Anticorrupci¨®n pide imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transportes por el ¡®caso Koldo¡¯

Las aguas se mueven en el caso Koldo, el sumario judicial abierto en la Audiencia Nacional por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en operaciones de compra de material sanitario por parte de la Administraci¨®n durante la pandemia, y que afecta a Koldo Garc¨ªa, antiguo asesor de Jos¨¦ Luis ?balos, exministro socialista de Transportes. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido al juez Ismael Moreno, que instruye la causa, que cite a declarar como imputados a Jes¨²s Manuel G¨®mez Garc¨ªa, actual subsecretario del Ministerio de Transportes; a Michaux Miranda, que mantiene el cargo de director general de Gesti¨®n de Personas de la entidad p¨²blica Adif; y a ?lvaro S¨¢nchez Manzanares, exsecretario general del organismo p¨²blico Puertos del Estado y que fue cesado en marzo por el actual ministro, ?scar Puente.

El ministerio p¨²blico afirma que estos tres altos cargos, durante la etapa de ?balos, ¡°podr¨ªan haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que ten¨ªan que hacer la adjudicaci¨®n de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos¡±. ¡°Dando por hecho, y sin ninguna opci¨®n de rebatir la decisi¨®n final de adjudicaci¨®n, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gesti¨®n¡±, la empresa epicentro de la trama presuntamente usada para hacerse con los millonarios contratos p¨²blicos.

La petici¨®n de Anticorrupci¨®n se produce despu¨¦s de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera a la Audiencia Nacional un informe en el que analiza los correos electr¨®nicos intercambiados en aquellas fechas por diferentes responsables del ministerio y en el que se apuntaba a la supuesta implicaci¨®n de estos tres cargos. El instituto armado destacaba que el subsecretario G¨®mez Garc¨ªa minti¨® a los agentes cuando le interrogaron como testigo el 21 de febrero. Seg¨²n afirmaban los investigadores, pese a que la documentaci¨®n analizada revela que este alto cargo ¡°asumi¨® un rol clave¡± para que Adif y Puertos del Estado contrataran a la empresa de la trama, en aquella declaraci¨®n asegur¨® que no particip¨® de ¡°manera directa o indirecta¡± en las adjudicaciones. ¡°Esta afirmaci¨®n se ha revelado alejada de la realidad tras la observaci¨®n de los correos electr¨®nicos¡±, recalcaba el documento confeccionado por la UCO. Anticorrupci¨®n recuerda en su escrito este indicio y recalca que se han encontrado emails en los que G¨®mez Garc¨ªa parece ejercer como ¡°correa de transmisi¨®n entre la esfera pr¨®xima del ministro y los entes adjudicadores¡±, adem¨¢s de que los seguimientos pusieron de manifiesto que ¡°mantuvo varios encuentros con Koldo Garc¨ªa¡±.

Sobre S¨¢nchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, el informe de la Guardia Civil conclu¨ªa que ¡°recib¨ªa instrucciones¡± de Koldo Garc¨ªa, con quien ¡°ten¨ªa una estrecha relaci¨®n¡±, seg¨²n se ha evidenciado ¡°no s¨®lo por las intervenciones telef¨®nicas y los seguimientos policiales, sino tambi¨¦n por los correos remitidos entre ambos¡±. Anticorrupci¨®n destaca ahora que este antiguo alto cargo tuvo un papel ¡°relevante¡± en la contrataci¨®n de Soluciones de Gesti¨®n y que remiti¨® un correo a uno de los empresarios que la dirig¨ªan desde la sombra, V¨ªctor Aldama, en el que le informaba sobre la oferta presentada por otra compa?¨ªa con el mensaje ¡°s¨®lo para tu informaci¨®n V¨ªctor¡±. Cuando declar¨® como testigo, S¨¢nchez Manzanares asegur¨® a la Guardia Civil que solo tuvo contacto con el empresario ¡°para resolver una incidencia relativa al transporte de las mascarillas¡±, seg¨²n destaca ahora la Fiscal¨ªa.

Respecto a Miranda, que sigue ocupando el mismo cargo en Adif que entonces, la Guardia Civil recalcaba su vinculaci¨®n directa con Koldo Garc¨ªa y que fue, seg¨²n otros cargos que declararon como testigos, el directivo que se encarg¨® de ¡°gestionar¡± la adjudicaci¨®n para la compra de las mascarillas por parte de este organismo. En ello incide ahora el escrito de Anticorrupci¨®n: ¡°Asumi¨® un papel relevante para que los tr¨¢mites legales fueran cumplimentados por Adif y la contrataci¨®n pudiera llevarse a t¨¦rmino¡±. La Fiscal¨ªa a?ade que, del an¨¢lisis de los correos intervenidos, se desprende que Miranda fue advertido por miembros de su equipo de que la contrataci¨®n de Soluciones de Gesti¨®n supon¨ªa un riesgo mayor respecto a otra empresa que tambi¨¦n present¨® una oferta, ¡°habida cuenta datos como la solvencia o el riesgo de impago¡±. Pese a lo cual, se contrat¨® a la empresa de trama. ¡°Del contenido de alguno de estos correos tambi¨¦n se desprende que Michaux recibi¨® instrucciones para contratar con Soluciones de Gesti¨®n¡±, dice la Fiscal¨ªa.

¡°En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podr¨ªa ser encajable dentro de los contornos del delito de tr¨¢fico de influencias¡±, afirma el escrito de Anticorrupci¨®n enviado al juez: ¡°Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensi¨®n, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaraci¨®n en calidad de investigados¡±. Adem¨¢s, el ministerio p¨²blico pide que tambi¨¦n declaren como testigos toda una bater¨ªa de actuales y antiguos altos cargos de la Administraci¨®n, como Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado; y Guillermo Mart¨ªnez de Sim¨®n, secretario del consejo de administraci¨®n de Adif.

Lucha por la competencia

Paralelamente, el juez Moreno ha pedido este viernes a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que se pronuncie sobre la petici¨®n que hizo el jueves la Fiscal¨ªa Europea, que ha reclamado la competencia de todas las pesquisas ¡ªhasta ahora solo llevaba las ramificaciones en Balares y Canarias, y no las referentes al Gobierno central¡ª.

Este movimiento no resulta balad¨ª y sus posibles efectos resultan considerables. Si la Fiscal¨ªa Europea asume finalmente las competencias, este ¨®rgano independiente de la UE pasar¨ªa a dirigir toda la instrucci¨®n, en detrimento del juez Moreno, ya que a partir de entonces la Audiencia Nacional solo tendr¨ªa la funci¨®n de nombrar a un juez de garant¨ªas para que supervise las medidas que afecten a derechos fundamentales (por ejemplo, las intervenciones telef¨®nicas). Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n dejar¨ªa de participar en las pesquisas y las acusaciones populares ¡ªen el caso Koldo, el PP y Vox est¨¢n personados as¨ª¡ª desaparec¨ªan de escena, ya que en los procesos de la Fiscal¨ªa Europea no se contempla esta figura, seg¨²n explican fuentes jur¨ªdicas.

A¨²n est¨¢ por ver que se produzcan todos estos cambios. Fuentes jur¨ªdicas detallan que Anticorrupci¨®n, encabezada por el fiscal Alejandro Luz¨®n, prev¨¦ oponerse a la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Europea. As¨ª que, una vez que Anticorrupci¨®n emita su informe sobre su posicionamiento, el magistrado Ismael Moreno deber¨¢ estudiarlo y pronunciarse sobre si cede la competencia de la causa al ¨®rgano dependiente de la UE o se la queda. En el caso de que opte por retener el sumario en su poder, la Fiscal¨ªa Europea podr¨ªa recurrir al Tribunal Supremo, que tendr¨ªa la ¨²ltima palabra sobre qui¨¦n debe seguir adelante con las pesquisas.

Como argumento para reclamar la competencia, la Fiscal¨ªa Europea expone que la trama de compraventa de mascarillas estaba compuesta por una sola red corrupta ¡ªde la que formaban parte supuestamente Koldo Garc¨ªa y los empresarios V¨ªctor de Aldama y Juan Carlos Cueto¡ª que operaba en diferentes partes; y que, por tanto, lo l¨®gico es que este ¨®rgano de la UE se encargue de toda la investigaci¨®n, puesto que en algunos de esos expedientes afecta a dinero procedente del presupuesto de la Uni¨®n Europea. Hasta ahora, este departamento comunitario indagaba solo en los contratos otorgados por los Ejecutivos de Canarias y Baleares. A su vez, Anticorrupci¨®n y el juez Moreno se encargaban de las averiguaciones sobre las adjudicaciones de la Gobierno central. Seg¨²n subraya la agencia EFE, Anticorrupci¨®n considera que no se debe ceder esta parte, ya que no se ha detectado que haya fondos europeos afectados en dichos contratos con la Administraci¨®n central.