seguirlo, porque el otro principio b¨¢sico del funcionamiento de la Fiscal¨ªa es la dependencia jer¨¢rquica. En cualquier caso, se da por seguro que, al menos entre los del Supremo, habr¨¢ resistencia y se intentar¨¢n activar todos los mecanismos para forzar un cambio de postura, lo que puede agravar la guerra abierta entre Garc¨ªa Ortiz y algunos sectores de la Fiscal¨ªa.

La ley establece que la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos ser¨¢ amnistiada si estuvo destinada a financiar actos vinculados al proc¨¦s y ¡°siempre que no haya existido prop¨®sito de enriquecimiento¡±, entendido este como ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±. La intenci¨®n del Gobierno y sus socios parlamentarios es que la medida de gracia alcance a todos los encausados por el desaf¨ªo independentista, tambi¨¦n a los que lo est¨¢n por malversaci¨®n, y consideran que, con esta redacci¨®n, se garantiza ese objetivo porque no hay pruebas de que ese desv¨ªo de fondos haya provocado en ning¨²n caso un aumento del patrimonio de los encausados. Esta es la postura que defiende un sector de la Fiscal¨ªa, que considera que la ley deja claro que tiene que haberse dado un incremento patrimonial y que eso no ha ocurrido en el caso del proc¨¦s. Fuentes pr¨®ximas al fiscal general se?alan que Garc¨ªa Ortiz se decanta tambi¨¦n por esta interpretaci¨®n.

Pero hay otro sector, encabezado por los fiscales del proc¨¦s en el Supremo, que sostiene lo contrario y para ello esgrimen que la jurisprudencia del alto tribunal se?ala que el enriquecimiento no se produce solo cuando hay un lucro personal, sino tambi¨¦n cuando se genera otro tipo de beneficios. En eso bas¨® la Sala Penal su rechazo a aplicar a los l¨ªderes del proc¨¦s la ¨²ltima reforma del delito de malversaci¨®n, pactada la pasada legislatura entre el PSOE y ERC y que rebajaba la pena en los casos en los que no existiera ¡°¨¢nimo de lucro¡±.

Adem¨¢s, los fiscales del proc¨¦s argumentan que una directiva europea de 2017 impide amnistiar delitos que afectan a los intereses financieros de la Uni¨®n Europea, una salvedad que tambi¨¦n recoge la ley de amnist¨ªa. Esta opini¨®n no es compartida por otros fiscales ni por el entorno del fiscal general, que aseguran que los intereses econ¨®micos de la UE no se vieron da?ados por el desv¨ªo de fondos atribuido a los l¨ªderes independentistas, por lo que no ser¨ªa aplicable al caso esa excepci¨®n que prev¨¦ la medida de gracia.

¡°Intereses pol¨ªticos¡±

Los fiscales del proc¨¦s han exhibido desde 2017 una postura muy dura contra los l¨ªderes independentistas, contra quienes mantuvieron la acusaci¨®n por rebeli¨®n a lo largo de todo el juicio, neg¨¢ndose a plantear la posibilidad de que se les condenara por sedici¨®n, una opci¨®n a la que s¨ª se sum¨® Vox el ¨²ltimo d¨ªa de la vista oral. El Supremo, finalmente, descart¨® la rebeli¨®n y acab¨® decant¨¢ndose por la sedici¨®n, un delito considerado m¨¢s leve y con penas menores, lo que llev¨® a los cuatro fiscales que hab¨ªan participado en el juicio a criticar abiertamente la sentencia del alto tribunal.

Durante el encuentro de este jueves, los cuatro han entregado un escrito a Garc¨ªa Ortiz en el que cargan duramente contra la ley de amnist¨ªa. Con argumentos m¨¢s pol¨ªticos que jur¨ªdicos, los fiscales ponen el acento en que la proposici¨®n de ley no formaba parte ¡°del debate electoral¡± de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y dan por hecho que el rechazo social a la medida de gracia es ¡°ampliamente mayoritario¡±. ¡°La aprobaci¨®n de la ley obedece esencialmente a razones de pura oportunidad pol¨ªtica y a la satisfacci¨®n de rec¨ªprocos intereses pol¨ªticos de las formaciones que suscribieron el acuerdo del 9 de noviembre de 2023¡å, escriben los fiscales, en referencia al pacto entre el PSOE y Junts para investir a Pedro S¨¢nchez.

Los fiscales sostienen que la ley est¨¢ ¡°viciada de arbitrariedad¡±. ¡°No pretende como objetivo ¡ªsolo aparentemente¡ª el bien com¨²n de la sociedad ni tampoco el restablecimiento de los derechos y libertades que se dicen injustamente vulnerados de una parte de la ciudadan¨ªa que reside en Catalu?a, sino el capricho y la oportunidad pol¨ªtica que permite la gobernabilidad¡±, a?aden. Zaragoza, Cadena, Madrigal y Moreno argumentan, adem¨¢s, que la ley no es fruto del consenso pol¨ªtico y que se trata de una norma ¡°dise?ada por los propios beneficiarios de la amnist¨ªa (dir¨ªase que parece en realidad una autoamnist¨ªa) que se ha modificado y adecuado en su redacci¨®n en funci¨®n de los avatares judiciales que se han ido produciendo durante las investigaciones en curso¡±.